Roma pagará las pensiones caras
Un tribunal ordena el abono de 15.000 millones a 5,5 millones de ciudadanos La decisión puede impedir que cumpla los objetivos económicos pactados con Bruselas
La imagen se convirtió en un icono de la crisis. La ministra Elsa Fornero no pudo contener las lágrimas al anunciar que, durante los dos años siguientes, las pensiones superiores a 1.400 euros —el triple de la pensión mínima— quedaban congeladas. Corrían los últimos días de 2011 y el Gobierno técnico de Mario Monti, llamado a corregir el desbarajuste provocado por Silvio Berlusconi, trataba de evitar a toda costa que la Unión Europea (UE) considerase a Italia entre las economías fallidas.
Ahora, una sentencia del Tribunal Constitucional acaba de anular aquella medida y las consecuencias se antojan devastadoras para el Gobierno de Matteo Renzi: la devolución de más de 15.000 millones de euros a los más de 5,5 millones de pensionistas afectados amenaza con poner en riesgo el objetivo de déficit de las finanzas públicas comprometido con Bruselas para 2015. Las lágrimas que no conmovieron a Monti han borrado la sonrisa de Renzi.
El desembolso puede impedir que el país cumpla el objetivo de déficit
La situación es muy complicada, tanto desde el punto de vista económico como político. Los últimos cálculos de la Intervención General del Estado estiman que la deuda total con los pensionistas podría ascender incluso a los 19.000 millones. Si el Gobierno decidiera pagarla a tocateja, el déficit pasaría del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) al 3,9% y, por consiguiente, Italia se situaría de nuevo ante el riesgo de un nuevo procedimiento de la UE por déficit excesivo.
“Pero pierda cuidado”, asegura Stefano Conti, un ingeniero jubilado que el miércoles jugaba con sus nietos en el parque romano de Villa Pamphili, “ya se inventarán algo para no pagar. Fíjese cómo seremos los italianos: cuando el Gobierno de Monti anunció que no me subirían la pensión en 2012 y 2013, me lo creí; y ahora que dicen que, por ley, me tienen que pagar los 300 euros que me deben, no me lo creo”.
El problema económico —de dónde sacar tal cantidad de dinero en una economía cogida con alfileres y donde el paro juvenil ya alcanza el 43%— se ha convertido enseguida en un gran contratiempo político para Renzi. El primer ministro, que acababa de afianzar su liderazgo al lograr la aprobación de una nueva ley electoral, se encuentra de nuevo entre la espada y la pared. Si decidiera pagar los atrasos, aunque solo fuese en un primer momento a las pensiones más bajas de las afectadas, traspasaría la línea roja del déficit público marcada por Bruselas. Si no lo hace, no solo desobedecería al Tribunal Constitucional, sino que se colocaría en la desagradable postura de defender las medidas de ajuste puestas en práctica por el Gobierno técnico de Monti, una de cuyas consecuencias más amargas —como subrayaron las lágrimas de la ministra— la pagaron más de cinco millones de jubilados. Unos pensionistas que, por cierto, podrían devolverle el desaire a Renzi enseguida y de la manera más dolorosa para un político, durante las elecciones regionales previstas para el próximo 30 de mayo. No hace falta decir que la oposición —incluido el partido de Berlusconi, que en su día votó a favor de la media— ya se ha apresurado a sacar tajada. El más beligerante, como casi siempre, ha sido Matteo Salvini, el líder de la Liga Norte: “El Estado es un ladrón que roba a cinco millones y medio de jubilados”.
Algunos afectados cobran 2.000 euros pero otros, hasta 5.000 euros al mes
El Gobierno de Renzi, aunque mantiene un calculado silencio con el objetivo de ganar tiempo, deja caer en privado que los jubilados a los que, según la sentencia, tendría que pagar unos 500 euros de media por los atrasos de 2012 y 2013 no están precisamente al borde de la inanición. De los más de cinco millones y medio de pensionistas afectados, casi tres millones cobran entre 1.400 y 2.000 euros, algo más de dos millones perciben entre 2.000 y 3.000 euros, y todavía hay más de medio millón cuyas pensiones superan los 3.000 euros. Incluso hay más de 200.000 que cobran cada mes más de 5.000 euros.
Se trata de un debate recurrente, el de las llamadas pensiones de oro, compatibles con cualquier otra pensión pública y con los vitalicios. “Se están mezclando asuntos que no tendrían que mezclarse”, tercia el ingeniero Conti, “una cosa es que haya abusos protegidos por la ley, una especialidad típica italiana, y otra bien distinta es que, después de 40 años de trabajo, intenten arreglar el país quitándote dinero de la pensión”.
Guerra entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional
Las palabras de Enrico Zanetti, subsecretario del Ministerio de Economía, suponen un aviso para navegantes: “Hacer el reembolso a todas las pensiones, como pretende el Tribunal Constitucional, sería una locura”. Se estima que el Gobierno solo dispone de un margen de 8.000 millones de euros. A partir de ahí, Italia superaría el límite del déficit público comprometido con Bruselas, y no parece que Renzi contemple esa opción. El atajo más probable, aunque el Gobierno aún no suelta prenda para minimizar el daño electoral, consistiría en aplicar la actualización de las pensiones de forma progresiva: el 50% del IPC para las pensiones entre 1.400 y 2.000 euros; el 35% para las que sitúan entre 2.000 y 2.500 euros; y el 25% para las que van de los 2.500 a los 3.000. Las superiores se quedarían, al menos de momento, sin cobrar.
Otra posibilidad, disparatada si no fuera Renzi el que está en el poder, pasaría por recurrir la sentencia del Constitucional ante la Corte de Justicia europea. Algunos expertos sostienen que el fallo entra en contradicción con los compromisos de equilibrio presupuestario suscritos por Italia y que tienen rango constitucional, por cuanto el derecho europeo prevalece sobre el derecho nacional. Sería una declaración de guerra en toda regla al Supremo. O, según fuentes del Gobierno, la devolución de la andanada que el Supremo le acaba de enviar al joven primer ministro a través de una sentencia cuyas consecuencias son imprevisibles para Italia y de la que se enteró por la prensa. No hay que olvidar que los conservadores jueces constitucionales italianos se han mostrado siempre contrarios a cualquier reforma de un sistema de pensiones y sueldos vitalicios que, a algunos de ellos, les ha permitido ganar hasta 400.000 euros al año.
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