El Congreso aprueba la ley que regula el ‘crowdfunding’

El Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que regula nuevas formas de acceso al crédito como la financiación participativa, conocida como crowdfunding. La principal novedad aportada por el Senado a la normativa, que había sido aprobada por el Consejo de Ministros a principios del pasado octubre, es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se convierte en la responsable de la supervisión, inspección y sanción de los proyectos que se acojan a este modelo de financiación.

Otras medidas

Las enmiendas del Senado modifican los requisitos de constitución de los fondos de titulización, para que no se apliquen sólo a los valores dirigidos exclusivamente a inversores cualificados. Los financiadores de estos fondos quedarán sujetos al régimen de supervisión y sanción de la normativa, y se extiende el criterio general sobre el régimen transitorio de los procedimientos administrativos previsto a las autorizaciones relacionadas con empresas de servicios de inversión y a los procedimientos sancionadores de la Ley del Mercado de Valores.

En materia de plazos, se amplía de uno a dos meses el tiempo para remitir a la CNMV los informes trimestrales de los fondos de titulización y se impone la entrada en vigor en el momento de la publicación de la ley —sin esperar a que pase el plazo transitorio— de los artículos relativos a las obligaciones de información y comunicaciones de hechos relevantes y de las exigencias sobre informes anuales y trimestrales para los que se publiquen transcurridos doce meses.

Modificaciones en el Congreso

A su paso por el Congreso a finales de 2014, este proyecto de ley ya sufrió cambios importantes, como el aumento hasta los 5 millones de euros de la cantidad máxima que se puede captar mediante crowdfunding por parte de los proyectos dirigidos exclusivamente a inversores acreditados o profesionales. Para el resto de proyectos, el límite está situado en los 2 millones por plataforma, 3.000 euros por proyecto y 10.000 euros por el conjunto de las plataformas que usen los minoristas, que no podrán usar mecanismos de inversión automáticos, como sí se ofrece a los inversores profesionales, que tampoco tienen límite de inversión.

Además, se prohibió que los proyectos de crowdfunding basados en préstamos pudieran incorporar garantías hipotecarias sobre la vivienda habitual del prestatario y se elevó hasta un año el tiempo en que estas plataformas deben estar inactivas para perder su autorización. Por otra parte, se obliga a las sociedades que superen los 500 millones de euros de capitalización pasar del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) al mercado regulado, salvo que se trate de sociedades financieras o de inversión; y se endurece el régimen infractor en el mercado de valores.