Eurodiputados españoles provocaron que Bruselas investigase a la banca

Desde final de 2013, hasta cuatro europarlamentarios españoles —ninguno del Partido Popular ni del PSOE— cuestionaron en Bruselas las posibles ayudas estatales al sector financiero español por los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés). El pasado martes, la Comisión Europea anunció que está estudiando información de España, Italia, Portugal y Grecia para determinar si estos países incurrieron en una ilegalidad de competencia respecto al uso de estos mecanismos de deducción fiscal.

Mediante un decreto, el Gobierno de Mariano Rajoy permitió hace dos años que más de 30.000 millones en créditos fiscales (DTA) fuesen considerados como capital de máxima calidad. La cifra real de esos créditos, sin embargo, superó los 40.000 millones, según los datos publicados por los propios bancos. Los DTA, serían avalados por el Estado a futuro y por lo tanto, en el caso de que un banco con créditos fiscales quebrara, el Estado debería poner el capital que representaran esos activos.

Mientras tanto, la preocupación en la Eurocámara —sobre todo en partidos del centro y de la izquierda como Los Verdes, Izquierda Unitaria Europea o los Liberales— crecía y las sospechas sobre que el Estado podría estar incurriendo en ayudas ilegales al sector financiero —rescatado con más de 40.000 millones de euros un año atrás— se ponían de manifiesto públicamente. "[Con los DTA], el Gobierno presta dinero a los bancos renunciando a la justa recaudación de impuestos y difiriendo su recaudación en un momento de máxima necesidad de ingresos públicos", señaló en su pregunta a finales de 2013 Willy Meyer, histórico militante de la izquierda europea que, sin embargo, dimitió el verano pasado tras conocerse que tenía un fondo de pensiones en una sicav.

Con los DTA, el Gobierno presta dinero a los bancos renunciando a la justa recaudación de impuestos Willy Meyer (Izquierda Unitaria Europea) en 2013

Paloma López Bermejo, también de Izquierda Unida, volvió a la carga en septiembre del año pasado con preguntas en la misma línea.

Bruselas no vio ayuda ilegal

A principios de 2014 la Comisión fue clara y contestó a estos diputados que "existe ayuda estatal únicamente cuando una medida otorga, de hecho o de derecho, una ventaja selectiva a determinadas empresas o a la producción de ciertos bienes". Y aquí la clave de esta recién investigación, que aún no es formal. El Ejecutivo de la Unión quiere asegurarse ahora de ver quiénes se pueden beneficiar de los DTA en los cuatro países del sur de la UE. De resultar sólo el sector financiero, habría ayuda estatal y, por tanto, ilegalidad sobre las normas de competencia comunitarias. Si, de lo contrario, las empresas privadas también se pueden beneficiar de estos incentivos fiscales, todo estaría conforme a la norma, según explican fuentes de la Comisión.

Aunque fuentes del Ministerio de Economía español recordaron el martes que cualquier empresa, y no solo los bancos, pueden usar estas garantías, son los bancos, sin embargo, los grandes beneficiarios ya que los supuestos que cubren afectan sobre todo a entidades financieras.

A raíz de las preguntas de los eurodiputados españoles a la Comisión en 2013, el entonces comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, indicó en una de sus respuestas representantes españoles en la Eurocámara que "la Comisión entiende que la legislación (...) no se limita a los bancos". Rehn, no obstante, dejó la puerta abierta de par en par para que la Comisión iniciase sus pesquisas: "A juzgar por la información disponible, la Comisión no tiene datos que indiquen que se trata de una ayuda estatal, pero está dispuesta naturalmente a volver a examinar la situación sobre la base de nuevos indicios". Lo confirmó, meses más tarde, el comisario de Competencia, el socialista Joaquín Almunia: "La Comisión no está al corriente de datos que indiquen la existencia de ayudas estatales (...) no obstante analizará toda la información del mercado o de denunciantes que le permita mejorar su evaluación preliminar".