Los bancos andorranos asumirán el coste de reestructuración de BPA

El Gobierno de Andorra estrenó ayer la legislatura con la aprobación del proyecto de ley que debe dar una salida a la crisis de Banca Privada d’Andorra (BPA), acusada por la unidad antifraude del Tesoro de EE UU de favorecer el blanqueo de capitales de organizaciones criminales. La norma andorrana facilitará la creación una “entidad puente” que, hasta que se halle una solución definitiva, agrupe los activos y pasivos “lícitos” de la entidad y aísle en un banco malo los que están contaminados por las prácticas de blanqueo denunciadas por Estados Unidos. El Ejecutivo usó el “procedimiento de extrema urgencia y necesidad” para remitir el texto al Parlamento, que debe debatirlo y aprobarlo hoy.

El jefe del Gobierno de Andorra, Antoni Martí, lanzó ayer un mensaje a la comunidad internacional sobre su compromiso de resolver con rapidez la crisis de BPA al aprobar el proyecto de ley inmediatamente después de jurar el cargo y nombrar a su gabinete. El ministro de Finanzas, Jordi Cinca, explicó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma se basa en la directiva comunitaria sobre esta materia, que trata de evitar que sean los “contribuyentes” quienes “sistemáticamente” deban poner dinero de su bolsillo para rescatar las entidades de crédito.

La ley contempla desde la venta total o parcial a la liquidación

Para tratar de garantizar ese principio, la norma adopta dos medidas. La primera, que en caso de pérdidas, sean los accionistas —a través de sus participaciones— y los administradores y responsables de la entidad los primeros que asuman las pérdidas para compensar los pasivos de los clientes. “Se trata de proteger a los depositantes y no tener que recurrir a los recursos públicos”, afirmó Cinca. La segunda acción pasa por la creación de un fondo que asuma los gastos del proceso de reestructuración y que será financiado por el resto de las entidades financieras del país. Ese instrumento estará dotado con 30 millones de euros, que los cuatro bancos restantes del país —Crèdit Andorrà, Andbanc, Banca Mora y BancSabadell d’Andorra— deberán aportar en el momento de su creación. En el caso de que ese fondo se vacíe, las entidades deberán ir restituyendo su dotación.

A pesar de que la ley deberá ser aplicable para cualquier proceso de reestructuración financiera que pueda darse en el futuro, Cinca admitió que está pensada para hacer frente al reto inmediato de BPA. El proyecto crea la creación de una agencia que dentro de dos semanas ya podría estar a punto para pilotar el proceso de reestructuración del banco. Hasta entonces, los técnicos de la consultora PricewaterhouseCooper’s (PwC) seguirán con el rastreo de todos los activos y pasivos de la entidad para determinar cuáles están manchados por prácticas de blanqueo y cuáles están limpios. “Se debe hacer un análisis de todos los recursos gestionados por la entidad para hacer una selección de los pasivos lícitos para traspasarlos a una entidad puente”, afirmó Cinca.

El Gobierno dará hasta 100 millones en créditos a empresas afectadas

La ley abre todas las posibilidades para el futuro de esa “entidad puente”. Se contemplan “todas las opciones: desde la venta global o parcial hasta desagregar negocios o bien llegar a la liquidación ordenada de la entidad”, detalló. A pesar de que las autoridades andorranas traten de buscar una solución que no consuma recursos públicos, el Gobierno sí deberá recurrir al endeudamiento para poder garantizar avales y créditos a empresas afectadas por las restricciones impuestas a BPA. Para ello, la ley faculta al Gobierno a endeudarse en hasta 100 millones de euros.

El ministro recordó que sin esta ley del Gobierno de Andorra la solución para BPA hubiera tenido que pasar por un proceso de concurso de acreedores, regido por una ley de 1969. Ello, según recordó Cinca, hubiera hecho “el proceso excesivamente largo”, con lo que la crisis que ahora se ciñe a BPA podría “fácilmente” haberse trasladado “a otras entidades”.