La economía de Venezuela acusa el impacto de las expropiaciones

Los venezolanos jamás olvidarán la mañana soleada del domingo 7 de febrero de 2010 cuando el entonces presidente Hugo Chávez expropió tres edificios en menos de cinco minutos en la manzana que rodea la plaza Bolívar de Caracas. “¿Y a quién pertenece el edificio que está allá?”, preguntaba Chávez al alcalde del municipio Libertador (centro-oeste de la capital venezolana) Jorge Rodríguez. Cuando el regidor respondía que estaba en manos privadas, el fallecido líder decía: “Exprópiese”.

Cinco años después de ese episodio, las consecuencias comienzan a sentirse en la economía local. No solo se expropiaron edificios, sino empresas, tierras productivas y negocios que el Gobierno chavista consideraba estratégicos para el Estado venezolano. Al principio de los 13 años del mandato de Chávez, la expropiación pareció una medida coyuntural y centrada en las tierras, pero después de que el caudillo bolivariano se declaró socialista en 2007, muy pocos quedaron a salvo de su escrutinio.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ordenó pagar a la naviera petrolera estadounidense Tidewater 46,4 millones de dólares (42,96 millones de euros) más intereses por la nacionalización de sus activos en el país. Con este último fallo, las obligaciones del Estado con sus acreedores ascienden a casi 3.000 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros). Aquí se incluyen lo que se adeuda a Exxon Mobil (1.600 millones de dólares) y Owen Illinois (455 millones de dólares). Esta última transnacional también fue tomada por el Gobierno venezolano en 2009. En un programa de televisión el presidente Chávez preguntó sorpresivamente: “¿Ya está listo el decreto de expropiación de Owens Illinois?”. Cuando el entonces vicepresidente Elías Jaua respondió que sí, el fallecido líder volvió a pronunciar la palabra: “Exprópiese”.

El Estado adeuda dinero a compañías como ExxonMobil, Owen Illinois, Cemex y Tidewater

El ministro de Energía y Petróleo Asdrúbal Chávez declaró el jueves a un portal local que espera rebajar la cantidad que deben entregar a Tidewater, una decisión que luce como un esfuerzo para tratar de evitar que sigan creciendo las deudas que el Estado mantiene no solo con los propietarios de las operaciones que expropió Chávez, sino con todos aquellos empresarios que prestan servicios en el país: la deuda del Gobierno con los proveedores privados roza los 21.000 millones de dólares. Y al comprometido presupuesto venezolano debe sumarse el fallo de unos 20 arbitrajes aún pendientes de resolución en el Ciadi, tribunal que abandonó Venezuela en 2012.

En medio de esta crisis, las compensaciones a las que tiene que hacer frente Venezuela, podrían servir para saldar casi en su totalidad el impago con las líneas aéreas internacionales (3.500 millones de dólares) o con el sector farmacéutico (4.000 millones de dólares). El problema de la economía local es que hace aguas por todas partes. No solo tiene que pagar lo que expropió sino que además el petróleo, su principal fuente de ingresos, y que aporta el 96% de las divisas al fisco, está en una pronunciada baja desde finales de 2014.

Las expropiaciones se han reducido al mínimo durante el gobierno de Nicolás Maduro, acorralado por una explosiva situación que mezcla una alarmante falta de liquidez, alta inflación, escasez y desabastecimiento. Esta semana, la agencia Reuters, citando a un alto directivo de la empresa Petróleos de Venezuela, daba por un hecho el inminente desembolso de unos 10.000 millones de dólares provenientes de China en préstamos. Pero esto apenas si permite al Gobierno sacar por algunos minutos la cabeza debajo del agua. La firma venezolana Ecoanalítica calcula que en 2015 el flujo de ingresos en divisas sería de apenas 32.010 millones de dólares, tomando en cuenta un precio promedio del barril de petróleo de 45 dólares de dólares, una contracción de 51,1% respecto a lo estimado para 2014. El dadivoso Estado venezolano necesita, según esta misma consultora, de 79.490 millones de dólares para funcionar.

El déficit, de 47.479 millones de dólares, refleja que aun cuando Maduro decida revisar su modelo económico y ajustar el gasto público, no se podrían atender todas las necesidades del país, ni siquiera las más básicas como las importaciones de insumos y productos de la canasta básica.