Píldoras para una convivencia difícil

Sentir… que es un soplo la vida / Que veinte años no es nada”. Bueno, quizá se podría reescribir Volver, el mítico tango de Gardel, y añadirle una década. Porque nadie duda de la fugacidad del tiempo. En 30 años ha cambiado mucho España y, también, la industria farmacéutica, que ha visto cómo las competencias en Sanidad se transferían a cada comunidad autónoma diluyendo el efecto de la alternancia política, desde 1985, entre el Partido Popular y el PSOE. “Es un cambio de paradigma y también de la relación de las Administraciones con el sector”, cuenta Santiago Almazán, gerente de Governmental Affairs de Merck. Esto define un espacio singular. “Como es lógico es una industria muy intervenida, debido al producto que manejamos, y la venta está muy controlada; tanto es así que el mismo que nos regula nos pone el precio y nos compra”, reflexiona Humberto Arnés, director general de Farmaindustria.

 Esa singularidad, como la marea, lo empapa todo. En un principio, cabe entender que este sector más que de los ciclos políticos depende de los económicos. Pues, sí y no. El mejor momento, al menos en números, para la industria llegó en 2008, con el PP en el Gobierno, cuando sus ingresos sumaron 15.304 millones de euros. Resultó el canto del cisne. El 15 de septiembre de ese año, el banco estadounidense Lehman Brothers quebró. Fue el inicio de la gran recesión, y desde entonces el sector no ha recobrado sus cifras. En la trastienda, tres décadas de desconfianza. Acercamiento y alejamiento. “La relación entre las Administraciones y la industria nunca ha sido todo lo leal que hubiera podido ser dado el tema que les une pero también que les separa: ofrecer al paciente y a los profesionales sanitarios la mejor alternativa diagnóstica en tiempo y forma”, relata Silvia Ondategui-Parra, socia de EY y experta en salud. Tampoco ha ayudado la inequidad en la disposición de fármacos y tratamientos entre comunidades autónomas que se ha transformado, a veces, en una salud distinta por autonomía. Y hay 17.

Viaje fructífero

Aun así, el viaje, cartografiado con perspectiva, ha sido fructífero. En 1993 (datos más antiguos disponibles) el sector movía 5.609 millones, el año pasado cerró en 14.178. De Felipe González a Mariano Rajoy. Aunque quizá sea en la última década cuando más severa ha sido la transformación. “La industria se concentró, prescindió de cientos de trabajadores, bajó los precios y entre 2008 y 2012 expiraron un gran número de patentes [un fenómeno llamado patent cliff], algo que benefició a los genéricos e impactó en el resultado de las farmacéuticas”, resume Jordi Ibáñez, managing director de Accenture. Y frente a una crisis que no remitía y un déficit público desbocado, durante el periodo 2010-2012 el Gobierno del PP utilizó cuatro reales decretos para bajar el precio de los medicamentos. “Lógicamente nos ha afectado, pero intentamos reducir el impacto y, desde luego, hemos sido leales tanto con el sistema público de salud como con la Administración”, observa Humberto Arnés. Aunque matiza: “No sufrimos el síndrome de Estocolmo. A fin de cuentas, el BOE lo tiene el Ejecutivo”. Detrás de esa ironía encajan bien las palabras de Pedro Nueno, profesor del IESE. “Lo que le ha faltado a la Administración es reconocer la importancia que tiene este ámbito como locomotora industrial del país”.

Roces

Sería un error “ignorar también las fricciones que ha habido entre las distintas Administraciones y el sector a cuenta de lo que se paga o no”, describe David Montal, socio de Industria de Everis. Uno de los roces ideológicamente más reveladores surge a raíz de la subasta de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuyo propósito es crear competencia entre las farmacéuticas para abaratar el precio. La idea la puso en marcha durante 2012 el PSOE; y la Administración popular, contraria a ella, la ha mandado (con poco éxito) a los tribunales. Ese mismo año, el Gobierno español aplicaba el copago farmacéutico e introducía el medicamentazo, por el que eliminaba de la financiación pública 400 productos.

Otra disputa histórica procede de la deuda de las comunidades autónomas con el sector por la compra de medicamentos de uso hospitalario. Esos números rojos han ido mejorando desde 2012, cuando se debían más de 6.000 millones de euros y la demora en el pago llegaba a 525 días. Hoy ha caído hasta los 2.500 millones y los 200 días.

Como vemos, en el centro de todo habitan los precios de los fármacos. “Decidir sobre ellos y su financiación exige coordinar aspectos difíciles de conciliar”, observa por correo electrónico un portavoz de la Dirección General de Farmacia. Cuando la coyuntura económica resulta favorable se puede premiar la invención de modo que el conjunto de innovaciones sanitarias supere el crecimiento del PIB. “Siempre, eso sí, que se articulen mecanismos compensatorios (por ejemplo, genéricos), de modo que la innovación produzca frutos tangibles y los innovadores mantengan una actitud de búsqueda de un premio por nuevas contribuciones”, incide la fuente pública. Desde luego, este mantra resulta más difícil de recitar en época de crisis económica.

Porque, ajena a Gobiernos, la industria pelea por sus márgenes en un entorno donde la caída del gasto en sanidad viene motivada sobre todo por el recorte en la factura farmacéutica. Entre 2009 y 2012, según la OCDE, bajó el 5,2%. Un porcentaje alto, aunque está en línea con la media europea. Por eso, la Administración afina en sus costes. Desde hace un año se utilizan estudios epidemiológicos para saber cuántos pacientes son susceptibles de recibir un nuevo tratamiento y a partir de este cálculo se estima el cargo del medicamento para las arcas públicas. En este proceso de ajuste, los medicamentos genéricos han sido importantes. El año pasado aumentaron sus ventas un 4,6% en unidades, hasta alcanzar 496 millones. Pese a todo, esta industria se queja de que la introducción de estos fármacos “fue tardía”, y además “han faltado normativas específicas [por parte de la Administración] para desarrollarlos”, en palabras de Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de su patronal, Aeseg.