"Llevar el territorio a la agenda política"

Tanto para satisfacer la demanda potencial de viviendas y de suelo destinado a actividades económicas como para resolver los problemas urbanos y de los ciudadanos hay que clasificar y calificar el suelo y el instrumento legal y la práctica a emplear es el planeamiento urbanístico.

Sin embargo, la realidad territorial que conocemos, muestra una serie de abusos sobre el territorio e incongruencias urbanísticas, todos ellos auspiciados por un soporte legal, pero cuya causa y resolución parece estar bastante alejada del debate político y ciudadano. Todo lo relativo a la transformación del territorio, a la construcción de la ciudad, como escenario en el que debe concretarse en buena medida la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, queda en un segundo plano, y siempre supeditado al interés económico a corto plazo.

La sobre producción de viviendas de la "década prodigiosa del urbanismo español" además de contribuir a aumentar la virulencia de la crisis económica en nuestro país nos ha dejado un paisaje con más 3,5 millones de viviendas vacías y urbanizaciones fantasma, cuyo futuro uso es bastante incierto, a pesar de la demanda de vivienda existente y los problemas generados por su mercantilización, y grandes heridas sobre el territorio de difícil reversibilidad, connefastas e incalculables consecuencias económicas, sociales y territoriales.

Teóricamente, y según recoge el desarrollo legislativo de la práctica urbanística en nuestro país, la planificación urbanística, como ciencia neopositivista, debe mantener una coherencia entre las propuestas y la realidad territorial, dando por hecho que estas deben tener como fin último el solventar los problemas urbanos mediante el planteamiento de un nuevo modelo territorial basado en los principios de equidad, cohesión social y sostenibilidad.

Cabe plantearse entonces dónde está el fallo, en qué punto se pierde esa coherencia y por qué. El planeamiento urbanístico ha perdido su función social y su carácter de instrumento al servicio del interés general y se ha convertido en un instrumento al servicio de políticas exclusivamente mercantilistas que identifican urbanismo con desarrollo económico, legitimando además aquello que debería combatir y contraviniendo la Constitución Española en sus artículos 45 y 47. Causa clave de esta situación son las características del mercado del suelo en España y el sistema de las ingentes plusvalías que se pueden generar con el proceso planificador, aspecto este que no debería sin embargo eximir de racionalidad al planeamiento.

Muchos planes urbanísticos presentan graves inconsistencias técnicas e incoherencias metodológicas en sus argumentaciones, especialmente a la hora de justificar una sobredimensionada superficie de suelo urbanizable y de necesidad de viviendas, obviando o haciendo una interpretación libre e interesada de la dinámica demográfica y las proyecciones de población, sin que nadie, ni políticos, ni técnicos, ni sociedad hayan mostrado rechazo alguno.

En este momento de cambios en el panorama político parece necesario hacer un llamamiento a la reflexión sobre el papel que juega el territorio en la agenda política, como elemento de sustento de la actividad económica del país y de la capacidad residencial y plantear propuestas para su reconsideración desde todos los ámbitos.

Es necesario fomentar una cultura del territorio, para que la sociedad en su conjunto entienda los procesos que tienen lugar sobre el territorio y sus consecuencias (políticas, económicas, sociales, funcionales y ambientales) y deje de ser cómplice de este desastre, involucrándose con conocimiento y consciencia en el proceso de toma de decisiones. Cultura que va ligada a la transparencia, a la disponibilidad de datos fiables, actualizados y accesibles acerca de las estadísticas de vivienda y de superficie de suelo clasificado. Esto permitiría mejorar la calidad de los trabajos analíticos sobre el territorio facilitando la detección de incongruencias y su valoración externa, bien a través de la participación pública, bien mediante organismos independientes, contribuyendo además a limitar la corrupción. El marco legal que rige el urbanismo puede resultar rígido y obsoleto en sus formas y procedimientos pero bien empleado, y con el respaldo de otros instrumentos legales como la evaluación ambiental estratégica, puede ser aún válido siempre que se aplique con criterios de racionalidad científica.

Para que todo esto ocurra es clave la voluntad de incorporar el territorio, el urbanismo y la vivienda en las agendas políticas con el firme propósito de conseguir una buena gobernanza democrática en aras del predominio del interés general y no solo del negocio inmobiliario, dando un giro copernicano al insostenible modelo de desarrollo urbano y territorial y predominante en España.

Blanca Martín Cortés es Geógrafa, experta en planificación y desarrollo territorial.