Dos jueces rechazan el acuerdo de rescate de las autopistas quebradas

Dos tribunales fallan contra el convenio entre banca y empresas impulsado por Fomento

Una conductora en la Radial 4 que une Getafe (Madrid) y Ocaña (Toledo).
Una conductora en la Radial 4 que une Getafe (Madrid) y Ocaña (Toledo).CRISTÓBAL MANUEL

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha abierto la fase de liquidación de una de las ocho autopistas en quiebra, la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar el plan de rescate que el Ministerio de Fomento presentó como propuesta de convenio de acreedores de estas vías por considerar que presenta "defectos de legalidad". En paralelo, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, encargado del proceso concursal de otras dos autopistas en concurso, las radiales R-3 y R-5, también ha detectado defectos en el plan de rescate presentado por Fomento como convenio de acreedores, si bien en este caso ha dado al Ministerio un plazo de un mes para que lo subsane.

Si las ocho vías se liquidan, el Estado debería afrontar un monto total de 4.500 millones de euros

En concreto, el auto emitido por el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 2, Andrés Sánchez Magro, en el que apunta que la propuesta de Fomento "adolece de una serie de defectos que hacen inviable su admisión a trámite", pese a reconocer que algunos son "subsanables".

Entre estos fallos, apunta que el plan no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros, ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías que el Ministerio pretende asumir.

¿Por qué el Estado puede cargar con las autopistas quebradas?

Las autopistas en problemas no son propiedad del Estado, y sin embargo, el coste de la quiebra puede acabar pesando sobre las arcas públicas. ¿Por qué? Porque el Estado avaló las obras y la explotación de las vías y los bancos acreedores pueden exigir que cargue con el coste, al activar la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

Las autopistas en problemas se contruyeron en su mayoría siguiendo un sistema por el que las constructoras se hicieron cargo de las obras y el coste de las mismas se cubría con la concesión para explotar las vías a largo plazo. La ventaja era que, a corto plazo, la infraestructura no exigía desembolsos públicos. Pero el sistema también tiene riesgos. Las empresas pidieron para la construcción capital a la banca, y como aval, contaron con el respaldo del Estado, a través de la RPA. Con esas vías en concurso de acreedores, la banca exige recuperar sus préstamos y si las empresas propietarias no responden y no hay un acuerdo de convenio, los acreedores pueden solicitar que sea el avalista, es decir, el Estado, el que asuma el problema.

En su auto, con fecha del pasado 24 de febrero, el juez anula así la junta de acreedores de esta autopista, que estaba convocada para el próximo miércoles, 4 de marzo. No obstante, contra la sentencia cabe presentar un recurso de apelación en un plazo de veinte días. Con la apertura de la fase de liquidación de la sociedad concesionaria de esta vía, controlada por Ferrovial y Sacyr, se activará la responsabilidad administrativa que el Estado tiene ante el contrato de concesión de la infraestructura, tal como el diario El Mundo adelanta en su edición de este jueves.

En el supuesto de que todas las ocho vías se liquiden, el sector y Fomento calculan que el Estado debería afrontar un monto total de 4.500 millones de euros por responsabilidad patrimonial. Asimismo, la liquidación de una autopista podría hacer peligrar la viabilidad del propio plan de rescate diseñado por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda. El proyecto pasa por integrar las autopistas en una empresa pública, tras reestructurar su deuda de 3.500 millones de euros aplicando una quita del 50 % y titulizando el pasivo restante en un bono a treinta años.

La viabilidad de esta futura nueva empresa nacional de autopistas está calculada a partir de la inclusión de las ocho autopistas, y en el caso de excluir una, podría incumpliría con los parámetros de cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la UE.

En su rechazo a este plan de Fomento, el juez también apunta a que realiza una modificación del listado de acreedores "sin tener competencia para ello". Asimismo, estima que se basa en "una serie de renuncias de los acreedores y de la firma concursa" que se "escapan a la facultad de disposición" del Ministerio, que además no aporta garantías de la financiación con que contará.

La propuesta de convenio incluía una quita del 50% y el pago del resto a largo plazo

En la misma línea, el Mercantil número 6 reclama al Ministerio que su plan incluya autorización del Consejo de Ministros para que la sociedad pública Seittsa se quede con las autopistas quebradas, titulice en un bono la deuda con la que se quedarán las vías tras la quita del 50 % prevista, y explote las infraestructuras, tal como adelanta el diario Expansión.

Así lo indica el auto de requerimiento de subsanación emitido por este Juzgado, con fecha del 19 de febrero, casi en paralelo al dictado por el del Mercantil 2 en el que se rechaza el plan de Fomento y se insta a liquidar la vía Ocaña-La Roda.

Además de estas dos vías, también están en riesgo de quiebra las obras dos radiales de Madrid (R-2 y R-4), la que une la capital con el aeropuerto, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. Los sobrecostes que las concesionarias de las vías afrontaron a la hora de expropiar los terrenos en los que se construyeron y el desplome del tráfico durante la crisis constituyen los principales factores de su desequilibrio financiero.

La ministra dice que trabajarán para que haya "coste cero"

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado hoy, en una entrevista en Antena 3, que no han recibido autos judiciales que les obliguen a reformular el plan presentado para garantizar la viabilidad de las autopistas de peaje en quiebra y ha insistido en que seguirán negociando y trabajando para que la solución tenga "un coste cero".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado también que la decisión final será aquella que a priori implique el menor coste para el contribuyente.

"No hemos recibido todavía el auto", ha reconocido la ministra, que ha insistido en que el Gobierno trabaja en una solución para defender el interés general. "El auto, que no hemos recibido, de decir algo debe de decir que preservamos demasiado el interés general", ha añadido.

"La propuesta del Gobierno es para que los contribuyentes paguen cero euros y todas aquellas que no vayan en esa dirección las recurriremos", ha dicho Pastor. "Vamos a seguir sentados y trabajando en esa línea como una hormiguita, poco a poco", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que las autopistas se diseñaron en un momento de bonanza económica en el que experimentaban crecimientos de tráfico permanentes y ha añadido que las expropiaciones de un terreno de secano en Albacete acabó costando tanto como el metro cuadrado en la Castellana.

Por su parte, De Guindos ha agregado que el Gobierno está haciendo frente a decisiones del pasado y a decisiones incorrectas no sostenibles. "La decisión final será aquella que a priori implique el menor coste para el contribuyente", ha señalado el ministro de Economía en una entrevista en RNE. "A veces he tenido la sensación de moverme en el mundo del mal menor. Hay que tomar decisiones que tengan el menor coste posible, este es un ejemplo".

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