La entidad pedirá que el Banco de España juzgue el informe pericial

Bankia, su matriz —la entidad pública BFA— o el fondo de rescate FROB van a pedir que el Banco de España emita un juicio técnico sobre el informe de sus peritos que concluyó que las cuentas de banco estaban maquilladas en su salida a Bolsa. Tras la petición, será el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, el que decida si entra el Banco de España en esta batalla, algo que no desea el supervisor bajo ningún concepto. El objetivo es tratar de contrarrestar el informe de los peritos y frenar las demandas multimillonarias que puedan llegar de los que invirtieron en acciones de Bankia.

Fuentes del mercado, que piden el anonimato, consideran que el juez Andreu no se negará a esta petición. “El Banco de España además de supervisor es, a la vez, el regulador contable. Por lo tanto, es la autoridad que puede decidir si los créditos estaban bien o mal clasificados como morosos, si Bankia tenía provisiones suficientes y otras cuestiones técnicas que se ponen en cuestión en los informes”. La presión es importante porque están en juego los 3.000 millones captados en la OPV de Bankia, una factura que ni el Estado ni el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri quieren asumir y tratan de minimizarla.

Bankia y BFA, que cuentan con contundentes informes de peritos o técnicos propios —Bankia acaba de presentar un documento del experto independiente Leandro Cañibano, catedrático de Economía Financiera y Presidente de la Asociación Española de Contabilidad—, consideran que nada puede tener más fuerza ante el juez que la posición del Banco de España para contrarrestar la validez de los informes periciales. El Banco de España no quiere entregar ningún informe con su membrete, salvo petición judicial, porque entiende que ya está representado en la causa a través de los peritos. Sin embargo, las fuentes consultadas recuerdan el empeño que puso el Banco de España en aclarar, incluso con un comunicado, que los dos peritos no le representaban ya que trabajaban para la Audiencia. El supervisor quiere evitar un enfrentamiento con buena parte de sus inspectores, que consideran que los dos peritos tienen un alto nivel técnico y la intervención ahora del Banco de España sería un descrédito para ellos.

Hasta ahora, el supervisor ha participado en la causa, pero solo como ayuda para los técnicos del FROB, presidido por Fernando Restoy, a la vez subgobernador del Banco de España, facilitándoles datos y análisis sobre Bankia. En la institución que dirige Luis Linde se evita el desacreditar a los peritos, pero se recuerda que la contabilidad no es una ciencia exacta y se considera que es muy difícil juzgar la situación de Bankia en 2011 y 2012 porque la crisis afectó mucho a los balances bancarios, afectados por los continuos cambios de legislación.

Pero tanto el Estado como en Bankia temen perder muchas demandas. Además del informe de los peritos, están las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos. “En sede parlamentaria dijo que los supervisores financieros y bursátiles miraron para otro lado y no advirtieron de los problemas de las cuentas de Bankia. Esto es clave para que un juez entienda que las acciones no reflejaban en su cotización el verdadero valor de la entidad”, apunta un abogado que ha presentado varias demandas.

Algunos despachos de abogados están recibiendo reclamaciones de inversores que, aunque no acudieron a la OPV de julio de 2011, compraron después, pero consideran que también fueron engañados porque las cuentas seguían sin reflejar la imagen fiel de la entidad. Los abogados creen que estos casos son más difíciles de ganar, pero podrían elevar la factura de las reclamaciones.

¿Quién tiene que pagar la factura? Guindos ha dicho que Bankia pagará alrededor de 230 millones y el resto el Estado. Sin embargo, este acuerdo exige el consenso entre el ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado. En estos organismos se piensa que debe ser Bankia la que financie la mayor parte de las reclamaciones ya que eran sus cuentas las que estaban maquilladas y, además, porque tiene beneficios suficientes para asumirlo. Sin embargo, desde Economía se rebate esa posición porque creen que se pondría en entredicho los planes anunciados por Bankia a los inversores, lo que perjudicaría la futura privatización de la entidad, y, por lo tanto, la recuperación del dinero puesto por el contribuyente. Pero 2015 es año electoral, un factor que pesa.