Grietas en la CNMC

El miércoles, 18 de febrero, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, tiene previsto comparecer ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados a petición propia para presentar el Plan de Actuación del organismo. El programa es la letra pequeña, por así decir, del Plan Estratégico que él mismo presentó el pasado 13 de mayo en el mismo foro y, posteriormente, en el Senado. Pero, más allá de esta circunstancia de por sí importante para la institución que nació en septiembre de 2013 fruto de la fusión de las existentes (Competencia, Energía, Telecomunicaciones…), la presencia de su presidente en sede parlamentaria será una oportunidad para que diputados diligentes pregunten por la evolución del organismo y las grietas que han aparecido en su funcionamiento.

En ese sentido, a medida que han pasado los meses se han acumulado episodios que demuestran que las aguas bajan turbias en el antiguo palacio de los Urquijo de la madrileña calle de Alcalá y ponen en cuestión la independencia del organismo después de que, en ese sentido, su presidente se haya ganado el respeto y la consideración en el año y medio que lleva al frente del mismo.

Las desavenencias han surgido sobre todo en la Sala de Competencia (la CNMC se compone de dos salas, Competencia y Regulación, de cinco miembros cada una, que presiden el presidente de la Comisión, la primera, y la vicepresidenta, María Fernández, la segunda). La división se ha reflejado en los votos particulares disidentes emitidos de forma sistemática por dos de los cinco consejeros. Se da la circunstancia de que esos dos consejeros, Benigno Valdés y Fernando Torremocha, son personas afines al PP. Su actitud está a punto de colmar la paciencia el resto de componentes de la sala (Idoia Zenarruzabeitia, María Ortiz y Marín).

Las últimas disidencias se han producido en las resoluciones de las multas de 2,5 millones a Cepsa y de 98 millones a las empresas de recogida y gestión de basura, que, precisamente, han anunciado que recurrirán basándose en el contenido del voto particular de Torremocha. En el primer caso, este sostiene que sus tres compañeros se tenían que haber abstenido por haber sido recusados. Pero, antes, ha habido votos particulares en las resoluciones sobre recuperación de papel y cartón, SGAE-conciertos, peluquería, productores de sal, palés, Nestlé España, Endesa instalación, criadores de caballos, Agencias de viaje independientes GEA, Colegio de arquitectos de Huelva, petroleras y la firma Munters.

Esta situación hace complicado que los máximos responsables de la CNMC se pongan de perfil. Como ha señalado el profesor del IE Law School Francisco Martos en un artículo reciente en Nada es Gratis, esta actitud “resulta especialmente grave cuando se examina el contenido y sentido de las opiniones disidentes formuladas”. Aunque el régimen jurídico reconoce el derecho de sus miembros a ejercer su derecho y formular un voto particular, así como expresar el sentido y los motivos que lo justifican, es “evidente que están siendo utilizados con propósitos que exceden tal cometido”.

En teoría, los votos particulares deben utilizarse para expresar las discrepancias, pero su uso reiterado obstaculiza el funcionamiento normal de la institución y de los que hacen la instrucción. Pero quizá llame más la atención que sean exculpatorios para las empresas afectadas o pidan una sustancial reducción de la multa, como señala Martos.

Quizá la comparecencia parlamentaria sirva para que las fuerzas políticas se involucren con el presidente de la CNMC en arreglar el entuerto. El PSOE, que se quedó fuera del reparto de competencias cuando se constituyó la nueva CNMC por discrepancias con el Gobierno, y otros grupos tienen la oportunidad de incorporar se al organismo (el Gobierno manejó los nombramientos a su antojo, dejando solo a dos representantes de partidos nacionalistas: Zenarruzabeitia, por el PNV, y Josep Maria Guinart, por CiU). Ahora, para ello, bien se puede ampliar el pleno del consejo de 10 a 12 miembros o aprovechar la renovación parcial que debe hacerse en septiembre y que afecta a tres de sus miembros (María Ortiz, de la sala de Competencia, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez, de la de Regulación), que pueden ser renovados para cuatro más. O las dos cosas.

Una sentencia disuasoria

La CNMC recibió con contento la sentencia del Tribunal Supremo según la que podrá multar con hasta el 10% de la facturación a las empresas que vulneren la normativa cuando considere que han cometido falta muy graves. En teoría, el reglamento de la institución permite sancionar a los infractores con el 10% de los ingresos; pero el pragmatismo llevaba a que no pasará del 3% porque las superiores eran rechazadas en los juzgados. Ahora, aunque se necesita otra sentencia para crear jurisprudencia, se abre una puerta para que la multa máxima sea viable. El porcentaje del 10% hace que las sanciones sí sean disuasorias. Un triunfo que llega en un momento muy oportuno para el organismo que preside José María Marín.