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Cuatro comunidades prohíben las gasolineras que no tienen personal

Sindicatos, patronal y consumidores critican las lagunas regulatorias de las estaciones de servicio desatendidas y cifran en 30.000 los empleos en peligro

Ignacio Fariza
Estación autoservicio en la zona norte de Madrid.
Estación autoservicio en la zona norte de Madrid.Kike Para

El auge de las gasolineras sin personal, con precios mucho más competitivos que las tradicionales, obliga a las autonomías a mover ficha. Sindicatos, patronal y asociaciones de consumidores han unido sus fuerzas en los últimos meses para exigir a las comunidades autónomas una regulación específica del sector que obligue a todas las estaciones de servicio a tener al menos un empleado en las horas de apertura. Hasta la fecha solo cuatro —Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha y, desde el mes pasado, Aragón— recogen en su legislación la obligatoriedad de contar con un profesional. Otras, como Baleares y Asturias, ultiman la tramitación parlamentaria de una regulación que limitará su proliferación, tal y como piden las asociaciones de empresarios y los trabajadores.

Aunque con retraso respecto al resto de la Unión Europea, dónde gasolineras tradicionales y gasolineras fantasma o low cost —los calificativos que reciben estos establecimientos en el argot del gremio— llevan años de convivencia, la crisis económica y el elevado precio de los carburantes en el último lustro han cambiado el mapa español de estaciones de servicio. De realidad residual, con unas pocas unidades piloto en Cataluña, ha pasado a convertirse en una seria amenaza para los operadores tradicionales. Y han levantado importantes ampollas en un sector poco acostumbrado a la competencia.

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Son cerca de 500 en toda España (algo menos del 5% del total, frente al más del 50% de Dinamarca o el 20% de Bélgica y Francia) y ofrecen el litro de gasolina y gasóleo entre un 10% y un 15% más barato que las convencionales —que suman a sus costes la nómina de la plantilla—. A cambio, el cliente tiene que servirse él mismo la gasolina y está obligado a abonar el servicio una máquina habilitada para ello, sin la ayuda de ningún operario. A lo sumo, pueden recurrir a un teléfono de atención al cliente para resolver sus dudas en remoto.

Una segunda derivada de este modelo de negocio, mucho más mayoritaria, son las gasolineras híbridas: aquellas que cuentan con personal en horario diurno, pero que están desatendidas por la noche. Este patrón, seguido por las populares estaciones de servicio de grandes superficies, sí está amparado por la legislación andaluza, pero no por la navarra, castellano-manchega o la aragonesa, que obligan a que haya al menos un empleado durante todo el horario de apertura.

Los argumentos de patronal, sindicatos y consumidores convergen: recorte de los puestos de trabajo, riesgos potenciales de seguridad, impedimentos para las personas con algún tipo de discapacidad, vulneración de los derechos de los usuarios e imposibilidad de llevar a cabo las inspecciones no rutinarias. “En Francia, con 20 millones de habitantes más que España, hay 20.000 empleados de gasolinera menos por la incidencia de las gasolinera fantasma. A eso nos exponemos si no se regula”, enfatiza Ramón Ruiz, secretario de acción sindical de Fitag-UGT. Un discurso que recuerda mucho al del movimiento ludista del siglo XIX, de encarnizada lucha contra la máquina. Ruiz critica el bajo nivel de seguridad de estas instalaciones —“expuestas a cualquier acto vandálico o incluso terrorista”— y añade un punto más para el debate: las inspecciones no rutinarias. “Al no haber personal, tienen que avisar antes de que vaya el inspector, dando así tiempo para que se solucione cualquier problema en la instalación. ¿Dónde queda el factor sorpresa, entonces?”, se pregunta.

Cuatro regulaciones

Navarra prohíbe las gasolineras fantasma desde 1997, antes incluso de que apareciesen en el mercado. La patronal estatal, Aevecar, denuncia que las cooperativas agrarias incumplen la ley al distribuir de esta forma a terceros que no son socios.

Andalucía aprobó un cambio legislativo que obliga a las estaciones a contar con personal de día.

Castilla-La Mancha requiere que haya personal las 24 horas.

En enero, Aragón se sumó al grupo de comunidades que prohíben las gasolineras desatendidas durante todo el horario de apertura.

Desde la patronal Aevecar, su secretario general, Víctor García Nebreda, incide en el efecto sobre los 65.000 empleados del sector. “Si se concreta la apertura de las 2.000 gasolineras que han solicitado licencia, 30.000 puestos de trabajo estarán en peligro”, advierte. A las quejas de empresarios y trabajadores se ha sumado en las ultimas fechas la organización de consumidores Facua, que exige al Gobierno central “medidas” para subsanar la vulneración de los derechos de los consumidores. “Sin empleados el usuario no puede comprobar si la cantidad suministrada es la adecuada y tampoco puede reclamar”, expone una portavoz.

En su mayoría estos establecimientos están regentados por pequeños empresarios, al margen de las grandes petroleras, pero ni Repsol ni Cepsa, las dos principales compañías de distribución de gasóleo en España, pierden ojo a esta realidad emergente. “No es nuestra filosofía”, explica un portavoz del exmonopolio público. “Pero no podemos mirar para otro lado y debemos tener presencia en el segmento de bajo coste”. En los últimos meses, Repsol ha abierto 15 gasolineras totalmente automatizadas en el arco mediterráneo, la zona con más presencia de estos establecimientos. Cepsa, por su parte, ha inaugurado una decena de estaciones de servicio híbridas, atendidas solo durante el día, a modo de ensayo.

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Sobre la firma

Ignacio Fariza
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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