La empresa se juega su papel social

Quizá no haya oído hablar de la responsabilidad social corporativa (RSC). No tema, más de la mitad de los españoles declaran no tener ni idea de qué significan esas tres palabras que mueven millones de euros en certificaciones, asesorías, sellos de calidad y cientos de toneladas de informes. La empresa española está dividida sobre el significado de ser o no ser socialmente responsable. El concepto remitía a principios de los noventa al respeto del medio ambiente y después fue girando hacia actividades de patrocinio y mecenazgo, con un enorme tufo a lo que algún experto define como el “buenismo corporativo”.

Hoy las empresas que trabajan para actuar de forma sostenible —no se engañe, son solo un puñado— saben que les va en el bolsillo. Han interiorizado que ayudar a que sus empleados concilien su trabajo con su vida aumentará la productividad y, por tanto, sus beneficios. Constatan que si ponen alarmas internas contra la corrupción, en el futuro podrán librarse de un agujero en sus cuentas tras verse envueltos en esos sucios casos que tanto indignan a los ciudadanos. Sí, señoras y señores (sus potenciales clientes) que pueden incendiar Twitter con la noticia de que tal o cual multinacional utiliza a niños de India para coser pantalones en cuartuchos inmundos.

Pero no todo es tan fácil. Ni los grupos más poderosos y obligatoriamente transparentes han sido capaces de hacer gestos que a cualquiera le parecerían de lo más sensato: el 94% de las empresas presentes en el Ibex 35 sigue teniendo sociedades radicadas en paraísos fiscales. España lo permite, la sociedad lo tolera.

La legislación sobre responsabilidad corporativa es tan laxa que de los 3,1 millones de empresas que hay en el país, apenas un 0,008% tienen que cumplir algún tipo de exigencia al respecto. Y en todo caso es suficiente con aplicar el principio comply or explain, cumplir o explicar por qué no cumples. En cambio, en lugares como Noruega lo llevan en las venas. El Gobierno nórdico ha invertido los 636.270 millones de euros que produce su petróleo en compañías éticamente responsables: no apuesta un céntimo en empresas que producen armas nucleares, tabaco o que hayan sido acusadas de violar los derechos humanos. En su lista negra están Boeing, Airbus, Wal-Mart o Philip Morris.

Claro que en Noruega el 82% de las mayores empresas, según una encuesta publicada recientemente por Novethic, una fundación francesa respaldada por el grupo Caisse des Depôts, ejercen políticas de inversión responsable (RI). Ese porcentaje en España es sólo el 54%, mientras que en los Países Bajos alcanza el 84% y en Reino Unido el 68%. “Los inversores españoles están intentando llegar al nivel de sus colegas europeos en RSC. Proteger su reputación se convierte en algo crucial, pero hay espacio para mejorar”, concluye el informe. Es el enorme espacio que queda por delante de lo que Milton Friedman condensaba en esta frase: “La única responsabilidad de la empresa es aumentar sus ganancias”, sin más límite que el cumplimiento de la ley. Bastaría con que la Administración española se obligase a contratar con empresas socialmente responsables para que las cosas empezasen a cambiar. Pero para la patronal la palabra “obligación” escuece.

Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio Español de la RSC, una organización sin ánimo de lucro integrada por ONG, sindicatos y asociaciones de consumidores, recuerda que, salvo en temas de gobierno corporativo, el nivel de información exigida es prácticamente inexistente. “Hubo un intento de cambiar las cosas con la Ley de Economía Sostenible [aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero], pero no quedó desarrollada. El Consejo de Estado elaboró un conjunto de indicadores para acreditar un modelo de empresas responsables, pero tampoco se ha traspuesto a una regulación”.

El Parlamento Europeo aprobó el 22 de octubre pasado una directiva sobre divulgación de información no financiera a la que se someterán empresas de más de 500 trabajadores, con datos relativos, como mínimo, a “cuestiones medioambientales y sociales, del personal, derechos humanos y sobre la lucha contra la corrupción y el soborno”. Si una eléctrica, por ejemplo, hubiese arruinado un ecosistema con la construcción de una presa en cualquier lugar del mundo, bastaría con que lo mencionase en estos informes para cumplir con la ley de bases comunitaria, que sólo afectará a unas 130 empresas españolas que ahora no están sometidas a la transparencia exigida a las firmas cotizadas. Es tal el grado de voluntarismo que incluso deja en manos de los Estados miembros si obliga a que un auditor independiente compruebe si la información es cierta; o el régimen sancionador aplicable.

España tiene de plazo hasta diciembre de 2016 para trasladar la directiva, que parece no preocupar a la patronal. La presión de los lobbies corporativos en Europa, como BusinessEurope, del que forma parte la CEOE, fue, según el diario británico The Guardian, decisiva para que esta legislación naciese totalmente descafeinada. “Partimos de la premisa de que la voluntariedad debe animar a las empresas a trabajar en esto”, asegura una fuente de la CEOE. “¿No será que en lugar de un modus operandi de la empresa estamos incurriendo en un modus vivendi de ciertas organizaciones o personas?”, deslizan los empresarios, cubriendo con un oscuro manto ese inmenso negocio paralelo de asesoramiento y verificación que ha generado la RSC. “Pensamos que el camino para tener más conciencia corporativa no está en pseudonormativas. Las certificaciones, distintivos, verificaciones… no pueden convertirse en cuasi legislación. Tampoco podemos apoyar esta tendencia a confundir transparencia con rendición de cuentas y medición de resultados por parte de terceros”, insiste la CEOE.

España es el cuarto país del mundo donde se publican más informes anuales en RSC y cuenta con más de 70 cátedras universitarias sobre la materia. En algunos estándares internacionales, como los informes del Global Reporting Initiative (una organización que impulsa la elaboración de memorias de sostenibilidad), el expediente corporativo de los grandes grupos ibéricos es brillante. Tomás Sercovich, el director de relaciones externas de Forética, una asociación de 240 empresas y profesionales centrada en la RSC, admite que España se veía como uno de los países líderes en cuanto a la cantidad de informes de RSC que producía, “pero nos dimos cuenta de que no necesariamente eran una representación verdadera de la gestión de las empresas. Ese es uno de los problemas: entender que esto no es un ejercicio de marketing o comunicación”. Considera que las corporaciones tienen que enfrentar a través de la RSC a enormes desafíos, como la corrupción o el desempleo. “Poco a poco se generará un efecto cascada que llegará a las empresas más pequeñas”.

El presidente de Economistas sin Fronteras, José Ángel Moreno, es muy pesimista sobre el futuro. Cree que la RSC es “absolutamente retórica”, y que las políticas se aplican “sólo cuando generan valor a corto plazo. Lo que acaba primando es un carácter centrado en la imagen. Desde 2002 se ha desarrollado una parafernalia impresionante de herramientas en la empresa, políticas, códigos…, hay un inmenso negocio de certificación, asesoramiento y consultoría alrededor. En la práctica, aunque es verdad que ha servido de algo, ha quedado reducido a un aspecto epidérmico, superficial, no a la forma en que la empresa plantea su negocio”.

Europa ha ampliado la obligación de informar a sólo 130 empresas españolas más allá de las firmas cotizadas

Dejando al margen a las pymes, donde es prácticamente imposible encontrar datos aproximados, uno de los medidores más fiables del grado de compromiso de las grandes empresas está en los estudios que realiza el Observatorio de RSC. Cada año elabora un índice de las empresas del Ibex más responsables en políticas de medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales, corrupción y consumo. Su último ranking, de 2012, lo encabezan Red Eléctrica, Inditex, Telefónica, Gas Natural e Iberdrola. En los últimos puestos figuran Acerinox, Grifols, Técnicas Reunidas, Dia y Amadeus. Pero insistentemente el informe llama la atención sobre las dificultades para encontrar información contrastada y homogénea. Porque prima el principio de “cumplir o explicar”. Algo que, para Marta de la Cuesta, directora de la cátedra Telefónica-UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, “es efectivo en países anglosajones, donde no decir algunas cosas tiene consecuencias hasta judiciales”. En España no, aunque esa voluntariedad, analiza, “sea un primer paso”.

La última de las corrientes en RSC está en lo que Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina y experto en la materia, define como capitalismo inclusivo: “Los programas de RSC tienden a tener retornos económicos. Un ejemplo sería el de los grandes bancos, como BBVA y Santander, y sus planes para facilitar microcréditos. Les servirán para hacer nuevos clientes y consumidores cuando los que accedan a esos programas se consoliden como clases medias. Nada es inocente”. En el fondo, concluye, “las constructoras siguen vinculadas a los grandes desarrollos urbanísticos, las petroleras continúan consiguiendo recursos de lugares con gran biodiversidad, los bancos extienden sus áreas de negocio a servicios públicos que no deberían estar supeditados al capital privado”.

No lo ve así Isabel Garro, directora general de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, una iniciativa propuesta por el Foro Económico Mundial en 1999 con Kofi Annan al frente. El pacto es una propuesta con 10 puntos al que se adhieren empresas que comparten conductas basadas en principios universales. Lo han firmado 2.700 y 406 de ellas son socias. Este año ha aumentado en un 30% el número de entidades adheridas. “Estos informes son escrutados por grupos de interés, las empresas saben que tienen que controlar sus riesgos. Cualquier impacto negativo en cuestiones como los derechos humanos al día siguiente lo pueden leer en la prensa y les puede destrozar la reputación, así que se lo están tomando muy en serio”.

Aldo Olcese, miembro del Consejo Estatal para la Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) y autor de numerosas publicaciones al respecto, cree que las grandes corporaciones pueden dedicar dinero y recursos a posicionarse en listados como el GRI. Defiende que hasta el capitalista más duro puede llegar a comprender lo importante de asumir cambios en su forma de gestión hacia políticas de sostenibilidad, pero detecta cierta obsesión por salir bien en esos rankings. “Para ser sobresaliente hay que incorporar nuevas actuaciones que no están en las métricas convencionales”, asegura.