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Transparencia obliga

Más de 6.000 grandes compañías deberán aumentar la información que ofrecen en virtud de una nueva directiva del Parlamento Europeo

La normativa, que en su exposición inicial era más ambiciosa, ha sido descafeinada por la fuerte presión de los ‘lobbies’

Las empresas de más de 500 trabajadores y que superen una facturación de 40 millones de euros deberán informar de sus impactos medioambientales, sociales y en materia anticorrupción

“Obligatorio”. Pronunciar este adjetivo enfrentando la mirada de un financiero o un empresario es como verter yodo en una herida abierta. Escuece. Por eso las negociaciones han sido muy duras. “La presión de los lobbies en Bruselas es enorme, infatigable. Y van a seguir peleando por descafeinar aún más la norma”, sostiene Antonio Masip, eurodiputado del PSOE. ¿A qué se refiere? El Parlamento Europeo acaba de aprobar una directiva sobre divulgación de información no financiera que obligará (una vez que sea ratificada en mayo por el Consejo) a unas 6.000 grandes compañías de la Unión Europea a informar sobre sus impactos en materia social, ambiental, políticas de diversidad, respeto de los derechos humanos y medidas contra la corrupción y el soborno. Si las empresas lo llevaran a su cumplimiento máximo, una petrolera, por ejemplo, debería explicar en su informe anual todos los vertidos, por pequeños que sean, que ha provocado en cualquier parte del mundo.

Muchos ecologistas leerán esa última frase con incredulidad. Harán bien. La iniciativa ha ido diluyéndose debido a la oposición sobre todo del Reino Unido, Polonia y Alemania. Y los críticos han empezado a levantar la mano. “Esta directiva no obliga a ninguna empresa a aplicar políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) o a actuar de manera responsable. Solo les pide que sean más transparentes sobre lo que hacen y los riesgos que encaran”, observa Jérôme Chaplier, coordinador de la plataforma ciudadana European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). Se refiere a que no hay sanciones por incumplir la directiva, o sea, por no informar; tampoco existe un auditoría externa que verifique ese cumplimiento y las empresas podrán decidir qué indicadores y estándares utilizan en el reporte. Además en la transposición de la norma a la legislación nacional cada país puede hacer de su capa un sayo. Entonces, ¿de qué sirve? “La normativa instala la cultura de la transparencia y la sinceridad”, apunta, optimista, Elisabeth de Nadal, del bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Además también vale para introducir un debate profundo: ¿debe ser la RSC voluntaria u obligatoria?

En Bruselas, el laissez-faire continúa siendo un estilo de vida innegociable pese al esfuerzo de algunos países por evitarlo. Y se siente en las discusiones. Francia, Dinamarca y Bélgica querían una directiva fuerte y obligatoria mientras que el Reino Unido, Polonia, y otros territorios del este, defendían una limitada. Por su parte, Alemania se oponía a cualquier intervención. Así que ha sido necesario diluir la ambición de la norma para conseguir que esos países que eran reticentes al final la apoyen.

Como consecuencia de esta lección de geopolítica de los intereses particulares, la directiva que surge se pierde como harina en un colador. En principio iba a afectar a 18.000 compañías –porque se quería incorporar a las pymes– pero ahora solo incidirá en aquellas que tengan más de 500 trabajadores (ya sean cotizadas o no) y sumen un balance total de 20 millones de euros o bien una cifra neta de negocios de 40 millones. La cuenta da un saldo de 6.000 firmas en la Unión Europea, de las que entre 500 y 600 son españolas. ¿Un número ambicioso?

“Aunque la directiva llegue descafeinada, la idea no es mala”, asegura Antonio Gómez, director del área Jurídica de la consultora Everis. “Su gran valor es el pedagógico. Puesto que en transparencia estamos a gran distancia de los países nórdicos o del Reino Unido”. Al fin y al cabo, como precisa Jesús de la Morena, a cargo de la Responsabilidad Corporativa del despacho Garrigues, “hay que ser cuidadoso con la implantación de la norma. No puedes ponerte a legislar a las bravas”. En el fondo habita la sensación de que una legislación más ambiciosa no hubiera sido aprobada.

Pese a todo, la directiva ha generado mucha desconfianza. De ahí la presión para debilitarla. ¿Por qué? Los lobbys en Bruselas tienen miedo de que esta norma abra la puerta a más regulaciones en RSC, obligue a las compañías a asumir responsabilidades por lo que sucede en sus cadenas de suministro y aumente el gasto administrativo y de gestión. La UE calcula que implantarla costará, en conjunto, 100 millones de euros. Para una empresa que incorpore el reporte dentro de sus propios estados financieros saldrá por menos de 5.000 euros y para quien construya un informe completo y de manera independiente (auditado), el coste oscilaría entre 30.000 y 600.000 euros. Parece difícil que la industria pueda excusarse en los precios. Es una cantidad ínfima dentro de la facturación de una empresa con, al menos, medio millar de trabajadores.

Además, la oposición no es generalizada. Hay compañías como Ikea o Unilever que han apoyado públicamente las reformas. Ambas firmaron una carta conjunta en la que aseguraban que los informes de sostenibilidad que elaboran han “mejorado la transparencia y facilitado el diálogo con grupos de interés clave”. Pero a la vez, el sector es consciente de que perviven “dinosaurios de la industria”, como los califica el periódico británico The Guardian, que han maniobrado contra la nueva legislación. BusinessEurope –el mayor grupo lobista europeo, que incluye a la española CEOE– ha comentando en voz alta que la responsabilidad social corporativa solo puede ser voluntaria. Sin duda una llamada al debate.

Mapamundi del reporte de información no financiera

Sudáfrica: Es uno de los primeros países del mundo donde se ha exigido a una serie de empresas que realicen reporte integrado en lugar de sus informes anual y de sostenibilidad.

Suecia: Desde 2009, las compañías cotizadas tienen la obligación de incluir un breve apartado de información socio-ambiental en una sección concreta del informe anual.

Noruega: El pasado 1 de junio entró en vigor una ley que obliga a las grandes compañías a informar sobre políticas, procedimientos y estándares para reportar en materia de derechos humanos, laborales y estrategias medioambientales y anticorrupción.

Reino Unido: Una reciente ley del Parlamento coincide bastante con la propuesta de la Comisión Europea. Si bien en materia ambiental hace hincapié en el reporte sobre emisiones de gases de efecto invernadero.

Dinamarca: Desde 2008 se exige a las grandes compañías que reporten en su informe anual sobre las políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) y los resultados derivados de sus iniciativas. La normativa va en línea con la aprobada por la Comisión.

Francia: La legislación francesa es bastante fiel al reporting que ha propuesto la Comisión. De hecho, coincide en el tamaño de las compañías que deben informar, las guías que pueden seguir y en el principio de: “cumple o explica”.

España: La Ley de Economía Sostenible obliga a las compañías públicas a informar anualmente en materia de sostenibilidad y gobierno corporativo.

“Si la RSC fuera obligatoria perdería parte de su esencia. Lo correcto es contribuir a la sociedad por el bien mismo de la empresa, sin que exista una ley que obligue a ello”, reflexiona Lorenzo Cooklin, director de responsabilidad social corporativa de la Mutua Madrileña, una de las compañías afectadas por esta directiva.

Tal vez esa sería la idea correcta en un mundo ideal, pero no vivimos en esa arcadia, y la autorregulación –como ha demostrado el sector financiero este último lustro– tiene efectos dañinos en la sociedad. “Bastantes empresas sospechosas de violaciones medioambientales o de los derechos humanos se han adherido voluntariamente a códigos o estándares, lo cual no ha garantizado un cambio sistemático de su comportamiento. Ni tampoco ha asegurado la reparación de las víctimas en caso de incumplimiento”, advierte Jérôme Chaplier.

Ahora bien, ¿esta desconfianza encuentra también eco entre las grandes empresas españolas? ¿cómo les afectará la normativa? Por ahora no parece que haya ni mucha preocupación ni mucho interés. Los gigantes nacionales se mueven entre la convicción de que ya reportan casi todo lo que les pide la nueva ley y que aún tienen tiempo. Se espera que la directiva esté aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo y transpuesta al ordenamiento jurídico de cada país miembro en 2016, con lo que las compañías publicarán “obligatoriamente” los nuevos datos en los informes de gestión de 2017. “El 81% de las cien mayores firmas españolas ya presenta un reporte de sostenibilidad”, detalla José Luis Blasco, socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de la consultora KPMG. Pero habrá cambios. “Hasta el momento, las compañías lo hacían voluntariamente. Ahora es un requerimiento y al tener valor de norma contable tendrá un grado de supervisión superior a un informe voluntario”, analiza José Luis Blasco. En el día a día, a una gran multinacional, como Telefónica, que reporta en Estados Unidos y en otros países, le costará muy poco adaptarse a la directiva. Al igual que a otro gigante: Repsol. “No nos afecta”, señala una portavoz de la petrolera. “Nuestros informes de RSC son muy potentes y cada vez se amplían más”.

De hecho, si nos fijamos en la información que maneja la base de datos de GRI (una organización internacional que promueve metodologías para elaborar memorias de sostenibilidad) veremos que más de 190 empresas españolas ya registran sus informes de RSC. Y en clave nacional, la Ley de Economía Sostenible prevé que las compañías superiores a mil empleados comuniquen sus memorias al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Por lo tanto, “la repercusión será más cualitativa que cuantitativa. Las grandes firmas entienden el reporte no financiero como algo cotidiano”, resume Germán Granda, director general de Forética, una asociación de empresas y profesionales comprometidos con la responsabilidad social empresarial. En principio, el Gobierno incluirá la norma dentro de la Estrategia Española de RSE, y, según confirma un técnico del Partido Popular desde Bruselas, en su transposición al ordenamiento jurídico español “solo se hará algún pequeño ajuste”. Tal cual llegue, tal cual se aplicará.

Debido a que esta filosofía sobre las bondades de reportar ha calado aquí, el mensaje común que transmiten los expertos españoles es que esta directiva influirá sobre todo en otros socios europeos que van más retrasados que España en el universo de la RSC. Por eso asegura la Comisión que con esta norma el reporting en Europa aumentará un 600% y además tendrá un efecto contagio. Quien no informe quedará señalado con el dedo. Lo cuenta KPMG. “El debate entre reportar y no reportar está terminado. El elevado volumen de memorias de responsabilidad corporativa que se publican indica que ya es un estándar mundial. La pregunta importante es qué y cómo se informa”.

De eso trata, precisamente, la directiva aprobada. Quien mire en su interior verá que además de informar de temas ambientales o de derechos humanos, entre otros, el reporting ha de incluir una descripción de sus políticas, los resultados obtenidos y la gestión de los riesgos. Relata la norma que esas grandes empresas están obligadas a informar de aquellos aspectos “materiales” y “relevantes” que afecten a su actividad. Dos palabras que dejan demasiado margen de maniobra. Aun así, Europa les indica algunos caminos y les da ciertas guías para confeccionar los informes, como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios Rectores de los Derechos Humanos, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la ISO 26000, la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y el Global Reporting Initiative.

También les mira a los ojos, aunque sea tibiamente, y les dice: “Si no cumples explica por qué no lo haces”, incide Helena Redondo, socia de Deloitte. Esta exigencia procede “del modelo danés” en el que, en parte, se han basado los legisladores para dar forma a la directiva, puntualiza Ana Cabrera, experta de la consultoría Villafañe & Asociados. En la práctica, a las compañías cotizadas se les requiere que incorporen información sobre su política de diversidad. Y aquí se incluyen aspectos relativos a edad, género, variación geográfica, nivel de formación o profesional. Este desglose recorre todos los estamentos de la empresa y llega, incluso, al consejo de administración.

Esta normativa, aunque diluida, responde a un mundo económico nuevo. “Antes la economía del planeta estaba controlada por empresas cuyo principal activo era material, algo físico: fabricaban. Ahora las compañías más valiosas manejan intangibles, que luego reflejan en el balance”, describe Tomás Pastor, director de Sostenibilidad de la consultora Ernst & Young (E&Y). ¿Cuánto vale Facebook o Google? ¿Qué fabrican? Estas preguntas cambian muchas cosas. Y el mundo de las finanzas ha sido el primero en entenderlo. Un trabajo (Tomorrow’s investment rules) firmado por E&Y en 2013 revela que nueve de cada diez inversores institucionales sostiene que la información no financiera ha desempeñado un papel central en los últimos 12 meses en su toma de decisiones.

Por aquí puede calar la normativa, si los inversores empiezan a exigírsela a las compañías y si las empresas se dan cuenta de que es un elemento indispensable para que el mercado confíe en ellas. De otra forma, el laissez-faire, laissez-passer con el que llega desde Bruselas (respaldada, por cierto, en la votación por PP y PSOE) sepultará cualquier efecto real y la norma, simplemente, quedará en un reporte de buenas intenciones.