Las urnas recrudecen el conflicto por el comercio

Algunos han aprovechado el desbarajuste general para ir por el camino de en medio. Como Desigual, que decidió saltarse la ley autonómica e incluso estatal y abrió el pasado domingo sin permiso tres de sus tiendas del centro de Barcelona. El grupo de moda pagará caro el desafío. La Generalitat alerta que podría sancionarle con el doble de la recaudación de ese día.

La guerra de los horarios comerciales se ha recrudecido en Cataluña en las últimas semanas. Y no es el único frente abierto en España. La Junta andaluza y el Gobierno vasco interpondrán recursos de inconstitucionalidad contra la última modificación de la norma estatal. El año electoral añade tensión a unas políticas comerciales que, más allá de estrategia económica, son santo y seña político. El Gobierno del PP ha abrazado la liberalización comercial y desde su llegada al Ejecutivo central ha remodelado la ley para allanar las aperturas de todos los operadores en festivo. Sin embargo, solo puede marcar líneas generales, ya que la competencia es autonómica. Y las comunidades, a su vez, deben aceptar peticiones de los ayuntamientos.

Hay casi tantos modelos como municipios. Al margen de los 10 domingos obligatorios de apertura en toda España, en Madrid el comercio puede abrir siempre. Barcelona, además de esos días comunes, solo deja abrir los domingos de verano en sus barrios más turísticos. En A Coruña hay manga ancha en las semanas más festivas (Semana Santa, Navidad, Carnaval...). Y en Valencia hay libertad en cuatro zonas turísticas.

El Gobierno quiere poner puertas a la proliferación de modelos. El último límite lo fijó en julio. Por una parte, amplió hasta 24 el número de ciudades que deben tener zonas turísticas delimitadas donde todas las tiendas y grandes cadenas puedan abrir cuando quieran.

Pero, además, remodeló la normativa para zanjar los conflictos entre ayuntamientos y comunidades, que en ocasiones bloquean la declaración de esas áreas. Decidió que, en caso de no haber acuerdo porque el gobierno autonómico no dé su aprobación, en seis meses (el plazo expira el 6 de enero) “se declarará zona de gran afluencia turística la totalidad del municipio todo el año”. Es decir: si el conflicto se enquista, el Ejecutivo impone la liberalización total.

Los gobiernos autonómicos han ido acotando sus zonas. Pero algunos no dan la batalla por cerrada. El Gobierno andaluz, que ha tenido que aprobar áreas liberadas en Sevilla, Córdoba, Almería, Granada, Málaga, Marbella y Jerez, ha anunciado que pedirá amparo ante el Constitucional. El del País Vasco, con zonas de afluencia turística en Bilbao (solo para el verano) y San Sebastián (a punto de ser aprobada), hará lo mismo. Ambas creen que el Ejecutivo central está invadiendo competencias autonómicas. Josu Erkoreka, portavoz del ejecutivo vasco, criticó el pasado martes que el Gobierno central tiene “afán recentralizador”. La Junta andaluza dice que los artículos aprobados en julio son una “extralimitación” y “dejan sin contenido competencias autonómicas”.

Veinticuatro ciudades están obligadas a marcar zonas con total libertad de apertura

En Cataluña, es el Estado el que recurrió a finales de noviembre la norma catalana, que quedó suspendida de forma cautelar. El Gobierno catalán admite que no puede hacer nada hasta que apruebe la nueva ley, tramitada por la vía urgente. Pero esos enfrentamientos, que no son nuevos, han provocado que en un distrito turístico como el de Ciutat Vella muchas tiendas que no podrían abrir suban la persiana en domingo dando la espalda a la norma autonómica.

Con la cita electoral a la vuelta de la esquina, los partidos hacen malabares. No siempre es fácil. En Burgos, el gobierno municipal, del PP, no ha solicitado la declaración de zona turística pese a que puede hacerlo. El alcalde, Javier Lacalle, declaró en octubre que la liberalización es “la tendencia” hacia la que camina España, pero señaló que solo acudirá a la comunidad con una propuesta pactada. La decisión, probablemente, llegará tras las elecciones.