Una cuestión de Estado

Aunque no se suele explicar con claridad, la corrupción supone una pesada carga para las empresas. En primer lugar, porque deteriora la confianza del consumidor en el servicio empresarial; no está dispuesto (y tampoco recibe información suficiente) a separar las conductas empresariales correctas de las que son paradelictivas y tiende a suponer que las subidas de precios o las pérdidas de calidad proceden de actos ilícitos. Esta desconfianza no se mide ni directa ni indirectamente, pero provoca irritación y desviaciones significativas de consumo. Además, el hecho mismo de la corrupción distorsiona gravemente el equilibrio interno de las compañías. Es evidente que el dinero que se desvía para comprar favores (contratos, información privilegiada) se pierde para invertir en investigación o en mejorar las condiciones laborales de los asalariados; daña, en suma, la productividad. Las prácticas corruptas, al evitar la competencia, elevan el precio para los consumidores y consumen las rentas públicas que paga el contribuyente.

La corrupción (sus perversas consecuencias) es, por todo lo anterior, un problema de Estado. Atajarla, evitar su avance, es tan importante como garantizar el bienestar de los ciudadanos, escolarizar a los niños o mantener en buenas condiciones la red de transporte. No se trata de incurrir en el fundamentalismo de que puede erradicarse todo hecho corrupto, sino de que las instituciones del Estado deben combatirla y las empresas denunciarlas como si fuera posible eliminar el 100% del problema. Hay que transmitir a los ciudadanos la confianza en que las reglas de juego político se cumplen, que los responsables políticos defienden los intereses de los ciudadanos y en que éstos no resultan perjudicados por las conductas contrarias a la ley o a las reglas del mercado. En estos momentos, esa confianza no existe y es un fracaso que hay que atribuir no sólo a quienes se corrompen sino también a un Gobierno que no actúa con firmeza; la economía sumergida equivale al 24% del PIB, las encuestas reflejan una cierta tolerancia hacia las prácticas corruptas y la percepción general es que desde los poderes legislativo y ejecutivo (el judicial actúa, pero su maduración es lenta) la corrupción se combate sólo con aspavientos gratuitos.

No hay tratamientos rápidos. La iniciativa más segura es comprometer a las instituciones, a las empresas y a los ciudadanos en una actitud contra la economía negra, el soborno y el favor. Pero ese compromiso es difícil de lograr. Implicaría, entre otras cosas, que las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de las reglas del mercado fuesen independientes de verdad (y no, como ahora, apéndices mejor o peor disimulados del Gobierno) y dirigidas por personas de probada competencia; que contasen con suficientes recursos para investigar y autonomía para instruir expedientes; que los ayuntamientos y organismos públicos y asociados (agencias de contratación) fuesen sometidos a control independiente; y que los consumidores paguen con factura. Estas son aspiraciones elevadas; pero podría empezarse por algo más sencillo. Por ejemplo que las leyes, órdenes y decretos incluyan una memoria en la que se explique cuánto cuestan las decisiones que proponen, quien las va a pagar, a quienes beneficia y a quienes perjudica. A partir de ese acto sencillo puede desenvolverse un esfuerzo concertado contra la corrupción que tenga visos de ser eficaz a medio plazo.