Un juez ordena el cese cautelar de las actividades de Uber en España

Después de Bélgica, Nevada, Nueva Delhi y Países Bajos, llegó el turno de España. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ordenó este martes de forma cautelar el cese y la prohibición a nivel nacional de Uber, la plataforma que permite ofrecer a través de una aplicación para móviles y tabletas un coche particular como alternativa al taxi tradicional. El auto, que no admite recurso, estima la demanda que la Asociación Madrileña del Taxi (ATM) presentó el pasado 7 de octubre. No obstante, Uber mantuvo en un comunicado que su servicio “seguirá estando disponible para los usuarios en España”.

La compañía calificó el procedimiento judicial de “altamente inusual”. El comunicado tacha el fallo de “incompatible” con el “amplio reconocimiento político” en España y la Unión Europea a los beneficios de “la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada”.

El auto, que estima las medidas cautelares propuestas por los taxistas hasta que se resuelva la demanda, ordena “la cesación en todo el territorio nacional de la presentación y adjudicación del servicio de transporte de viajeros bajo la denominación UberPop”, tanto en su página web como a través de su aplicación móvil. Requiere además que las principales operadoras de telecomunicaciones “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes o la prestación de cualquier otro servicio equivalente” relacionado con Uber, y que las grandes entidades de pago suspendan todas las operaciones relativas a la compañía estadounidense.

El juez fija en 10.000 euros el aval que los taxistas tendrán que depositar en los tres días siguientes a la publicación del auto para hacer efectivas las medidas. Aclara que la empresa no cumple los requisitos relacionados con las licencias de transporte público y tarifas y que por eso puede estar violando la Ley de Competencia Desleal. Revela “una actividad que infringe las normas jurídicas de manera muy evidente en un sector regulado” y extiende la medida a toda España por “la naturaleza del servicio mercantil que presta Uber, su vocación transfronteriza, su voluntad de ocupar de manera secuencial el mercado de transporte de viajeros sin reunir de momento los requisitos administrativos exigidos”.

“Solo se trata de prohibir lo que es ilegal”, dicen los demandantes

La estructura empresarial de Uber, además, empeora su posición, ya que “desarrolla su actividad desde el paraíso fiscal estadounidense de Delaware, y se presenta, según los notorios medios de comunicación, con una deliberada vocación de opacidad” que “podría suponer una facilidad para situarse al margen de las leyes españolas y europeas”.

El auto justifica la aplicación de estas medidas cautelares previas, es decir, emitidas sin haber escuchado a la empresa, argumentando que “la fluidez del mercado por Internet, la velocidad de comunicación del sistema de Uber, empresa participada por el gigante Google, la ubicación en el paraíso fiscal señalado [Delaware]” aumentan el riesgo de competencia desleal. Subraya, sin embargo, que la decisión rehúye “un debate entre la libertad y la economía cooperativa frente a las regulaciones e intervencionismo administrativo”, que excede el alcance de una decisión judicial.

Los taxistas deben consignar 10.000 euros para hacer efectiva la medida

La empresa anunció que evalúa apelar “este repentino e inusual procedimiento” y aseguró que continuará “cumpliendo con la legislación española”.

El sector del taxi, por su parte, celebró la decisión del juez. “Estamos contentos, se ha establecido que estos señores no pueden ejercer. Se trataba simplemente de prohibir lo que es ilegal”, dijo este martes Felipe Rodríguez Baeza, presidente de la ATM.

La empresa se enfrenta a otra denuncia en un juzgado barcelonés

En cambio, el abogado del gremio, José Andrés Diez, matizó esta satisfacción. Explicó que interpuso la denuncia el pasado 7 de octubre contra la matriz estadounidense, Uber Technology Inc, con sede en San Francisco. Desde entonces, la asociación, a la que pertenecen más de 900 taxistas, ha desembolsado 2.500 euros en recopilar y traducir al inglés más de 300 folios que argumentan que la actividad de la aplicación no está permitida por la legislación española. “Tenemos una queja y es que la Administración no ha colaborado: ni la nacional, ni la regional, ni la local. Esto que está haciendo una organización privada lo deberían de haber hecho ellos”, denunció.

El auto subraya que la firma desarrolla su actividad desde un paraíso fiscal

La compañía se enfrenta a una denuncia similar en el juzgado número 3 de lo Mercantil de Barcelona. La Asociación Profesional Élite Taxi, uno de los colectivos más activos contra Uber, acusó a la aplicación de fraude por anunciarse “como economía colaborativa, cuando en realidad es economía sumergida”, según explicó su abogado. A diferencia de sus pares madrileños, los catalanes no pidieron medidas cautelares e interpusieron la denuncia contra la filial española.

“Nosotros le habíamos advertido a la Generalitat de que sería deprimente y lamentable que Madrid cerrara la aplicación antes que Barcelona, cuando esta comenzó a funcionar aquí cinco meses antes”, lamentó Miguel Medina, portavoz de Élite. “Aun así, es un pedazo de noticia para todos”, zanjó.