Sobre el déficit y deuda pública

Ante las noticias y propuestas que se están realizando sobre el déficit y la deuda pública española creo conveniente hacer algunas aclaraciones que aunque la mayoría de los economistas conocerán, me parece conveniente que otros ciudadanos conozcan con claridad. Veamos cual es la relación entre el déficit público y la generación de la deuda pública y de qué manera podría reducirse la deuda. El déficit público es un flujo monetario que se forma al realizar las Administraciones gastos superiores a los ingresos que se generan a través de los impuestos y las cotizaciones sociales. Como flujo puede medirse a lo largo de los meses y trimestres y disponer de una cifra generada en el conjunto del año que podría dar lugar a un saldo positivo si se crease un superávit entre los ingresos y gastos. La deuda pública es un fondo que se alimenta por el déficit público que se acumula año tras año. Mientras se generen déficits públicos, por pequeños que sean, la deuda continuará aumentando. Por tanto, no es extraño que en años de crisis, cuando merman los ingresos públicos, la deuda aumente.

Teniendo en cuenta que la deuda pública española ha alcanzado ya una cifra de más de un billón de euros y el 99,5% del PIB, cuando antes de la crisis económica en 2007 la duda era del 36% del PIB, parece llegado el momento de preocuparse por su aumento y al menos analizar como podría reducirse. Pero es difícil conseguirlo mientras continúe alimentándose de déficits públicos. Y no es suficiente con la reducción del déficit que se está consiguiendo en estos últimos años a pesar de los recortes de gasto aplicados. ¿Cómo se conseguiría?

La forma más inmediata es a través de un crecimiento de la actividad económica (PIB) y del empleo. Esto permitiría aumentar la recaudación de impuestos tanto de las rentas IRPF (trabajo y capital) y beneficios empresariales como por el aumento del IVA que grava el consumo. También la creación de empleo y reducción del paro repercutirían tanto con el aumento de los ingresos por cotizaciones como por la reducción de los gastos en las prestaciones por desempleo. Con un crecimiento de la actividad y del empleo no habría que modificar impuestos ni aumentar los tipos impositivos.

La segunda vía seria introducir modificaciones fiscales en los ingresos como en los gastos. Puede hacerse con elevaciones de los tipos impositivos o introducir algunos impuestos nuevos como los propuestos sobre las transacciones bancarias, sobre las rentas más altas o sobre el patrimonio en los niveles más elevados de riqueza. Otra vía adicional que siempre se menciona pero a la que se dedican recursos escasos, es la lucha contra el fraude fiscal. En cualquier caso, cualquier modificación del sistema fiscal, debe hacerse teniendo en cuenta las figuras impositivas y los niveles de tipos aplicados en la UE porque cualquier desviación significativa podría tener movimientos nefastos de capitales y empresas hacia otros países. En la opción de reducción de gastos ya se han hecho recortes, en algunos casos excesivos y contraproducentes (sanidad, educación e investigación), pero sí podrían analizarse otras posibilidades como el coste excesivo del actual sistema de Administraciones con un número excesivo de diputados y de duplicidades en instituciones improductivas y costosas. La propuesta del Gobierno de reducir el tipo del IRPF la justifica con el efecto favorable que esto puede tener sobre el consumo impulsando así el crecimiento del PIB, pero no justifica la reducción de impuestos en las rentas más altas cuya propensión al consumo varía con mayor dificultad.

Otra vía para reducir la deuda es la venta de activos públicos, bien sean patrimoniales o privatización parcial o total de empresas siempre que los ingresos obtenidos se apliquen a la amortización de la deuda y no a cubrir otros gastos corrientes.

Por último, está la posibilidad de realizar una quita, es decir, dejar de pagar una parte de la deuda, ya sea de forma convenida con los tenedores más importantes o arbitrariamente si se decide de forma unilateral. Pero sí conviene aclarar que la deuda española se emite a corto, medio o largo plazo de forma conjunta sin que se pueda establecer una correspondencia entre la deuda emitida y los gastos realizados. De manera que si hace un análisis de gastos suntuarios, inútiles o improductivos, podría buscarse la responsabilidad de los que los han hecho y en su caso demandarles por prevaricación y malversación de fondos públicos, pero no se podrá establecer una relación directa entre un gasto concreto y una emisión de deuda pública. Por otra parte, si revisamos quienes son los tenedores de la deuda, más del 50% de la deuda emitida está en manos de residentes españoles. Una parte está en manos de los bancos, pero también son tenedores importantes las aseguradoras, los fondos de pensiones, fondos financieros y empresas, así como ahorradores particulares, con lo que una quita tendría efectos muy perjudiciales para la economía y las familias ahorradoras. Al realizar una quita de la deuda, lo primero que sufre es la confianza de los inversores y ahorradores por lo que los tipos de interés suben.

En conclusión, sí a la preocupación por el aumento de la deuda pública ya en niveles muy elevados; sí al análisis detallado de los gastos públicos evitando mayores recortes sociales pero tocando rentas y privilegios; y sí a establecer mecanismos de control eficientes que impidan los gastos superfluos e improductivos de las Administraciones y que dificulten la corrupción de las instituciones y partidos políticos. Sí a la lucha contra el fraude fiscal y la introducción de alguna figura impositiva que de acuerdo con la UE permita corregir la desigualdad social que tanto ha aumentado.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del INE.