La desamortización pública gana brío

Se vende. Razón: el Estado español. En menos de 15 días se ha desprendido, vía subasta pública, del solar que el Ministerio de Defensa tenía en la calle de Raimundo Fernández Villaverde, y de los antiguos Estudios Buñuel de RTVE, ambos en Madrid.

Las dos operaciones, que suman unos ingresos de 146 millones de euros para las arcas del Estado, suponen un cambio radical en los resultados que estaba cosechando el plan de desinversión de activos inmobiliarios de la Administración Central, que lleva año y medio en marcha.

Solo con la venta del solar de Defensa —ahora ocupado por la antigua sede del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería—, por 111 millones de euros a una cooperativa gestionada por la empresa Domo, el Ministerio ya ha triplicado los ingresos alcanzados por la venta de activos inmobiliarios durante 2013.

En aquel ejercicio hizo caja por un monto de casi 37 millones tras vender cuatro solares por 22,4 millones de euros y 136 viviendas y cuatro locales comerciales por 14,4 millones.

Todavía está lejos de alcanzarse la previsión que hace dos años hizo el Estado de vender más de 16.000 inmuebles con los que obtener un mínimo de 3.500 millones de euros. Se trata de cerca de 5.000 solares rústicos, unos 130 edificios de oficinas, casi 8.000 viviendas —el 90% de Defensa—, cerca de 400 parcelas urbanas, más de 800 locales comerciales, algo menos de 100 edificios residenciales y otros 20 industriales, una veintena de plazas de garaje y un centenar de edificios singulares.

Aún está lejos el objetivo de vender 16.000 inmuebles

Pero parece que las últimas operaciones dejan entrever un cambio de tendencia. "Desde luego ese cambio ya está aquí. Estamos viendo un mercado de suelo y rehabilitación muy potente, tanto para promotores como para cooperativas o fondos de inversión", apunta Pablo Méndez, director de Suelo, Rehabilitación y Vivienda de la consultora Aguirre Newman. Las 1.500 viviendas que se van a construir en los dos próximos años en el centro de Madrid, tras las transacciones realizadas en 2014, refrendan este nuevo sesgo del mercado.

El último dato conocido sobre lo ingresado hasta ahora por el Estado a través de este plan de desinversión —dentro del plan global de racionalización de la Administración Pública para reducir el déficit público— lo dejaba caer la semana pasada el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury, al señalar que, hasta ahora, lo obtenido por esta vía alcanzaba los 280 millones de euros.

Podían ser muchos más si la Administración fuera más flexible en los procedimientos de venta. "Si se ofrecen activos buenos, se venden y a un precio incluso superior al de licitación, como está quedando demostrado", estima el consultor de Aguirre Newman. El problema es que, en ocasiones, la afección a un estricto marco regulatorio provoca que las subastas del Estado no se salden de manera satisfactoria.

Como medida para atajar esta falta de cintura por parte de la Administración a la hora de vender sus inmuebles, Temboury no descarta que el Gobierno se plantee, a corto y medio plazo, la constitución de una gran socimi con activos del patrimonio público, aunque de momento se trata de una mera hipótesis.

Para Gustavo Martínez, del equipo de adquisiciones de Drago Capital, estima que los escasos resultados obtenidos hasta ahora obedecen a que "quizá hace dos años el mercado no estaba lo suficientemente maduro". Ahora, en cambio, se junta todo, "interés desmedido, precios ajustados y hasta posibilidad de financiación si el proyecto merece la pena", señala Martínez, a pesar de que atisba cierta "euforia desmedida".

El sector cree que al Estado aún le falta cintura para superar las trabas que le impiden comercializar sus solares

El desigual resultado con el que se están saldando las subastas ha quedado puesto de manifiesto con los últimos activos vendidos por Hacienda a través de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa). De los cinco lotes ofertados solo se vendieron dos, quedando desiertas las pujas por los tres restantes. Se adjudicó a la familia Revoredo —propietaria de Prosegur— por 11,3 millones el edificio decimonónico de la calle Barquillo, en Madrid, que el Estado había adquirido en 2008 por 19 millones y que nunca llegó a utilizar. También se vendió un edificio de oficinas y 19 plazas de garaje en la calle Miguel Ángel, en la capital, por casi cinco millones.

Los más de 16.000 inmuebles susceptibles de ser enajenados por el Estado se gestionan a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad (Giese), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Tesorería General de la Seguridad Social y Correos y Sepides, sociedades del Grupo SEPI.

Además de Defensa y Hacienda —los dos principales tenedores sobre los que el Estado acumula la propiedad de casi 60.000 activos inmobiliarios—, el Ministerio del Interior es otro departamento cuyas instalaciones en desuso, principalmente de la Guardia Civil, se subastan de manera habitual.

El próximo miércoles se conocerá el resultado de las últimas subastas licitadas sobre antiguas dependencias de la Benemérita, entre las que destaca uno de esos activos singulares, como es el Castillo de Maqueda, en Toledo.

Tras una primera subasta desierta, el inmueble —declarado Monumento Histórico Artístico desde 1931— se ha ofrecido por 9,58 millones de euros en primera puja y 8,63 millones en segunda. Sus 2.600 metros cuadrados admiten prácticamente cualquier uso, menos el industrial. Desde el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz confían en "aprovechar el gran interés que los inversores internacionales están mostrando por el mercado inmobiliario español".

La empresa pública Adif también tiene en marcha, justo al lado del cuartel vendido por Defensa en Madrid, la subasta de un solar que lleva décadas haciendo las veces de aparcamiento en superficie. Se ofrece por 40 millones de euros para levantar un edificio de oficinas o centro comercial en Azca, una de las zonas de oficinas con más tirón de la capital.