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Tribuna
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Hacia una educación (jurídica y financiera) para la ciudadanía

Aprender cómo gestionar los propios recursos es indispensable para nuestra vida diaria

Pocos temas hay más importantes para la salud cívica de una sociedad que el de la educación. Una sociedad civil bien educada es una sociedad fuerte, y aquélla en la que la mayor parte de sus integrantes carecen suficientemente de ella es débil, manipulable y fácilmente sometible.

Vaya por delante que soy un inequívoco partidario de una asignatura del tipo Educación para la Ciudadanía, con ésta o con otra denominación, pero no con cualquier contenido, sino siempre y cuando en esa asignatura se enseñe lo que su nombre indica, es decir, conocimientos, información y consejos para ser mejores ciudadanos, lo que significa entre otras cosas ser más conscientes y responsables de los propios actos. Para lo cual, tener unas sencillas nociones de Derecho me parece esencial.

Es importante, qué duda cabe, estudiar y conocer quiénes fueron Platón o Felipe II, en qué consiste la tabla periódica, cómo se calcula el área de un triángulo, cuál es la estructura lingüística de una determinada oración, cómo se reproducen las plantas, o tener un nivel muy alto de inglés. Y lo es no únicamente por la propia y mera información que se obtiene de su estudio, sino también porque todas estas variadas materias, y otras muchas más, entrenan la mente, la abren, y la estructuran y la preparan mejor para el futuro.

Siendo esto así, siempre me ha llamado la atención la ausencia casi absoluta de enseñanza en la etapa escolar de lo que podríamos denominar Derecho básico para la vida diaria. El Derecho es algo con lo que a lo largo de nuestra vida nos vamos topando continuamente, nos rodea por todos lados, y sin embargo parece considerarse como algo para juristas, para especialistas en definitiva, cuando es todo lo contrario: cuanto mejor se conozcan unas cuantas nociones prácticas, más preparados estaremos en muchos momentos de nuestra vida. ¿O es que no vamos a comprar una casa o a arrendarla, a montar un negocio por medio de una sociedad, a otorgar o recibir un poder, a resolver temas de herencias o plantearnos nuestro testamento, a recurrir una notificación administrativa que consideramos injusta, a pelearnos (o no) en una junta de propietarios de nuestro edificio, a contraer matrimonio y tener que elegir un régimen económico, a firmar contratos laborales, a tener que acudir a un juzgado, etc., etc.? Pues sí, una o probablemente varias de estas cosas nos van a suceder a lo largo de nuestra vida, y lo cierto es que al terminar con la mayoría de edad la etapa escolar, de todas ellas y de muchas otras, los estudiantes no saben prácticamente nada. ¿Y eso por qué? Resulta que todos estos conocimientos de gran utilidad para su futuro no los aprenden cuando están en disposición y condiciones ideales de hacerlo, sino después, a salto de mata, de manera imperfecta y asistemática, y a veces ni siquiera eso.

A estas materias hay, desde luego, que añadir, las que tienen específica relación con las entidades financieras, las cuales conforman casi una asignatura en sí mismas. No es necesario recordar el vuelco que en los últimos años se ha producido en cuanto a la confianza que la sociedad en general tenía en la solvencia de sus instituciones financieras, en general, y en el consejo y asesoramiento que esas entidades prestaban por medio de los directores de las sucursales a los clientes. Del todo a la nada, y no sin falta de razón, desde luego. Ahora sí somos más conscientes de que los bancos están para hacer negocio y no para ponerse del lado del cliente, y que si bien son necesarios, por mucha normativa que haya que en teoría proteja al cliente bancario, la mejor protección es que ese cliente tenga la actitud correcta, de autodefensa de sus propios intereses. Para lo cual es imprescindible tener suficiente educación financiera. Y el momento ideal para ofrecerla es, en también, en mi opinión, la etapa escolar. No se trata de grandes profundizaciones, sino de tener claros los conceptos básicos: qué es un préstamo, un crédito, una hipoteca, un leasing, que es la TAE y para qué sirve, cómo se abre una cuenta corriente, qué posibilidades tengo de recurrir y a quién en caso de que en mi opinión exista un abuso bancario, en qué medida es razonable endeudarse en función de los ingresos…

Y por mi parte añadiría también ideas más generales: que hay que abandonar la posición cómoda, sí, pero pasiva y profundamente perjudicial que ha tenido el cliente bancario en España, de dejarse hacer, de confiar demasiado, tanto por no entender en muchas ocasiones, como por no molestarse en buscar, en otras. Ya hace muchas décadas, el maestro Garrigues nos alertaba contra la cultura del dónde hay que firmar. ¿Ha cambiado mucho la situación? Mi impresión es que, a pesar de todos los pesares, y aún con esta enorme crisis encima, no lo ha hecho. O no lo suficiente, al menos.

A esta idea se anuda otra, que es cien por cien educación para la ciudadanía, en mi opinión: hay que comprender el verdadero valor de la firma de cada uno. Firmar en un contrato significa prestar el consentimiento al contenido del mismo, sea cual sea éste. Incluidos los bancarios. No es buena actitud el esperar que sean todos los demás –leyes, jueces, el Estado, los propios bancos- los que trabajen para protegernos y que nosotros mismos no asumamos esta tarea en primera línea de fuego. Y la primera enseñanza para ello es valorar la propia firma, en tanto en cuanto supone reflejar nuestra conformidad, y no volver a preguntar dónde hay que firmar, sino qué hay que firmar.

Formar a los escolares en ciudadanía no es pretender inculcarles unos valores que solamente comparte una determinada opinión política, ética o religiosa, sino que, entre otras cosas, es prepararles para ser ciudadanos más formados, más conscientes, más responsables. Ganan ellos y gana la sociedad en su conjunto. El Derecho en su vertiente más práctica y aplicable en la vida cotidiana es una herramienta utilísima para ayudar a conseguir esos objetivos.

De modo que, sí, soy muy partidario de una asignatura escolar que podría llamarse Educación jurídica y financiera para la ciudadanía. Porque para que una sociedad tenga altura, primero hay que asentar la base. Y eso es imposible sin una correcta educación.

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