Los fondos de alto riesgo españoles podrán dar créditos a las empresas

La banca en la sombra empieza a ver la luz en España. La crisis ha puesto de manifiesto los riesgos del monocultivo bancario en la concesión de créditos y el Gobierno está dispuesto a facilitar la llegada de nuevos competidores. En este sentido, los fondos de alto riesgo, los llamados hedge funds o fondos de inversión libre como los denomina la legislación española, podrán ser una vía de financiación empresarial alternativa. El Ministerio de Economía ha concluido el proyecto de Real Decreto que modificará el Reglamento por el que se rigen las instituciones de inversión colectiva. En este documento se establece que estos fondos puedan “otorgar préstamos”, una práctica hasta ahora prohibida para cualquier categoría de fondos domiciliados en España. Las pocas gestoras que han lanzado vehículos de financiación directa para empresas han tenido que registrarlos en otros países, principalmente Luxemburgo, o buscar acuerdos con entidades extranjeras.

El proyecto también establece que los hedge funds puedan “invertir en facturas, préstamos y efectos comerciales de uso habitual en el ámbito del tráfico mercantil, sin que les sea de aplicación el principio de liquidez”. En el caso de las titulizaciones, el texto establece que solo podrán invertir en aquellas cuyo emisor “retenga al menos el 5%”. Como con estas medidas aumenta el perfil de riesgo de los fondos de inversión libre, Economía quiere, para alejar al pequeño ahorrador, elevar el mínimo de inversión de 50.000 euros a 100.000.

“Lo que pretende el regulador es abrir una nueva vía de financiación a las empresas, en especial a las pymes, y a las familias al permitir a los fondos invertir en titulaciones de todo tipo con independencia de su liquidez y no sólo en titulaciones de préstamos hipotecarios o muy líquidas”, explica José María Luna, director de análisis de Profim, entidad de asesoramiento financiero especializada en fondos. “Si bien, la realidad es que, una vez más los mayores beneficiarios pueden ser los bancos emisores de esas titulizaciones ya que van a contar con un nuevo inversor al que traspasarle esas deudas”, añade este experto que matiza que el proyecto está todavía en fase de audiencia pública y, por lo tanto, podría sufrir modificaciones.

Además, el proyecto de Economía intenta introducir mejoras en la transparencia y la liquidez de los fondos de inversión. En este sentido, el texto establece que las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva efectúen “periódicamente” pruebas de resistencia “ante situaciones límite o simulaciones en casos extremos, tanto en condiciones de liquidez normales como excepcionales, que les permitan evaluar el riesgo de liquidez de los fondos”. Las pruebas de esfuerzo ya habían sido recogidas en una circular de la CNMV, pero carecían hasta ahora de rango de ley.

Asimismo, el legislador establece requisitos para todas las sociedades gestoras en cuanto a su estructura y organización para garantizar el control de riesgos y de conflictos de interés. Esto incluye la exigencia de cumplir con una política de remuneraciones que evite estrategias de inversión que asuman riesgos excesivos. En este sentido, el proyecto para modificar el Reglamento de las instituciones de inversión colectiva es la culminación de la trasposición de la Directiva de fondos alternativos que comenzó con la Ley de capital riesgo, actualmente en el Congreso de los Diputados, y que ya establecía límites a los salarios de los gestores. En este sentido, Economía propone ahora que las políticas de retribución de los altos directivos de las gestoras, los responsables de asumir riesgos y los que ejerzan funciones de control “deberán ser acordes con una gestión racional y eficaz del riesgo, de forma que no se induzca a la asunción de riesgos incompatibles con el perfil de riesgo de los vehículos que gestionan”.