Hacienda aprieta a Renta Corporación

Renta Corporación está conociendo la versión tributaria del “Dios aprieta pero no ahoga”. Cuando el grupo inmobiliario catalán empezaba a respirar tranquilo tras haber suscrito el convenio de acreedores y haber logrado levantar el concurso de acreedores, empezó a notar en el cogote el aliento de la Agencia Tributaria. El órgano dependiente del Ministerio de Hacienda ha impugnado la modificación de la lista de acreedores de la inmobiliaria, en la que se establecía qué créditos era privilegiados u ordinarios. La totalidad de los 9,94 millones que le adeuda la compañía se han quedado en la segunda bolsa. Es decir, esos créditos de casi 10 millones quedan catalogados como ordinarios y, por tanto, son susceptibles de tener que asumir quitas mayores.

Con la impugnación, Hacienda parece desoír las recomendaciones efectuadas por el Fondo Monetario Internacional e incluso por el Banco Central Europeo, defensores de que las administraciones den facilidades a las empresas con problemas de endeudamiento. El objetivo de la administración tributaria es evitar que toda su deuda quede catalogada como ordinaria y verse así abocada a quitas y dilaciones en el cobro en el conjunto del crédito.

Esa flexibilidad es justo la que defendía un informe del FMI de mayo pasado. En él, el organismo que dirige Christine Lagarde defendía que “el Gobierno debería participar también, por ejemplo, permitiendo que las deudas tributarias y ante la Seguridad Social sean reestructuradas a niveles sostenibles si otros acreedores hacen lo mismo”. Mientras que el FMI ve esa salida como una fórmula adecuada para acelerar el necesario desapalancamiento de España, cuyas empresas acumulan una deuda equivalente al 99% del PIB, el Gobierno español es de la opinión de que si una empresa no puede cumplir con las obligaciones tributarias y el pago de las cotizaciones sociales es que no puede sobrevivir. Y ese ha sido el proceder de la Agencia Tributaria en este caso, que quiere evitar tener que elegir entre una de las dos fórmulas que le da el convenio de acreedores de Renta Corporación: asumir quitas que van del 10% al 85% en función de la cantidad y el pago amortizado en un periodo de siete años o convertir el 70% de su deuda en acciones de la compañía y el resto se pagaría dentro de ocho años.

“No impugnan el convenio de acreedores, solo se trata de una cuestión técnica”, asume el consejero delegado de Renta Corporación, David Vila, que quita hierro al paso dado por la Agencia Tributaria. La compañía ha respondido a la “demanda incidental” de Hacienda asegurando que ha cumplido al pie de la letra la Ley Concursal. Será el juzgado el que deberá decidir qué pasa con la diferencia de pareceres.

Un supuesto cambio de categorización de créditos podría impactar en el pago de la deuda, que Vila minimiza pero que el auditor tiene en cuenta. En un informe de revisión de los estados financieros de Renta Corporación, PwC señala que hasta el 8 de septiembre hay de plazo para recurrir la sentencia de aprobación del convenio de acreedores, lo que supone una “incertidumbre considerable” para que la sociedad pudiera mantener sus operaciones en el futuro. En el caso de que Hacienda consiguiera su objetivo y sus créditos pasaran a tener privilegio, cobraría de inmediato la primera mitad de la cantidad. El otro 50% seguiría siendo un crédito ordinario, por lo que debería escoger igualmente entre una de las dos alternativas descritas anteriormente.

La de Hacienda es la nota negativa de Renta Corporación en los últimos meses, después de que en junio firmara el convenio de acreedores y en julio levantara el concurso que instó de forma voluntaria en marzo con un pasivo de 185 millones de euros. Incluso se apuntó un beneficio de 6,9 millones en el primer semestre, una cifra que choca con los cinco millones de euros de un año antes. Ese resultado se explica básicamente por los resultados financieros, ya que las ventas apenas alcanzaron los 4,4 millones.

Una vez sorteada la suspensión de pagos, la dirección de la compañía busca fondos interesados en incorporarse al accionariado de la compañía. También se mantendrá igual el modelo de negocio: alta rotación de activos basada en la adquisición, rehabilitación y venta de edificios, situados solo en grandes ciudades.