La ley de telecomunicaciones orilla a la ilegalidad a las radios indígenas

La nueva ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México reconoce por primera vez la figura de las radios indígenas o comunitarias, un logro histórico si no fuera porque al hacerlo pone en peligro su propia subsistencia, según denuncia el sector. La letra pequeña de la reforma, aprobada a comienzos de verano, impide a estas estaciones –creadas y apoyadas por la propia comunidad con fines sociales o culturales- vender publicidad que no sea institucional, reserva para ellas tan solo un 10% del espectro radioeléctrico y complica los trámites administrativos necesarios para obtener la concesión.

El contenido de las leyes secundarias de telecomunicaciones quedó eclipsado casi al día siguiente de su aprobación con el giro estratégico del magnate Carlos Slim. El empresario mexicano, acosado por la nueva norma que lo declaraba “actor económico preponderante”, decidió desprenderse de una parte de América Móvil para reducir su presencia en el mercado nacional por debajo del 50%. El anuncio, que provocó una subida de las acciones del grupo, acaparó titulares y relegó al olvido otros aspectos polémicos de la ley.

“La reforma de telecomunicaciones es inconstitucional”, asegura Román Hernández Rivas, coordinador de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, ubicado al sur de México, en una de las regiones más pobres del país. “La ley no contempla la regulación del artículo segundo, que establece la obligación de que las normas secundarias garanticen los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información. En vez de esto, tiene un enfoque mercantil, de regulación de mercados”, argumenta Hernández.

Las radios comunitarias han sido reconocidas como una forma en la que los pueblos pueden ejercer estos derechos. En la montaña de Guerrero hay muchas comunidades indígenas, que son las que han creado estas emisoras, igual que en Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Hasta ahora la mayoría ha operado fuera de las leyes de radiodifusión, porque era casi imposible para ellas realizar los trámites exigidos. “La nueva ley federal tampoco prevé cómo facilitar el acceso de estos pueblos a la obtención de frecuencias”.

Las radios comunitarias no competimos por el mercado, cumplimos una función social asociada al ejercicio de los derechos humanos

Actualmente hay unos 20 permisos concedidos para radios de uso social comunitario. Gabriel Sosa Platas, profesor de la Universidad Autónoma de México (UAM) y analista de medios de comunicación, explica que aunque ahora “la norma otorga concesiones a estas emisoras, establece procedimientos administrativos y legales complicados”. Desde las radios, insisten en que los trámites hacen casi imposible la regulación de su estatus. “Las estaciones deben ser donatarias autorizadas [para poder recibir donativos], lo que implica tener personas con capacidades técnicas para hacer el trámite: un contable, abogados, etc. Al final, con todos los requisitos, la mayor parte de las radios funcionarán fuera de la ley”, vaticina Román Hernández.

Por definición, una radio comercial es una persona física o una empresa que puede explotarla para fines comerciales y vender sus espacios; una emisora de uso público depende de un ente que funciona con recursos del estado; una comunitaria es apoyada por los miembros de la comunidad a los que presta los servicios, recibe donativos y ayudas de organismos internacionales para su propio funcionamiento, puede vender producciones ya transmitidas y rentar equipos e instalaciones. “Lo que sí tienen vetado son los patrocinios. Todo lo que ingresan debe destinarse al desarrollo de la estación (equipos, pago de salarios)”, explica Sosa Platas. “En este sentido, la ley deja en situación de vulnerabilidad a las radios comunitarias, al recortar las fuentes de financiación”, reconoce el experto. Además, la norma establece que el Gobierno “puede destinar” [no especifica obligatoriedad] el 1% del presupuesto de publicidad oficial a las radios públicas y sociales, “lo que llegaría a provocar situaciones de codependencia”, advierte Sosa.

“La reforma restringe la sostenibilidad económica de las radios y la publicidad institucional se utiliza como medio de presión”, afirma Gisela Martínez, jurista de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). “Más bien lo que quieren [los legisladores] es censurar y castigar a las emisoras críticas con el gobierno federal, estatal o municipal”. La coordinadora de la oficina en México, Irina Vázquez, considera que la ley afecta a la construcción de ciudadanía y a la pluralidad: “Una democracia se caracteriza por la diversidad de las voces públicas, la posibilidad de escuchar historias distintas de la oficial. Las radios comunitarias trabajan en defensa de su identidad, su lengua, su cultura, abarcan temas sociales y son un contrapeso a los grandes proyectos transnacionales”.

Actualmente hay unos 20 permisos concedidos para radios de uso social comunitario

El director de la emisora comunitaria Radio Tepoztlán cree que la nueva norma “legaliza y regula la precariedad” que ya existe. “Es casi racista. Tenemos costos de mantenimiento y obligaciones, como la emisión de más de 30.000 anuncios al año del Instituto Federal Electoral. La nueva ley nos deja peor que antes, con multas altísimas si no cumplimos”. Algunas radios operan con tan solo 2.000 pesos al mes, unos 154 dólares. En el caso de Radio Tepoztlán, que lleva siete años en el aire, los costes de operación anual ascienden a los 100.000 pesos, 7.700 dólares. En la emisora trabajan entre 15 y 25 personas, todas voluntarias. “Lo más caro es la electricidad”, dice a la vez que se queja del porcentaje de publicidad asignado. “¿Por qué solo nos dan el 1% si en cambio nos reservan el 10% del espectro radioeléctrico?”

Este punto también genera conflicto, porque el 10% de la banda se sitúa en las frecuencias más altas de la FM, la parte que las radios comerciales no quieren. “En esta zona del espectro caben alrededor de 13 estaciones. A las emisoras les parece discriminatorio además porque es poco espacio comparado con lo contemplado en la legislación de otros países, como Uruguay, donde llega al 30%”, indica Sosa Platas. “En AM se reserva también un segmento que está en la banda ampliada (se llama así porque es una ampliación del espectro más reciente). Caben también 13 emisoras, pero es el menos utilizado porque casi nadie lo quiere, ya que es muy difícil captar la señal y necesitas transmitir con muy elevada potencia. Los costos se triplican con respecto a la FM. Con el escaso presupuesto que tienen las radios comunitarias no creo que haya interés en emitir aquí”.

Además, con base al nuevo marco jurídico, las concesiones de uso social son por un período de 15 años, mientras que las comerciales se conceden por 20. Este, según Sosa, es otro de los argumentos para presentar una queja de inconstitucionalidad. En desacuerdo con el régimen financiero, AMARC trabaja ya en la elaboración de un amparo, mientras la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) pide al Instituto Federal de Telecomunicaciones que promueva una controversia constitucional que logre echar abajo la medida.

“Una de las razones que argumentaba la necesidad de la reforma era una apertura de la competencia, sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y la Televisión ha estado argumentando que el hecho de que las radios comunitarias puedan acceder a patrocinios privados es una práctica de competencia desleal. Nosotros no competimos por el mercado, cumplimos una función social asociada al ejercicio de los derechos humanos. No se puede regular de la misma manera la actividad de las radios sociales y la de aquella que tiene fines mercantiles. En otros países del mundo se pagan impuestos para sostener los proyectos comunitarios”, reitera el coordinador de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. “Una vez más los pueblos indígenas son las mayorías -no las minorías- excluidas”.