Un alto cargo del supervisor tuvo “dudas” sobre Bankia tras tres meses en Bolsa

Esta mañana ha sido el turno de los técnicos. Tres de los profesionales que mejor conocen la quiebra de Bankia declararon ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu: el exdirector general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello, el inspector responsable del equipo, que estaba empotrado en la entidad, José Antonio Casaus, y el exdirector general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera.

Martínez Tello dejó claro que, "a título personal", tuvo las "primeras dudas" sobre la viabilidad de Bankia en octubre de 2011, tres meses después de su salida a Bolsa y siete antes de que se produjera la intervención que acabó con 22.424 millones de ayudas públicas. Si se hubieran tomado drásticas decisiones entonces, la factura hubiera sido más pequeña. Según fuentes jurídicas, Herrera ha llevado la contraria a la versión de todos los consejeros, del exministro de Aznar, Ángel Acebes, que dirigió la comisión de auditorías del grupo hasta el 24 de abril de 2012, y del propio expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, al asegurar que no fue una sorpresa que la auditora Deloitte no firmara las cuentas: "Deloitte exigió unos informes de expertos independientes que nunca llegaron, así que lo lógico es que no firmara las cuentas". Estos informes estaban pedidos desde hacía meses.

El inspector jefe Casaus también fue directo al declarar que los consejeros de Caja Madrid (antes de su fusión con Bankia), a los que atribuyó "un carácter acentuadamente político", antepusieron sus intereses a los de la sociedad en materia retributiva. "No era tiempo de repartir bonus, no había excedente", ha asegurado durante el interrogatorio. El representante de la Fiscalía Anticorrupción no ha realizado ninguna pregunta.

Los abogados de los imputados coincidieron en señalar que la sesión de cinco horas con los responsables de la inspección de Caja Madrid y Bankia sirvió para conocer cómo fueron los últimos meses de infarto antes de la caída de Bankia. 

Fuentes jurídicas, apuntaron que Martínez Tello, que ha declarado como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha señalado que sus sospechas personales sobre la solvencia de la entidad empezaron en octubre de 2011 y se recrudecieron en el primer trimestre de 2012. Fue entonces, ha dicho, cuando los responsables de Deloitte plantearon las dos grandes cuestiones que acabaron con Bankia: Sus reticencias sobre la valoración de Bankia en las cuentas de su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), y la inviabilidad de sus créditos fiscales.

Las cuentas de 2011, que reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros, se aprobaron en marzo del año siguiente sin el informe de auditoría de Deloitte y tuvieron que ser reformuladas en mayo, con la entrada del nuevo equipo dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, con unas pérdidas de 2.979 millones de euros.

La mayoría de los 33 imputados coincidieron al declarar que no sabían por qué Deloitte se negó a firmar las cuentas porque hasta ese momento todo iba bien. Para el Banco de España, desde febrero de 2012 ya eran conocidos los problemas de solvencia por los que se reclamaron planes de reforzamiento de capital a Bankia, que no se llegaron a cumplir. No obstante, fuentes judiciales consideran que es posible que algunos consejeros, "por la ignorancia en la que vivían y porque el aislamiento al que el equipo directivo les tenía sometido, no lo supieran, aunque eso no les exime de responsabilidad".

La mayoría de los 33 imputados coincidieron al declarar que no sabían por qué Deloitte se negó a firmar las cuentas

El 17 de abril llegó una de las gestiones más controvertidas del Banco de España durante esta crisis: la aprobación del plan de recapitalización de Bankia, algo que rompió decisivamente las relaciones entre Miguel Fernández Ordóñez, gobernador y Guindos. Martínez Tello, según fuentes judiciales, admitió que autorizar o rechazar este plan era situación complicada. Siguiendo la filosofía del anterior gobernador, partidario de no entorpecer los planes de las entidades, se aprobó este plan con un párrafo condicionante a la recepción de ayudas "para evitar el riesgo de que los mercados fueran contra la entidad", apuntó Martínez Tello. Este plan debía hacer frente a las objeciones puestas por el supervisor, el primer decreto de Guindos y las de Deloitte, ha indicado.  

Sin embargo, el plan fue rechazado por el Ministerio de Economía, y el de mayo, que el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, cifró en 7.000 millones de euros. Sin embargo, según Martínez Tello, las necesidades de Bankia en ese momento podían haber alcanzado los 9.000 ó 10.000 millones de euros, fundamentalmente por su situación en el mercado inmobiliario. Después llegó el equipo de José Ignacio Goirigolzarri y reclamó 19.000 millones.

A esta situación de tensión, según el exdirector general de Supervisión del Banco de España, se unió el informe del Fondo Monetario Internacional de abril de ese año, que apuntaba que, una vez "agotadas" las opciones para una recapitalización privada de la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), "con el fin de preservar la estabilidad financiera, es esencial que estos bancos, y en particular el de mayor tamaño, tomen medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar su gestión y su gobierno corporativo”. Era una referencia implícita a Bankia, como reconoció Tello.

Sorpresa por el análisis del FMI

Según Jerónimo Martinez este análisis del FMI fue "extrañísimo y sorpresivo por el momento en el que se produjo y por su contenido" y tuvo como principal consecuencia que "aceleró los acontecimientos" en relación con los dos planes que se diseñaron para reflotar la entidad.

El informe del FMI, que según fuentes del mercado y exgestores de Bankia creen que fue inducido por el ministro de Economía, Luis de Guindos, disparó las alarmas del supervisor. Salió un viernes y el lunes siguiente "hubo una reunión de urgencia", ha  apuntado Mariano Herrera, para seguir con los planes de viabilidad de Bankia "porque los números se iban deteriorando", ha declarado. Aquellos días llegó el correo electrónico de Rato tranquilizando a los consejeros. Preguntado por este mensaje, Herrera ha dicho que es comprensible que el presidente pretenda "tranquilizar una situación que era preocupante porque existía riesgo de fuga de depósitos. Era realmente grave. Había riesgo reputacional".

El jefe de la inspección del Banco de España ratificó un informe en el que se ponían de manifiesto “deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y control interno”

Martínez Tello, conocido como "jero" en el mundo financiero, también ha asegurado no tener "ninguna participación ni conocimiento" en relación con la reunión que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, mantuvo los días 4 y 6 de mayo con los presidentes del Santander, Caixa Bank y BBVA, Emilio Botín, Isidro Fainé y Francisco González, respectivamente, para abordar la situación de Bankia y la salida de Rato.

Sobre estos encuentros, ha dicho que habló con Rato el 3 de mayo, víspera de la presentación de su segundo plan de saneamiento, y ha asegurado que este le dijo que había problemas para que José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, aceptara el puesto de consejero delegado de la entidad. Esta fue una de las exigencias del Banco de España, que Rato nunca logró. La negativa de Goirigolzarri a entrar en Bankia le llevaba a Rato irrevocablemente a su salida.

Deficiencias y politización

El 7 de mayo de 2012, tras la reunión de los banqueros con Guindos, en un fin de semana en el que no estuvieron en Madrid ni Ordóñez si el subgobernador, Javier Ariztegui por sus compromisos internacionales, la comisión ejecutiva del Banco de España preguntó a su secretario general, Francisco Javier Priego, si era legal la cita del ministro, prueba del malestar que provocó. Priego, según ha declarado ante el juez, avaló de forma verbal esa reunión al considerar que no existían objeciones legales.

El jefe de la inspección del Banco de España en Caja Madrid, José Antonio Casaus, ha ratificado un informe que elaboró el 3 de diciembre de 2010 en el que se ponían de manifiesto "deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y control interno" de Bankia, así como la inexistencia de "una política de refinanciación documentada y aprobada al nivel adecuado".