La Autoridad Fiscal revisará los planes de las autonomías incumplidoras

La Autoridad Fiscal de Responsabilidad Fiscal (AIREF), la entidad que controlará la sostenibilidad de las cuentas públicas de las Administraciones Públicas echa a andar este mes con la emisión de los informes sobre los planes de equilibrio financiero (PEF) que las comunidades que incumplieron el objetivo de déficit el año pasado tienen que presentar para garantizar que corrigen los desajustes presupuestarios.

El presidente de la entidad, José Luis Escrivá, ha explicado este miércoles que este mes de julio emitirán los informes sobre Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra.

Asímismo, Escrivá ha detallado que también preparan informes de opinión sobre la senda de consolidación (objetivos de déficit y deuda pública) de las administraciones públicas. En opinión del presidente de AIREF una de las principales preocupaciones de la entidad es controlar el alto nivel de deuda para que haya sendas de reducción creibles y posibles. "Nos preocupa el nivel de deuda pública de la economía española. Debe de ser el camino para ganar credibilidad", ha apuntado.

El presidente de la AIREF ha repasado cuáles son los cometidos del nuevo organismo, que contará con 70 trabajadores cuando esté a pleno rendimiento, y ha matizado que cuando emitan un informe sobre alguna administración, y este contenga alguna recomendación porque no asegura la consolidación fiscal o la entidad fiscalizadora encuentra alguna salvedad, la administración afectada deberá cumplir las recomendaciones o explicar en público porqué no lo hace. Es decir, que si una administración se niega a cumplir con las medidas que propone la AIREF deberá explicar en público su resistencia a hacerlo.

Escrivá ha admitido que la entidad fiscalizadora no revisará la reciente reforma fiscal del Gobierno ni el techo de gasto del Estado para 2015 que el Gobierno aprobará hoy en el Congreso. No obstante, recordó que sí revisará las cuentas del Estado, la Seguidad Social, las comunidades y de los Ayuntamientos que tengan un presupuesto de más de 200 millones de euros. Y hará un seguimiento sobre si cumplen con los objetivos de estabilidad prespuestaria.