Portillo gana un segundo caso a Colonial
La inmobiliaria acusó a su expresidente de negligencia y causar daños a la firma
Inmobiliaria Colonial ha vuelto a perder otro caso con Luis Portillo, el inversor que llegó a presidir la empresa en pleno bum sectorial. El juzgado mercantil número 5 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta contra él, María Jesús Valero y Mariano Miguel Velasco, así como contra las sociedades Tersina y Quetro. El demandante consideró que actuaron negligentemente y causaron daños al vender bienes por debajo del valor real en cinco operaciones y ocultar datos a los socios para concurrir después a una ampliación de capital y realizar aportaciones dinerarias.
Para Colonial, que puede recurrir, llueve sobre mojado. A finales de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso de apelación tras haber perdido en primera instancia una primera demanda en la que responsabilizaba a Portillo de los daños causados entre marzo de 2007 y marzo de 2008 por la compra de acciones propias “incumpliendo los deberes de diligente administración” y reclamaba 311 millones. Además, el consejo interpuso una tercera acción de responsabilidad por la compra de Riofisa, sobre la que ya se ha celebrado juicio. En total, 1.200 millones.
La Audiencia consideró que el acuerdo del que nacieron las tres acciones pedidas por Colonial era defectuoso por no determinar los administradores responsables, no especificar la conducta antijurídica y por hacer una referencia genérica a los daños sin concreción en el daño y la cuantía.
Los mismos argumentos ha manejado el juzgado mercantil al valorar esta demanda, lo que se puede explicar al derivar las tres acciones de la misma junta general.
La sentencia señala que debieran concurrir los siguientes presupuestos: comportamiento activo o pasivo de transparencia; que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración; que la conducta sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al patrón de diligencia exigible; que la sociedad sufra un daño o que exista relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño. Pues bien, según el juzgado no se produjo esa concurrencia ni conducta dolosa o negligente ni daño efectivo a la sociedad (o al menos el demandante no lo acreditó) ni relación de causalidad.
Los hechos se remontan a la compra de Colonial por Inmocaral, la empresa de Portillo, en 2006, y la posterior fusión en 2007. Mariano Miguel era la mano derecha de Portillo y cuando este dimitió de presidente a finales de 2007 le sustituyó. Inmocaral había lanzado una OPA en 2006 sobre Colonial (3.513 millones), realizar otra OPA sobre su filial francesa SFL (245 millones) y adquirir el grupo Riofisa (2.000 millones) y el 15% de FCC (1.534 millones). La operación de Colonial se hizo mediante una ampliación de capital por 2.687 millones y un préstamo puente suscrito con Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland y Eurohypo por 2.200 millones garantizado con las acciones de Colonial, elevando la deuda a 9.000 millones.
Pero, con la crisis se dispararon las pérdidas. El 27 de junio, Mariano Miguel dimitió. En septiembre alcanzó un acuerdo de reestructuración de la deuda que dio lugar a la desinversión de las adquisiciones mencionadas. Según la demanda, las pérdidas derivadas de la autocartera fueron 320,5 millones. Después Colonial siguió su camino y, tras la entrada de OHL, se encuentra en un proceso de saneamiento.
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