Una política que agrava la brecha social

El Gobierno ha hecho públicas las medidas tributarias que pretende aprobar en las próximas semanas y que, para el ministro de Hacienda, representan una reforma global e integral de nuestro sistema tributario. Conviene, antes de entrar a valorar dichas medidas, dejar clara una cuestión conceptual: la política fiscal hay que analizarla como una unidad, es decir, los ingresos y los gastos conjuntamente porque en su conjunto cumple una de las funciones encomendadas al sector público, como es la redistribución de la renta y la riqueza. En España, se confunde en muchas ocasiones política fiscal con política impositiva. Consiguientemente. se le llama reforma fiscal a lo que en realidad es una reforma de los impuestos.

¿Qué grandes decisiones ha tomado el Gobierno en política fiscal desde que comenzó la legislatura? Fundamentalmente tres: incrementar el IRPF, en mayor medida a las rentas más altas; ha subido los impuestos indirectos, IVA, copagos, tasas y precios públicos, y ha reducido a mínimos históricos nuestro Estado del Bienestar.

El ministro de Hacienda ha comunicado a los españoles que en la actual coyuntura y puesto que, según el propio Gobierno, hay recursos suficientes, va a tomar la decisión de eliminar la subida del IRPF que aprobó en 2012, básicamente a las rentas más altas. Ello tendrá un coste recaudatorio normativo que el ministro Montoro estima en alrededor de 7.000 millones de euros, de los cuales prácticamente la mitad es para las rentas más altas. Por tanto, si se quiere cumplir con la reducción del déficit acordada con la UE, el Gobierno terminará subiendo la imposición indirecta o continuará con los recortes del Estado del Bienestar. Es decir, que el Gobierno opta por eliminar el único elemento que compensaba parcialmente la injusticia del resto, pero deja igual o peor a las rentas medias y las rentas de los trabajadores.

En definitiva, una política fiscal tremendamente injusta que incrementa la brecha social y económica de nuestro país que ya, de por sí, es grande y creciente, puesto que, los perdedores de la política fiscal del Gobierno son las rentas más bajas y medias que son los principales beneficiarios de los servicios que ofrece el Estado del Bienestar y los que más sufren las consecuencias de un incremento de la imposición indirecta y, por el contrario, los ganadores son las rentas más altas. En conjunto, la política fiscal resultante es una transferencia de renta de los trabajadores y las rentas medias a los más ricos.

El Gobierno ha querido remarcar desde el primer momento que su propuesta fiscal es más justa que la del Gobierno socialista. Desde mi punto de vista, vuelven a realizar otra jugada más propia de trileros, ya que cuando se compara con otro periodo hay que hacerlo de manera correcta. En la etapa socialista, los impuestos indirectos eran menores y las prestaciones del Estado del Bienestar mayores, por lo que el resultado es una política fiscal más equitativa.

Insiste también el Gobierno que sus medidas impositivas estimularán la economía, pero no tiene en cuenta en sus estimaciones los efectos negativos a corto plazo sobre la actividad económica que suponen las reducciones del gasto público y el hecho de que no todos los ahorros que obtienen las rentas más altas se traducen en mayor consumo.

Una política fiscal que facilite la creación de empleo, que contribuya a reducir la mencionada brecha social (que crece en parte por un modelo de crecimiento basado en la devaluación salarial permanente y una política fiscal que no cumple su función redistribuidora), que ayude a estabilizar las cuentas públicas, necesita al menos dos grandes palancas: incluir la riqueza y la lucha contra el fraude en la reforma fiscal.

Las medidas del Gobierno contenidas en los anteproyectos de ley aprobados por el Gobierno no contienen absolutamente nada sobre fiscalidad patrimonial ( Impuesto de Patrimonio, Impuesto de Sucesiones, SICAV, …..), y la progresividad del sistema tributario depende, en gran parte, de la combinación del IRPF, Patrimonio y Sucesiones.

La lucha contra el fraude como he señalado en otras ocasiones es otro de los grandes instrumentos para añadir progresividad al sistema impositivo, pero además el fraude es la fuente mayor de distorsión del sistema económico y de menor crecimiento. Acabar con el fraude es acabar también con la distorsión en las decisiones empresariales. Las empresas con beneficios no declarados difícilmente los usan en políticas de crecimiento sólidas (desde la innovación a la exportación).

Ahora bien, acabar con el fraude no es una prioridad para el Gobierno si nos atenemos a las decisiones tomadas durante la legislatura y a tenor de lo que se destila de los aludidos anteproyectos de ley. ¿Dónde ha quedado el estatuto de la Agencia Tributaria?. ¿Dónde está un Plan para dotar a la Agencia de medios materiales y humanos, cuando en los próximos años se jubilarán un tercio de los empleados públicos y ya estamos a la cola de la UE en medios humanos?. ¿Por qué no publicar la lista de los defraudadores y los que se han acogido a la amnistía fiscal, qué miedo tiene el Gobierno? Sospecho que en esa lista hay muchos nombres del PP o relacionados con el PP.

En definitiva, hacerle ahora un regalo a las rentas más altas, dado que en el horizonte del año 2017 hay que reducir el déficit público alrededor de 44.000 millones de euros, aumentará la brecha social y económica en nuestro país. El Gobierno ha perdido una gran oportunidad para haber realizado una reforma fiscal integral y se ha limitado a un mero reajuste de tipos en el IRP, pensando que con esa fórmula puede engañar a los ciudadanos.

* Pedro Saura García es Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista y Profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Murcia.