México aplaza la licitación de dos nuevas cadenas de televisión

La reforma de telecomunicaciones, una de las más importantes en la agenda de Enrique Peña Nieto, ha perdido impulso. La norma que pretende abrir a la competencia un sector oprimido por América Móvil, una empresa propiedad Carlos Slim, y Televisa, de Emilio Azcárraga, se encuentra empantanada. A pesar de que fue promulgada por el presidente el 10 de junio de 2013 el proceso se encuentra estancado en el Congreso, que ha fracasado en aprobar las leyes reglamentarias en la materia desde diciembre de 2013. Esto ha obligado al Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano regulador creado por la reforma, a postergar la licitación de dos nuevas cadenas de televisión, uno de sus principales objetivos.

Los interesados en competir por las cadenas tenían como fecha límite para ingresar sus solicitudes el 16 y el 17 de junio. El término ha sido aplazado hasta principios de septiembre de 2014. Sin legislación secundaria, señala el IFT, “no existe certidumbre” en algunos de los lineamientos que los inversores deben considerar en sus planes de negocio. Esto “podría constituir un desincentivo a la inversión”, dice el instituto.

Y vaya que lo ha sido. La consultora IDC calcula que el crecimiento en el sector será únicamente del 6.4% en 2014, un aumento tímido si se considera que en los años más recientes la industria de las telecomunicaciones había presentado una expansión, en promedio, de dos dígitos. Las inversiones en el área, que en 2012 llegaron a 6.800 millones de dólares, están a la espera de que el Congreso saque las legislaciones secundarias del sueño de los justos.

Mony de Swaan, expresidente de COFETEL, el antecedente del IFT, señaló en Twitter que el Congreso ha tenido un “triste papel” en los doce meses que han transcurrido desde la promulgación de la norma. El Senado mexicano, la cámara encargada de revisar las leyes reglamentarias enviadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la propuesta del Gobierno, ha puesto en segundo plano la discusión de telecomunicaciones dando preferencia al trámite de la reforma energética, que pretende abrir a la inversión privada y extranjera el mercado de los hidrocarburos.

El Pacto por México, el acuerdo entre partidos de oposición y el Gobierno para impulsar una agenda conjunta, había estipulado que la reforma en telecomunicaciones sería aprobada antes que la energética. La izquierda mexicana, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rompió el pacto en diciembre de 2013. Esa hoja de ruta quedó alterada desde ese entonces. Las históricas modificaciones en materia de energía ya cuentan con un consenso entre la derecha mexicana, el Partido Acción Nacional (PAN), y el Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el Gobierno), que les permitirá llevar a buen puerto la reforma.

No pasa igual con la de telecomunicaciones, donde los gigantes del sector siguen actuando para verse afectados en lo mínimo posible. Tanto Televisa como América Móvil continúan promoviendo juicios en los tribunales que intentan reducir el impacto de las decisiones del IFT, que les ha obligado a compartir sus infraestructuras con sus competidores. Este jueves la Suprema Corte de Justicia (el Tribunal Supremo mexicano) rechazó atraer un juicio de amparo promovido por Televisa que impugnaba la reforma de telecomunicaciones.

El Congreso no ha sido transparente a la hora de señalar el proceso legislativo de las leyes secundarias, pero se presume que quedarán aprobadas antes del mes de julio. Cada día que pasa es una victoria más para que los gigantes del sector, que ven sus intereses intocados ante la zona gris creada por la falta de reglamentos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, no obstante, ha emitido un informe anunciando los avances que se han tenido en el sector en beneficio de los consumidores. El IFT señaló que los precios de los servicios han “mostrado reducciones importantes” en el primer trimestre de 2014. Los precios del servicio telefónico han disminuido un 4.6% con relación al mismo periodo de 2013. Los servicios de televisión de paga han sido reducidos en un 2.2% y de internet, un 4.3%.