La jungla jurídica del transporte alternativo

Madrid y Bruselas se están pasando la pelota. El Ministerio de Fomento pide a la Comisión Europea que "se aclare al máximo posible el tema" del transporte alternativo —en particular en la modalidad ofrecida por plataformas como Uber—; los responsables de Agenda Digital de la UE, por su parte, se declaran a favor de las soluciones ofrecidas por las nuevas tecnologías y alegan que es competencia de cada Estado miembro solucionar el conflicto que ha estallado con los gremios de taxistas. Mientras las federaciones de profesionales se mantienen en pie de guerra, y hasta amenazan con convocar otra huelga en Madrid para el 1 de julio, la solución de la discordia se difumina adentro de una telaraña legal que deja espacio para que florezcan nuevos modelos.

Los expertos tampoco consiguen aclarar del todo el asunto, aunque no admitan que exista un hueco en la normativa nacional como apuntala Bruselas. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) vigente en España establece determinadas condiciones para el transporte privado. "En particular", explica Rosa Guirado, abogada y economista especializada en competencia, "se solicita que nunca den lugar a remuneraciones dinerarias". En línea con la posición adoptada por Fomento, la jurista afirma que plataformas que ponen en contacto a particulares para compartir gastos, como BlaBlaCar, "cumplen con los requisitos" de la ley, mientras en el caso de Uber —donde el conductor cobra un importe acordado con el usuario y abona un porcentaje a la empresa—, "se tendrían que dar ciertas condiciones para afirmar su legalidad: en primer lugar, el desplazamiento del usuario tiene que coincidir con el del conductor; en segunda instancia el importe debe de tener el único objetivo de compartir gastos; por último, la comisión de la plataforma se tiene que justificar como un gasto de gestión necesario para el transporte".

Todos los requisitos presentados por Guirado son arduos de averiguar. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, como Guirado, también distingue entre las plataformas que ponen en contacto a particulares para "compartir", y los servicios como el de Uber, "donde los anunciantes prestan un servicio a cambio de dinero". El fiscalista considera que la actividad de las plataformas es legal y deja recaer la responsabilidad sobre el titular del vehículo. "Lo que no puede haber es conductor ilegal", remacha.

Estamos viviendo una revolución en Internet que puede atentar contra prácticas comerciales que ya están establecidas”

Pero a la hora de encontrar una solución, la pescadilla vuelve a morderse la cola. Del Amo aclara que "sería complicado obligar a las páginas webs a comprobar si los anunciantes cuentan con la documentación necesaria para ofrecer el servicio por el que se publicitan". Y concluye afirmando que, "si esto se impusiera, habría que hacerlo para muchas más cosas, empezando por revisar los anuncios en los periódicos".

Desde el campo digital, el abogado Javier de la Cueva, experto en derecho de la información, se amolda a la posición adoptada por la comisaria de Agenda Digital Neelie Kroes. "Estamos viviendo una revolución en Internet que puede atentar contra prácticas comerciales que ya están establecidas, por esto se genera conflicto", opina el letrado. A diferencia de Kroes, sin embargo, prevé que sea el organismo comunitario quien provea con una nueva regulación.

Fomento, por su parte, sigue defendiendo la legislación nacional, y mantiene que no es necesario aprobar una normativa adicional. "Ya hay una regulación y una legislación vigente y hay que cumplirla", han destacado fuentes del Ministerio, que el próximo lunes tiene cita con el sector del taxi para discutir como tratar las prácticas consideradas ilegales y susceptibles de generar una competencia ilícita.