Asfixia municipal

Dos años de política económica orientada a reducir el gasto público, a elevar los impuestos de forma desorganizada y a presionar los salarios a la baja no han conseguido encauzar el déficit público en los objetivos anuales marcados y ni siquiera han servido para bajar el endeudamiento; antes bien, crece de forma persistente y constituye un riesgo evidente para la economía española si en el futuro vuelve la inestabilidad de tipos de interés a los mercados. Es evidente, pues, que el descenso de la prima de riesgo no se debe a la supuesta estabilidad financiera, lo cual conduce indirectamente a preguntarse si la política económica estuvo bien elegida en 2011. En cualquier caso, la disciplina de las cuentas públicas es manifiestamente mejorable —el coste de los intereses llega al 3,8% del PIB cuando el coste de la sanidad, por ejemplo, equivale al 5% del PIB— a pesar de que algunas instituciones hacen esfuerzos (por obligación impuesta o por voluntad propia) para recortar los desequilibrios de sus cuentas.

Todas estas tensiones y contradicciones se aprecian con claridad en las cuentas de los Ayuntamientos españoles. El 40% de los municipios aumentaron su endeudamiento entre 2008 y 2014, pero por fortuna casi el 27% consiguió reducirla. El balance resulta sorprendente porque en ambos casos se está aplicando la misma medicina, que consiste en una vigilancia estrecha desde el Estado del cumplimiento presupuestario de los municipios. Esta tutela (algunos alcaldes la califican de obsesiva) se ha manifestado en el recorte, prácticamente hasta cero, de las inversiones de responsabilidad municipal, una política que agrava un poco más la falta de empleo en España. Las cuentas de muchos Ayuntamientos se han sostenido prácticamente sobre un solo recurso: el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que, también por sorpresa, sigue ofreciendo crecimientos recaudatorios después de cinco años de crisis. Está muy extendido el rumor de que en la próxima reforma fiscal Hacienda subirá el IBI y se reservará una parte para la Administración central.

El comportamiento dispar de los concejos solo puede explicarse por mala gestión durante la crisis, una conclusión difícilmente verificable, salvo en casos extremos, o por una acumulación de deuda indigerible durante los años previos a la recesión. Los casos de Jerez de la Frontera, Jaén o Madrid caerían dentro de ambos supuestos. Pero lo que sí confirma la evolución de las cuentas municipales es que el problema del déficit y de la deuda no está en los Ayuntamientos, por más que en algunos casos la gestión financiera haya sido pésima, sino en las cuentas del Estado y de algunas comunidades autónomas. Si el Gobierno insiste en una política económica de ajuste (teórico), tendrá que autoaplicarse con más rigor las prácticas restrictivas que aplica a los Ayuntamientos. Si la deuda pública española va camino de superar el 100% del PIB este año y si el déficit público es probablemente muy superior a lo que el Gobierno reconoce (en todo caso, por encima de los objetivos comprometidos) no es por la política expansiva de los Ayuntamientos, sino por la incapacidad del Ejecutivo para cumplir en las cuentas centrales con sus propias premisas presupuestarias.