La Audiencia prohíbe a Panrico ejecutar los 156 despidos previstos en 2015 y 2016

La Audiencia Nacional prohíbe a Panrico realizar los 156 despidos previstos para los años 2015 y 2016 en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado el pasado noviembre y que en total contempla 745 despidos en las cinco fábricas del grupo. Esta es la parte más clara de la salomónica sentencia que ha sido comunicada esta mañana a las partes. El ERE de Panrico prevé 745 despidos a lo largo de cuatro años: 312 se ejecutaron el año pasado; 277 están previstos para este 2014.Y esos, aunque han sido considerados "no ajustados a derecho" por la forma en que se aplazó el pago completo de la indemnización, pueden continuar.

Para 2015 y 2016, la empresa planeaba, según el pacto al que llegó con la mayoría del comité, el despido de 79 y 77, respectivamente. Pero el juez considera que Panrico no ha dado argumentos para demostrar que las rescisiones de contrato previstas estaban relacionadas con las causas que han justificado el despido colectivo en 2013. "Si existen previsiones de futuro sobre la situación económica o productiva para dichos años lo coherente será que llegado el momento se inicie en su caso un nuevo proceso", concluye el juez, "que verifique la concurrencia de causas [...], sin que quepa emplear hoy a modod de bola de cristal unas previsiones imposibles de contrastar".

El fallo ha sentado como un jarro de agua fría sobre los trabajadores que no aceptan ni un despido

Este es uno de los aspectos más significativos de la sentencia. Desde 2010, con la reforma laboral que hizo el PSOE, las empresas tienen la posibilidad de despedir por "pérdidas presentes o futuras". Pero eso no quiere decir que los despidos puedan diferirse en el tiempo porque sí. "No se ofrece ninguna justificación razonable de carácter organizativo para que de los 745 despidos previstos, 79 se pospogan a 2015 y 76 a 2016, por lo que debe estimarse que dichos despidos carecerían de causa o que la invocada [...] en 2013 habría perdido actualidad en 2015 y 2016", expone el magistrado ponente, Pablo Aramendi. 

Sobre los despidos ya realizados, el fallo afirma que "no se ajusta a derecho [...] diferir el pago de la indemnización hasta su tope legal (20 días por año y máximo de 12 mensualidades) y abonarla de forma parcelada en 18 meses". El tribunal considera que la empresa no acreditó durante la negociación que le faltara liquidez para pactar el pago aplazado de toda la indemnización.

La empresa celebra que la Audiencia no haya tumbado el ERE

Ante la confusión que les ha causado la sentencia, de 45 folios, CC OO planea pedir al tribunal una aclaración. En su opinión se puede dar la circunstacia de que los que ya hayan sido despedidos tengan una indemnización que esté entre los 45 y 33 días por año trabajado con un tope que puede llegar hasta las 42 mensualidades previstos en norma para los despidos improcedentes, y que los que sean despedidos en lo que queda de año perciban los 45 días con un límite máximo de 14 mensualidades.

La singularidad de esta sentencia sobre un ERE es que no juzga los despidos como un todo: sino que los segmenta por años y en función de si están o no ejecutados.

La sentencia de Panrico determinará el desenlace de la huelga que los trabajadores de la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) mantienen desde hace más de siete meses. Por la tarde, los huelguistas han celebrado una asamblea en el centro cívico La Florida para decidir si mantienen o abandonan la protesta. De momento, han pospuesto la decisión hasta el próximo miércoles. El fallo ha sentado como un jarro de agua fría sobre los trabajadores en huelga que defienden la postura "cero cero: cero despidos, cero rebaja"."Los despidos a futuro los para; pero los de 2013 y 2014 nos los comemos igual", señalan fuentes sindicales. Los defensores de esta posición podrían defender continuar la huelga, mientras otros, entre los que siete meses de huelga están pasando dura factura en lo económico y lo emocional, podrían ver el vaso medio lleno y valorar la crítica que la sentencia tiene sobre la compañía y votar el fin de la huelga. Por su parte, fuentes de la empresa aseguran que la dirección aplaude que la Audiencia no haya fallado la nulidad del Expediente.

El paro en la más antigua de las plantas del grupo, de origen catalán, comenzó el 13 de octubre de 2013 y el juicio no se celebró hasta el 6 de mayo, tras ser aplazado en abril. Primero fue en protesta contra la falta de pago de salarios por parte de la empresa; luego contra la presentación del ERE, y finalmente contra la afectación del expediente sobre los trabajadores de producción de la fábrica catalana. Los empleados de la planta catalana fueron los únicos que plantaron cara con movilizaciones contra las medidas adoptadas por Carlos Gila, el consejero delegado nombrado por Oaktree –el fondo propietario de la compañía-- en septiembre pasado, y consideran que el reparto de los 754 despidos les castigó de forma expresa. Les corresponden 308 y no dejan de recordar que ya aceptaron despidos y rebajas salariales en 2012.

La llegada de Gila desencadenó una crisis laboral que comenzó al anunciar un plan para reducir el gasto en 50 millones de euros anuales. La firma acumula unas pérdidas de 700 millones de euros en los últimos cinco años. En solo dos semanas en el cargo, el nuevo ejecutivo suspendió el pago de nóminas los 4.000 trabajadores, anunció que despediría a 1.900 personas (contando los repartidores autónomos) y que bajaría el sueldo un 45% a la plantilla que quedara. Además, se acogió al preconcurso de acreedores con la intención de renegociar. Finalmente, evitó el concurso tras una inyección de 15 millones por parte del fondo, pero en noviembre sí presentó un ERE que hasta 2016 está previsto que afecte a 745 personas de las cinco fábricas y a 300 autónomos.

Está por ver qué paso darán los huelguistas de Santa Perpètua, que tenían todas las esperanzas puestas en esta sentencia. Acumulan el desgaste de siete meses de paro, que han pasado factura. Desde hace meses hay partidarios de volver a la fábrica, pero no la oposición de parte de la asamblea ha impedido una votación en urna secreta sobre la continuidad de la huelga. La larga protesta también ha puesto contra las cuerdas la relación del comité, con mayoría de CC OO, y el sindicato. El enfrentamiento ha llegado en algún momento a las manos con la cúpula de la catalana de la organización, que a su vez se ha enfrentado al comité confederal. Tampoco la Generalitat ha conseguido resultados en su papel de mediador entre las partes.