Una legislatura de pesadilla

La oficina de estadísticas de la Comisión Europea (CE) acaba de hacer pública la situación económica de la eurozona, en el momento en que se votará la composición del nuevo Parlamento Europeo: un estancamiento (incremento del PIB del 0,2%) que no es recesión sólo por la potencia del despegue de Alemania (0,8%). Es interesante comparar esta coyuntura con la del primer trimestre de 2009, la que marcaba el comienzo de la legislatura del Europarlamento que ahora acaba: entonces, la zona euro retrocedía un 2,5%, con todos los grandes países en recesión (Alemania, -3,8%; Francia, -1,2%; Italia, -5,9%; España, -2,9%). De la mayor recesión desde la II Guerra Mundial a un estancamiento con paro masivo. Ese es el recorrido de los últimos cinco años.

 ¿Qué ha ocurrido en el medio? ¿Merece la pena este tránsito, con tantos sacrificios? ¿No había otro camino, una gestión alternativa de la crisis? Esto hubiera debido ser el corazón de la campaña electoral. En medio ha habido tres acontecimientos de la misma dimensión: rescates a cinco países (Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, y de naturaleza financiera a España), una política de austeridad sin fisuras, independientemente de la situación macroeconómica de la que se partía (política de talla única), y supervisión tanto de los rescates como de la austeridad por parte de una seudoinstitución, la troika (CE, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) que no figura en ningún Tratado de la UE ni ha sido elegida por ciudadano alguno para que rija la política económica de los países más maltratados por los rigores de la crisis.

Aparte de los problemas de déficit democrático que sugiere esta institución inorgánica tan sui géneris, el Parlamento Europeo hizo una especie de auditoría de los procedimientos de la troika en los países intervenidos, para llegar a las siguientes conclusiones: ha obviado sistemáticamente las recomendaciones de política económica establecidos por la Comisión Europea (uno de sus componentes) en la Agenda de Lisboa; se ha conducido sin la necesaria transparencia; y no ha incorporado a los programas de ajuste las orientaciones establecidas en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en el Tratado de Funcionamiento de la UE (artículo 168) respecto a los derechos básicos y servicios públicos esenciales.

Esto genera un dilema entre la legitimidad de los procedimientos y la eficacia de las actuaciones. Pero los resultados obtenidos son, como hemos visto, poco decorosos: las políticas de ajuste que se han impuesto a los países deudores para satisfacer los intereses de los acreedores han derivado hasta ahora en fracaso: tras casi siete años de recortes y reformas estructurales casi siempre limitativas de situaciones anteriores (y que han dado lugar a una gigantesca redistribución del poder, la renta y la riqueza) la economía sigue plana, produciéndose una caída de los ingresos públicos superior, en muchos casos, al monto de los recortes hechos en protección social e inversión pública, lo que ha supuesto un gigantesco incremento de la deuda pública. El análisis coste-beneficio no parece precisamente óptimo.

La troika es una ‘seudoinstitución’ que no figura en ningún tratado de la UE

En este punto hay que recordar que la crisis del euro no comenzó porque ningún enloquecido gobierno de izquierdas o de derecha se pusiera a gastar sin límites, sino, sobre todo, por las ayudas que hubo que conceder a los sistemas financieros nacionales, para que éstos no quebrasen. Se ayudó a los bancos y a los banqueros.

De todas las brechas que se han agigantado en estos últimos cinco años en Europa (acreedores-deudores, Norte-Sur, centro-periferia, países del euro y países fuera de la moneda única,…) la más inquietante es la que enfrenta a las élites europeístas y al resto de los ciudadanos. Mientras que las primeras abundan en el eslogan de más Europa, la necesidad de completar los mecanismos institucionales para una unión económica más plena (y una política exterior que permita a la UE ser actor principal en situaciones como la de Ucrania), la ciudadanía se muestra crecientemente más renuente ante la falta de resultados económicos y ante las cesiones de soberanía desde los parlamentos nacionales hacia instituciones difíciles de evaluar. Según el Eurobarómetro, España está entre los tres países donde más ha crecido la desconfianza en la UE, después de Chipre y Grecia. Con ese estado de ánimo, huelga hablar de abstención electoral.