Bankia remite al juez las operaciones sospechosas detectadas por el supervisor

BFA y Bankia han entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu toda la información que requirieron los peritos del Banco de España para elaborar su informe sobre el caso Bankia, incluyendo una quincena de operaciones sospechosas que denunció ante la Fiscalía.

Andreu dio el pasado marzo un mes a Bankia para remitir esta documentación, aunque la entidad pidió más tiempo para reunir la ingente cantidad de información solicitada, que finalmente aportó la semana pasada, han informado en fuentes jurídicas. Junto con los documentos, Bankia ha adjuntado un escrito en el que destaca su "máxima colaboración", pero lamenta que BFA y Bankia se hayan visto "obligadas a aportar abultadísima documentación, absolutamente confidencial, que afecta al núcleo mismo de su actividad mercantil y societaria".

En concreto, el magistrado reclamó, a instancias de los dos peritos designados que deben elaborar el informe que determinará el futuro de la causa, que identificaran las "operaciones u operativa, de cualquier tipo, con indicios de actuaciones irregulares detectadas por el grupo", y las que la actual dirección de Bankia denunció el pasado verano ante Anticorrupción y otros organismos supervisores o fiscalizadores.

Bankia puso en manos del Ministerio Público una quincena de operaciones "irregulares" que, según fuentes jurídicas, eran básicamente de Bancaja, y algunas de ellas estaban relacionadas con créditos supuestamente irregulares concedidos a empresas del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, incluido uno de 35 millones a Share Capital para la compra de activos inmobiliarios en Europa del Este.

También exigió un inventario a 31 de diciembre de 2011 de los riesgos refinanciados y los normales reclasificados a subestándar del sector inmobiliario en ajuste de la reformulación de mayo de los estados consolidados de Bankia, petición que extiende también a los riesgos hipotecarios minoristas.

Información de terceros

En su escrito, el grupo sugiere al magistrado que, si tras el examen que el Juzgado o los peritos realicen de la información remitida, "se alcanzara la conclusión de que alguno o algunos de los documentos no son útiles ni conducentes al objeto de la pericia", no lo incorpore a la causa. Con ello, se evitará que "puedan ser examinados por cualquiera, dado su contenido reservado, íntimo o confidencial", una confidencialidad que no pertenece a BFA y Bankia, sino también, "y esto resulta especialmente importante, a terceros que nada tienen que ver con esta causa", concluye.

BFA y Bankia sostienen que la petición de Andreu puede comprometer tanto sus "derechos más esenciales", como el de defensa, ya que ambas entidades están imputadas en la causa, como su "posición en el mercado, requerida sin la debida motivación ni justificación de su relación con la causa". De esta forma, lamenta que se le haya hecho un requerimiento "de forma masiva, sin explicitarse por qué la pericia o, más ampliamente, la presente investigación, exige toda esa documentación". Todo ello "sin mencionar las razones por las que procede el grave sacrificio de sus derechos a la intimidad, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y, en definitiva, a la tutela judicial efectiva".

"Se ha sometido, se está sometiendo a BFA y Bankia al escrutinio judicial de la totalidad de su actividad actual y pasada", algo que tacha de "perversión de los fines del procedimiento penal. La falta de motivación en la petición del juez "se hace más grave si se considera que parte de la documentación solicitada se refiere o afecta a terceros, a clientes o a entidades que han mantenido diversas relaciones" con la entidad, como por ejemplo datos de clientes particulares a los que se ha refinanciado una hipoteca.