Recuperación frágil y gradual
Los periodos preelectorales nos tienen acostumbrados a las exageraciones de los políticos. En el momento actual en que los indicadores económicos del primer trimestre señalan un posible cambio de tendencia, tan erróneo es negarlo como presentarlo con exceso de optimismo. La propia Comisión Europea, en su reciente informe de primavera, califica la recuperación europea de gradual y avisa sobre el exceso de optimismo que puede hacernos creer que se han quedado atrás los esfuerzos necesarios para alcanzar una recuperación estable.
En el caso de España, es cierto que las previsiones han mejorado, que ya se acepta por los analistas un cambio de tendencia al alza en la producción y que la confianza ha vuelto a los mercados haciendo más fácil la financiación de la deuda, pero dos puntos negros enturbian lo que podría ser una visión demasiado optimista: el paro y el exceso de endeudamiento público y privado. De momento, están funcionando bien las exportaciones de bienes y el turismo, pero esto no es suficiente para generar el empleo necesario y suavizar al menos las penurias de grupos sociales ya excesivamente numerosos, ni para recuperar el consumo de las familias que podría ayudar a las exportaciones en la tendencia ascendente de la producción.
En cuanto al empleo y al paro, no voy a repetir todo lo dicho en las últimas semanas. Los jóvenes y muchos de los no tan jóvenes, ya con más de 40 años, con experiencia y que ya disfrutaron de lo que se entendía por un empleo fijo, lo han perdido y saben que ya no van a encontrar empleo en las condiciones que se consideraban normales en la etapa anterior. Ahora los contratos que se les ofrecen son temporales o contratos por obra, que les asegura el trabajo por unos meses y con suerte les permite enlazar unos con otros. La dualidad en el mercado de trabajo de la que tanto hemos hablado en el pasado se está reduciendo, pero es a base de disminuir los contratos fijos, que prácticamente son los del sector público y los de algunas grandes empresas en el sector privado, cuando no se pierden drásticamente con un ERE. Otra salida de la inactividad para algunos desempleados es la de emprender una aventura como autónomos para la que realmente cuentan con poca ayuda de la Administración y de los bancos.
Aun así, no hay que desesperar, pero siendo realistas no es posible incrementar el empleo y reducir sensiblemente el paro si no hay más actividad económica en los sectores productivos de la economía. De alguna manera hay que romper el círculo vicioso en el que nos movemos. Aprovechando el respiro que nos da la vuelta de la confianza en los mercados internacionales, debería incentivarse seriamente la creación de empleo en las empresas.
En cuanto al elevado grado de endeudamiento público, que ya la Comisión estima en el 100,2% del PIB para 2014, claramente limita la capacidad del Gobierno para incentivar la economía. Para no aumentarlo y reducirlo solo hay dos caminos: o no producir déficit que inmediatamente se convierte en más deuda, o vender activos públicos permitiendo la amortización de dicha deuda. Para no producir déficit (en 2014, la Comisión estima que será del 5,6% del PIB) se tienen que reducir drásticamente los gastos, porque no es previsible que en el corto plazo aumente suficientemente la recaudación de impuestos. El problema está en la selección adecuada de los gastos a reducir.
Durante los últimos años, los ciudadanos hemos sufrido importantes recortes en gastos de enseñanza, sanidad y dependencia, además de la reducción de las inversiones, muchos de estos en detrimento de la calidad de los servicios, pero se ha conseguido muy poco en la reducción del déficit. ¿Por qué no se ataca de una vez la reforma general de las Administraciones públicas con supresión de entidades improductivas, reducción de Diputaciones y Ayuntamientos como se ha hecho en otros países europeos, reducción al mínimo de asesores, puestos políticos, etcétera? ¿Por qué, en un ambiente de austeridad y reducción de los salarios, no se revisan los salarios de los dirigentes de comunidades autónomas, Ayuntamientos, entes públicos y semipúblicos que ganan más que los ministros del Gobierno?
En los últimos informes de la Comisión Europea se estudia un tema de suma importancia sobre los factores que explican la divergencia entre países de la UE en lo referente al crecimiento de la productividad. En él se llega a la conclusión de que el mayor crecimiento de lo que llaman factor total de productividad (TFP) está relacionado con las debilidades en la convergencia europea, la debilidad del gasto en inversión, el deterioro de la eficacia de los Gobiernos y el envejecimiento rápido de la población. Del profuso análisis realizado se sacan algunas conclusiones. Se establecen como factores de mejora del TFP la calidad del capital humano, el mayor stock de capital y las condiciones estructurales del marco institucional.
Reflexionando sobre esto me pregunto si, en vez de fijarnos y discutir tanto sobre las tasas de crecimiento, no deberíamos analizar qué se está haciendo para mejorar la formación y educación de nuestros jóvenes adecuándola a las necesidades del mercado laboral actual. Qué estamos haciendo para mejorar la formación de los trabajadores en paro que han trabajado en la construcción y ya no encuentran trabajo. También me pregunto en qué medida se cuida y aplica el stock de capital y no como casos conocidos que realizan gastos en equipos que nunca se utilizan. Por último, me pregunto si tenemos unas instituciones eficaces que ayudan a mejorar la productividad de las empresas y los trabajadores o, por el contrario, es necesario reformarlas con detenimiento.
En conclusión, en 2014 estamos algo mejor que en 2013, año en el que se hablaba seriamente de la necesidad de un rescate, y los mercados financieros han vuelto a confiar en España. Existen condiciones para salir de la crisis, pero queda mucho por hacer y reformar, y la población está cansada de sacrificios mientras la desigualdad entre ricos y pobres crece dificultando la recuperación del consumo y, por tanto, de la actividad productiva. Pero esta es otra polémica ya iniciada y de difícil solución.
Carmen Alcaide es analista y expresidenta del INE.
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