El Ibex tiene blindados a 881 directivos

Las principales compañías españolas, incluidas en el Ibex 35, reconocen que tienen 881 trabajadores con contratos que recogen algún tipo de blindaje en caso de cese de la relación laboral, según los últimos informes de buen gobierno correspondientes a 2013 depositados en la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) la semana pasada, que por primera vez obliga a las empresas a informar sobre esta cuestión con detalle.

Estos empleados se aseguran una salida más que digna de las empresas con estos paracaídas dorados —como se conoce en el mundo anglosajón a estos blindajes— en caso de despido o cambio de control de la sociedad. La mejora de la información que se debe incluir en los informes de buen gobierno permite que los documentos correspondientes al ejercicio 2013, cuyo plazo de presentación terminó la pasada semana, ofrezcan una fotografía más precisa de los blindajes. Los informes no se limitan ya a dar cuenta solo de los contratos garantizados de los consejeros y altos directivos, sino que amplían el radar a mandos intermedios y demás personal cualificado por lo que la comparación con otros años resulta difícil. Además, las cotizadas detallan con más detalle las características de los blindajes pero no precisan el porcentaje que representan sobre sus plantillas. En un mercado laboral donde la última reforma permite el despido con una indemnización de 20 días y un máximo de 12 mensualidades, los contratos con estas cláusulas aseguran una remuneración mucho mayor.

La compañía del Ibex 35 con mayor número de trabajadores acorazados es Repsol. La petrolera reconoce tener en plantilla 296 empleados con blindajes entre consejeros ejecutivos, miembros del comité de dirección y directivos. En segundo lugar, en el ranking de blindajes se encuentra Grifols (94 casos) mientras el tercer puesto es para el BBVA (90).

Solo tres empresas del selectivo dicen no contar con ningún empleado blindado; se trata de Bankinter, Banco Popular y OHL. Por su parte, Mapfre no da cifras en su informe acerca de cuántos directivos con este tipo de contratos dispone, aunque explica que los contratos de sus ejecutivos finalizan cuando cumplen 60 años, salvo prórrogas adicionales, y la empresa les debe abonar una indemnización variable.

Repsol, Grifols y BBVA son las empresas que tienen más blindajes

La transparencia en torno a los blindajes es mejorable. En la casi totalidad de los casos —con la única excepción de Indra— el órgano que aprueba estos sistemas de indemnización es el Consejo de Administración y no la junta general de accionistas. Además, 14 empresas admiten que los administradores no informan de las cláusulas a los accionistas.

Otro aspecto donde todavía hay recorrido de mejora es en la cuantía de las indemnizaciones. Tras el estallido de la crisis la Comisión Europea hizo pública una recomendación en abril de 2009 sobre los sistemas de remuneración de los consejeros. La Comisión consideraba necesario garantizar que los pagos por rescisión “no representen una recompensa del fracaso” y sugería que su cuantía no debería superar la cantidad equivalente a dos anualidades de sueldo fijo. Hay empresas que han adaptado sus sistemas de retribución a la sugerencia de Bruselas, algunas los han actualizado, pero sin carácter retroactivo, y otras han hecho oídos sordos.

Solo Bankinter, Banco Popular y OHL dicen no tener a ningún directivo con protección especial

Una de las empresas donde los blindajes son más elevados es ACS. Los contratos de seis de los miembros de la alta dirección de la constructora, incluidos los consejeros ejecutivos, contemplan indemnizaciones máximas de cinco años. En el caso del presidente de ACS, Florentino Pérez, el coste de su despido sería de tres anualidades (13,6 millones de euros según su sueldo en 2013).

Iberdrola es uno de los casos de adaptación de su política de retribución para altos directivos a la propuesta de moderación salarial de Bruselas. En 2011 la eléctrica aprobó un límite de la cuantía de la indemnización de dos anualidades. Sin embargo, esta norma tiene su excepción: el presidente y el director general actuales. Ignacio Sánchez-Galán, su principal ejecutivo, tiene derecho a cobrar tres anualidades más otras dos por comprometerse a no trabajar en la competencia. Con el último salario en la mano, el recambio en la presidencia le costaría a Iberdrola cerca de 37 millones.

Bruselas aconseja que los finiquitos por despido no superen las dos anualidades

También rebasan la recomendación de Bruselas los blindajes del consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin (seis anualidades del sueldo fijo), el del consejero delegado de Gas Natural, Rafael Vilaseca (cuatro anualidades), el del presidente de Repsol, Antonio Brufau (tres anualidades) y del consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés (tres anualidades). Telefónica limitó en 2006 a dos anualidades la indemnización de sus consejeros ejecutivos y directivos, salvo aquellos contratos que se firmaron con anterioridad y que tienen un tope de cuatro anualidades.

Los servicios jurídicos de las compañías argumentan que la razón de ser de los contratos acorazados de los directivos tiene su origen en el Estatuto de los Trabajadores, que considera que la relación laboral entre un directivo y su empresa tiene “carácter especial” y por eso sus características se desarrollan en un real decreto del año 1985. En este texto legal se establece que si no hay un pacto previo entre la compañía y el directivo, este podrá ser despedido con una indemnización equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio con un límite de seis mensualidades. Además, se fija que el empresario puede exigir al directivo que durante un determinado periodo de tiempo no fiche por otra compañía que sea competencia directa.

En 2012 se filtró que el Gobierno quería poner coto a las indemnizaciones millonarias. A finales de noviembre de ese año se aprobaron algunas modificaciones fiscales para penalizar —ligeramente— los blindajes. La medida fue menos drástica de lo que se había anunciado en un principio, pero bastó para activar la salida de varios consejeros ante el miedo de que se aprobase una medida más dura. El ex consejero delegado de Telefónica, Julio Linares, desplegó su paracaídas dorado y cobró 24,7 millones de euros, el ex número dos de Ferrovial, Joaquín Ayuso, cobró 8,1 millones, mientras que el exvicepresidente de Indra, Regino Moranchel, logró un finiquito de 9,1 millones.

En muchos casos las empresas aún aseguran indemnizaciones superiores a los dos años

La última indemnización millonaria la cobró el ex consejero delegado de FCC, Baldomero Falcones, quien firmó su salida por 7,5 millones. Estas cantidades, sin embargo, quedan lejos de los finiquitos que en su momento cobraron Ángel Corcóstegui (110 millones) y José María Amusátegui (43 millones) por abandonar el Banco Santander Central Hispano.