El Estado pagó en los 30 días legales a sus proveedores en el cuarto trimestre

La Administración General del Estado (AGE) tardó una media de 30 días en pagar a sus proveedores en el cuarto trimestre de 2013, con lo que cumplió el plazo máximo fijado por la Ley de Morosidad, si bien la demora en el conjunto del año se eleva a 40 días al calcular la media de los cuatro trimestres.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la media de 2013 es 7,5 días inferior a la registrada en 2012, si bien ese año la AGE disponía de un plazo máximo transitorio de 40 días.

Los 30 días que tardó el Estado en pagar entre octubre y diciembre de 2013 también suponen una reducción con respecto al tercer trimestre de 2013, cuando el periodo medio de pago fue de 35 días.

El plazo máximo de 30 días está establecido para las operaciones de las administraciones públicas de gastos corrientes en bienes y servicios, mientras que en el caso de pagos a empresas constructoras de obra civil con contrato en vigor se eleva a 60 días, el mismo previsto en la ley para las operaciones entre empresas privadas.

De acuerdo con el último informe trimestral de Hacienda, el tiempo que tardó de media la AGE en pagar las inversiones en el cuarto trimestre de 2013 fue de 23 días, frente a los 33 días del trimestre anterior.

A 31 de diciembre de 2013 había 3.140 operaciones pendientes de pago por un importe de 388,4 millones de euros, que acumulaban un retraso medio de 14 días.

De esas operaciones, en 202 casos en los que el importe ascendía a 13,5 millones se excedió el periodo legal de pago, al alcanzarse 73 días de media.

No obstante, más de la mitad de ellas (130 por 11,5 millones de euros) estaban pagadas a 25 de enero de 2014, con lo que sólo quedaron pendientes 72 transacciones por 2 millones de euros.

Hacienda explica que gran parte de esas operaciones se encuentran en esa situación debido a la falta de datos bancarios o a la existencia de incidencias como embargos o compensaciones tributarias.

Los más cumplidores en los pagos en el cuarto trimestre fueron el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (15 días), el Ministerio de Presidencia (16 días), y los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ambos con 19 días).

El Ministerio de Justicia fue el que más tardó en pagar (37 días), seguido del Ministerio del Interior (35 días), el Ministerio de Fomento (32 días) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (31 días).

De acuerdo con el informe, los que más operaciones pendientes de pago tenían a 31 de diciembre de 2013 eran el Ministerio del Interior (502 operaciones por 33,5 millones de euros) y el Ministerio de Defensa (265 por 24,2 millones de euros).

Hacienda subraya que no figuran en este informe las operaciones que no están basadas en una relación comercial, como las que son consecuencia de una relación estatutaria o de personal, o las que se deben a la potestad de expropiar de la Administración.

También se excluyen las realizadas entre los distintos ámbitos del sector público estatal y las operaciones entre este y los órganos centrales de las comunidades autónomas.

El informe recoge sólo la morosidad de la administración central, por lo que no incluye ni a la administración autonómica ni a la local, donde la demora media en los pagos suele ser mayor.

Así lo corrobora la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que recoge sus propios datos y desglosa por tipo de administración, al afirmar en su último informe que entre enero y marzo de 2014 las comunidades autónomas tardaron en pagar a sus proveedores de media 124 días, mientras que los ayuntamientos lo hicieron en 98 días.

Además, ATA cifra en 85 días el plazo medio de pago en el sector privado para ese mismo periodo.

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), por su parte, elabora un informe sobre la morosidad de las pymes y diferencia según el tamaño de las mismas.

Así, establece que en el último trimestre de 2013 las microempresas (1 a 9 trabajadores) tardaron en pagar 76 días, en tanto que las pequeñas (10 a 49) se demoraron 81 días y las empresas medianas (50 a 249), 83 días.

De acuerdo con los datos de Cepyme, todas incumplieron el plazo de 60 días que establece la ley para los pagos entre empresas privadas.