Manual de economía sumergida en la sentencia contra el hotelero ‘pirata’
La juez detalla como Fernando Ferré construyó un emporio oculto a los ojos de Hacienda El empresario ha sido condenado a 7 años por 14 delitos fiscales y tres contra sus trabajadores
El relato de hechos probados de la sentencia judicial contra Fernando Ferré Cardó describe un ejemplo de economía sumergida, de actividad clandestina al ser opaca al fisco y, además, con explotación y tráfico de trabajadores. Competir con ventajas y precios bajos desde la ilegalidad fue lo que hizo este empresario, conocido como el hotelero pirata de Ibiza, que carga con una condena de siete años de cárcel por 14 delitos contra Hacienda y tres contra los trabajadores.
Durante años, Ferré defraudó a Hacienda, no consignaba en la contabilidad oficial los ingresos de las agencias de viajes, de los tour operadores o las comisiones, ni tampoco las cajas diarias de bares y restaurantes. Con tanto efectivo, numerosos gastos de personal, compras y alquileres de hoteles “se abonaban en B (negro)”, reseña la juez Martina Rodríguez en la condena. “La totalidad de las declaraciones” de sus empresas ante Hacienda eran “ficticias", hacían “operaciones económicas inexistentes” y facturaciones irreales, añade.
El emporio de empresas de Ferré operaba con una sola marca, Grupo Playa Sol (GPS), pero dispersada en una malla de 301 sociedades, casi sin capital, patrimonio ni actividad comercial cuyo “objetivo era ocultar bajo un desproporcionado número de sociedades la existencia de un negocio único real, consistente en la actividad hotelera”.
El empresario, de 69 años y natural de Santes Creus, Tarragona, llegó a tener hasta 72 hoteles en Ibiza y Mallorca y casi 2.000 empleados. Ante el tribunal, asumió en una sentencia por conformidad pagar con siete años de cárcel y una multa de 11 millones por indemnización al Estado.
"Poner en peligro la vida de sus trabajadores"
Ferré atentó contra los derechos de los trabajadores en tres modalidades penales distintas: por “tráfico ilegal de mano de obra”; por “imposición de condiciones laborales mediante engaño" y, además, “por poner en peligro la vida, salud o integridad física de aquellos, por falta de medidas de seguridad o higiene”. Contrató sin seguridad social hasta 477 empleados en Chequia, hacinados en sótanos, con contratos en un idioma que no entendían; impuso jornadas de hasta 16 horas, sin libranzas ni vacaciones y sueldos de tres euros la hora.
“Aumentó sus beneficios a través de costes salariales ostensiblemente menores a los mínimos marcados por la Ley”, reseña la juez sobre la base de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y del sindicato Comisiones Obreras. Además, también considera que incurrió en explotación y competencia ilegal ya que con "un coste de seguridad social inexistente", estaba "en mejor posición que el resto de industriales a la hora de comercializar sus productos”.
Impuesto de sociedades
Según el relato de los hechos probados, el empresario Ferré dejó de pagar entre 1,7 millones y medio millón de euros por el impuesto de sociedades según el año; evadió de 600.000 a 400.000 euros anuales de IVA y tampoco ingresó entre un millón y 265.000 euros por rendimientos del trabajo de sus empleados. En las ventas y compras de edificios defraudó hasta 900.000 euros en un año por el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados.
El negociante, además, “utilizó a fiduciarios u hombres de paja para esconder su participación en las distintas operaciones”, una de las cuales fue la compra de un hotel por 12 millones. Para reforzar la opacidad de su actividad frente al fisco, dispersó sus negocios en tres centenares de sociedades pantalla con el objetivo de “fragmentar la actividad en tantas partes" como fuese necesario para no sobrepasar los límites que obligan a llevar a cabo auditorías, cumplir con ciertos requisitos laborales como los comités de empresa o los enlaces sindicales, y exigencias fiscales. Quería “practicar un reparto ficticio de fondos entre las mismas, creando artificialmente ingresos y gastos mediante facturación por conceptos ficticios que se cruzaban las distintas sociedades”, afirma la condena.
Además, la juez explica que Ferré fijó el domicilio fiscal de todas sus sociedades en Madrid o Barcelona y no en donde ejercían su actividad, que era principalmente la isla de Ibiza, para "no destacar entre las empresas de gran volumen”, no levantar sospechas sobre la ficción y pagar una nimiedad.
