Mineros de Bolivia fuerzan a paralizar la ley tras el choque que dejó dos muertos

El Gobierno y el Congreso de Bolivia paralizaron hoy la aprobación de una nueva ley minera para buscar un acuerdo con las cooperativas del sector tras la muerte de dos mineros que bloqueaban carreteras en enfrentamientos con la Policía.

El ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó de que en coordinación con la Cámara de Senadores se ha suspendido el debate de la normativa que ya fue aprobada el fin de semana en la Cámara de Diputados con la modificación de dos artículos, lo que rechazan los mineros movilizados.

La decisión de frenar el tratamiento de la ley ha sido tomada "en aras del restablecimiento de la normalidad del país y para evitar que se produzcan acciones violentas e innecesarias por parte de los cooperativistas mineros", sostuvo Quintana ante los medios.

Casi al mismo tiempo, el titular de Gobierno (Interior), Carlos Romero, confirmó la muerte de un segundo minero durante los enfrentamientos entre la Policía y los obreros que se produjeron el lunes.

Los dos fallecidos pertenecían a la Cooperativa Minera El Progreso Kami cuyos miembros bloqueaban el lunes la carretera entre las ciudades de Oruro (oeste) y Cochabamba (centro).

Ambas muertes se debieron a disparos por arma de fuego, según los dirigentes de las cooperativas.

En declaraciones a los medios, Romero lamentó los fallecimientos y dijo que facilitará cualquier investigación para aclararlas porque desconoce cómo se produjeron.

El ministro negó que la Policía hubiera tenido una actitud represiva y que portaran armas de fuego.

"Ha habido una mano negra que está detrás de las muertes y de los heridos y eso es lo que debe establecerse en los niveles correspondientes de investigación", declaró Romero.

El enfrentamiento ha dejado también 86 policías y ocho mineros heridos, además de tres agentes supuestamente capturados como rehenes por los cooperativistas, según el ministro.

El diario Los Tiempos publicó este martes la fotografía de un policía con una pistola en la mano mientras trata de huir de las piedras lanzadas por los manifestantes en el lugar denominado Sayari donde, según ese medio, murieron los dos cooperativistas.

Además de las piedras, los manifestantes usaron cargas de dinamita para repeler a los policías que tenían la orden de desbloquear las carreteras, medida de presión que afecta el tránsito en Oruro, Cochabamba, Potosí y La Paz y amenaza con extenderse.

Tras la decisión de suspender el tratamiento de la ley, los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Minas advirtieron de que el bloqueo de las carreteras se tornará masivo para presionar al Congreso a que el proyecto de ley minera se apruebe sin cambios.

Los cooperativistas protestan porque se ha reformado un documento que hace dos semanas fue presentado en un acto por el presidente del país, Evo Morales, y todos los representantes del sector minero como un proyecto concertado durante tres años.

Ya en el Congreso, los diputados detectaron que dos artículos que benefician a los cooperativistas contradicen la Constitución.

Uno de los cambios al proyecto ratifica la potestad exclusiva y constitucional del Estado en la firma de contratos mineros con privados del país o extranjeros.

El proyecto facultaba a las cooperativas para firmar contratos de asociación con privados, nacionales o trasnacionales, para la operación de los derechos mineros que les otorgó el Estado.

Según el Gobierno, el riesgo de esa posibilidad era que los privados se aprovecharan de las condiciones tributarias preferentes otorgadas a las cooperativas y se apropiaran de los yacimientos.

El otro cambio rechazado por los cooperativistas es que sus contratos con el Estado deban ser aprobados en el Parlamento, ya que el proyecto establecía que se refrendarían en una instancia menor.

Además, el Gobierno ha defendido que la normativa vela por que las cooperativas mantengan sus propósitos sociales y por que sus miembros se repartan los ingresos de forma igualitaria, sin que existan grupos privilegiados que subcontraten a peones en graves condiciones laborales.

El máximo dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Alejandro Santos, manifestó a los medios que los cambios al proyecto de ley condenan al sector a no seguir creciendo y a tener complicaciones económicas cuando enfrenten situaciones de crisis.

En Bolivia existen unas 1.200 cooperativas mineras que agrupan a decenas de miles de miembros.

Este sector ha respaldado las reformas políticas y sociales de Morales, aunque en las últimas horas han criticado al mandatario.