El movimiento sindical de Paraguay renace en oposición al Gobierno de Cartes

Tener un enemigo común es un aliciente para olvidar rencillas y eso es lo que ha ocurrido entre los fragmentados sindicatos de Paraguay, que han entrado en escena con la huelga general del miércoles contra el principal plan económico del presidente Horacio Cartes.

La llamada Alianza Público Privada es el caballo de batalla del mandatario conservador, que mira a la iniciativa privada como motor de la economía y cuya meta con ese programa es captar inversión externa para mejorar las deficientes infraestructuras paraguayas.

A cambio, el plan otorga concesiones de carreteras, hidrovías y aeropuertos a empresas privadas, que se embolsarían las tarifas por su uso.

El modelo se aplica ya en otros países latinoamericanos como Brasil, Chile, Perú, México y Colombia, apoyado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero la izquierda paraguaya lo ve como un plan de privatizaciones encubiertas.

El paso de la ley por el Congreso el año pasado provocó protestas de algunos sindicatos estatales, pero no hubo una reacción unificada en contra, y el Poder Legislativo le dio el visto bueno por una abrumadora mayoría.

"Cuando se aprobó estábamos cada uno por nuestro lado", admitió a Efe Ermo Rodríguez, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay.

El ambiente ha cambiado cinco meses después tras la celebración de la huelga general, el miércoles, que constituyó la mayor movilización contra el Gobierno de Cartes desde que asumió su mandato el pasado agosto.

El movimiento sindical en el país es una sopa de acrónimos compuesta por grupos escindidos y rivales, cuyos dirigentes se sorprendieron a sí mismos al ponerse de acuerdo sobre la huelga.

"Ha habido muchos recelos, mucha separación, por la ley estamos juntándonos", reconoció Rodríguez.

Aldo Snead, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de los principales sindicatos, consideró que la huelga supone "el renacimiento de la clase sindical" en Paraguay.

Un elemento clave fue que lograron que coincidiera con la marcha anual que realiza la Federación Nacional Campesina (FNC), la cual añadió el rechazo a la ley de las APP a sus tradicionales demandas de reforma agraria y apoyo a los pequeños agricultores frente al modelo basado en el latifundio.

No todo fue perfecto, pues la FNC y organizaciones afines, y los principales sindicatos hicieron sus respectivos actos de cierre de movilización por separado, a unos quinientos metros uno de otro, en el centro de Asunción.

La huelga llegó tras un período de manifestaciones por temas puntuales en Paraguay, nunca masivas, pero bastante constantes, que acapararon titulares, primero contra la corrupción, especialmente en el Congreso, y luego contra un alza del 20% en el valor del transporte público.

Rodríguez las consideró "pequeños fuegos" que han contribuido a una movilización social que va "de menor a mayor", a su juicio.

Cartes ha respondido con un ramo de olivo, al convocar a los sindicatos a una mesa de diálogo sobre sus reivindicaciones, la mayoría de las cuales consideró "legítimas".

En el Congreso, el mandatario ha logrado la aprobación de sus prioridades legislativas, gracias a que el gobernante Partido Colorado cuenta con el mayor grupo.

Sin embargo, el activismo en las calles le abre un nuevo frente de oposición y la obsesión de los sindicatos con la ley de las APP complica su aplicación, pues las empresas interesadas deberán tener en cuenta el riesgo de protestas en futuros proyectos.

Las últimas grandes movilizaciones en el país tuvieron lugar en 2002 y 2005 contra planes de privatización que el Congreso dejó de lado ante el rechazo popular.

En lo que estuvieron de acuerdo huelguistas y autoridades fue en celebrar el carácter pacífico de las marchas del jueves.

La experiencia del jueves aleja el fantasma de la violencia política en Paraguay y con su llamada al diálogo, Cartes abre el camino para una negociación de los temas que llevaron a la huelga.

César Muñoz Acebes