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El juez Silva se sienta en el banquillo por el ‘caso Blesa’ desde el 21 de abril

El Tribunal cita a una veintena de testigos y dará lectura a los correos del banquero

El juez Elpidio José Silva, el pasado junio.
El juez Elpidio José Silva, el pasado junio.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) empezará a juzgar al magistrado Elpidio José Silva el próximo 21 de abril por delitos de prevaricación, entre otros, cometidos presuntamente durante su investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, al que ordenó encarcelar en dos ocasiones.

En un auto, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala para el 22 de ese mes el interrogatorio al juez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que fija la fecha del juicio oral contra Silva por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. El exbanquero pide 40 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía solicita 30 y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama una pena de 24 años de inhabilitación, informa Europa Press.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 se encuentra en la actualidad suspendido de funciones y ha anunciado su intención de incorporarse a las listas del Movimiento Red para las elecciones europeas. De hecho, Silva pidió la pasada semana una excedencia voluntaria para ser candidato.

Asimismo, el tribunal fija para el día 23 las testificales de Miguel Blesa, su abogado, Carlos Aguilar y otros, entre ellos tres guardias civiles y dos empleados de la consultora KPMG. El 28 de abril, el juicio tiene previsto concluir con la fase documental y las conclusiones definitivas de las partes. También declarará el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, y varios de sus abogados que ejercieron de acusación en la causa que instruía Silva; su sustituto mientras cumplía una sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Antonio Toro, o el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol.

Silva, apartado cautelarmente por el CGPJ desde el pasado 4 de febrero, se enfrenta así a su expulsión definitiva de la carrera, a la que accedió por el tercer turno sin oposición, en caso de que la sentencia sea condenatoria. La Sala rechaza practicar en el acto del juicio oral varias de las pruebas reclamadas por el magistrado, entre ellas la lectura de los correos electrónicos corporativos que ordenó incautar al exbanquero durante su investigación, que fue anulada por la Audiencia de Madrid.

En este sentido, precisa que solo se leerán aquellos que guarden relación con este procedimiento, “previa selección reservada por los miembros de este tribunal”, con el objeto de “preservar la intimidad” y la “afectación de los derechos constitucionales de todas las personas a las que afecten esos correos”. Además, el TSJM se opone a citar a declarar a los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, instructores del caso Bankia y el caso CAM, respectivamente, y cuyas testificales reclamó Silva para que expusieran la “práctica forense” que se realiza en este tipo de investigaciones.

También rechaza preguntar a Bankia los nombres de los miembros del Consejo de Administración y el Comité de Riesgos de Bankia en 2013 y sus “vinculaciones conyugales” con la directiva de Caja Madrid por “carecer de toda relación” con esta causa. El magistrado del TSJM Jesús Gavilán, instructor de la querella del Ministerio Público contra el hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, abrió juicio oral el pasado 23 de enero al apreciar indicios de que Silva cometió estos delitos en la instrucción del denominado caso Blesa. Según Gavilán, Silva prevaricó al abrir una “causa general” y “prospectiva” contra el exbanquero en la causa en la que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán que él mismo archivó dos años antes, y del que luego desgajó el de la compra del City National Bank de Florida, por el que envió a Blesa a prisión.

Al encarcelarle, precisaba, adoptó dos medidas “incompatibles entre sí”, pues la primera se ordenó en mayo bajo fianza de 2,5 millones y la segunda, quince días después, de forma incondicional.

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