Las industrias cogeneradoras advierten de cierres por la reforma eléctrica
Las industrias cogeneradoras españolas han advertido hoy de que la aplicación del recorte retributivo propuesto por el Gobierno para esta tecnología supondrá un aumento del coste energético que llevará a muchas empresas a pérdidas, lo que implicará cierres, pérdida de empleo y deslocalización.
Las patronales de los sectores azulejero (Ascer), papelero (Aspapel), del ladrillo (Hispalyt), de fabricación de alimentos y bebidas (Fiab), jóvenes agricultores (Asaja) y cooperativas agroalimentarias han suscrito hoy un manifiesto en defensa de la cogeneración que han remitido al Ministerio de Industria junto a una solicitud de reunión con el ministro, José Manuel Soria.
En un encuentro con medios, los responsables de estas asociaciones han defendido la reindustrialización de España a través de la cogeneración, un sistema que permite generar al mismo tiempo electricidad y calor útil para algunas industrias, lo que supone un importante ahorro energético para las empresas que los utilizan.
Según las asociaciones, el recorte retributivo propuesto por el Gobierno para la cogeneración como parte de la reforma energética hace económicamente inviables estos sistemas, lo que llevará a su cierre y, como consecuencia de esto, los costes energéticos de las fábricas a las que están asociados se dispararán hasta amenazar su propia supervivencia.
De acuerdo al manifiesto, el cierre de las plantas de cogeneración supondría una caída de la demanda nacional de gas del 10 %, un impacto socioeconómico de más del 1 % del PIB y la pérdida de 70.000 puestos de trabajo directos.
El texto también subraya que el nuevo esquema retributivo no tiene en cuenta las particularidades de la cogeneración, como el hecho de que al estar asociada a la industria no puede tener límites en horas de funcionamiento o que contribuye a tratar subproductos de la actividad económica, como los purines.
El presidente de Ascer, Isidro Zarzoso, ha cifrado en 53 millones de euros el impacto de esta medida, un importe que no se podría trasladar al producto final y que es superior a los beneficios del sector en 2012 (el último ejercicio cerrado), lo que previsiblemente lo colocaría en pérdidas.
El presidente de Aspapel, Eduardo Querol, ha defendido que los cambios normativos elevarán en más de un 50 % la factura eléctrica, algo "inasumible" que llevará al sector papelero a "cierres, deslocalizaciones y pérdida de la capacidad exportadora".
Por su parte, el presidente de Hispalyt, José Malpesa, ha afirmado que el impacto obligará a cerrar "todas las plantas de cogeneración" antes del verano, lo que "puede llevar al cierre de hasta 110 fábricas de ladrillos" que ya se encuentran en pérdidas.
El presidente de Fiab, Pedro Astals, ha insistido en que la subida de costes supondrá pérdida de posición competitiva y ha criticado el carácter retroactivo de la medida, al igual que el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien también ha recordado que los purines y el orujo del aceite de oliva "hay que quitarlos del medio" y que la mejor vía es la cogeneración.
Por último, el presidente de las cooperativas agroalimentarias, Fernando Marcén, ha pedido "el cambio o retirada de la propuesta" ya que "se empiezan a tener problemas muy graves con los purines" que podrían llevar al "cierre de muchas explotaciones" porcinas.
La patronal de la cogeneración Acogen calcula el impacto total del recorte retributivo propuesto en 660 millones de euros, una cifra que se eleva hasta los 1.032 millones al incorporar el efecto del resto de medidas puestas en marca desde 2012.
