La patronal tacha de “absolutamente inadecuado” el nuevo sistema eléctrico

La patronal eléctrica Unesa rechaza por “absolutamente inadecuado” el real decreto por el que se establece la nueva metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) y su régimen jurídico de contratación. En el escrito de alegaciones enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Unesa afirma que “resulta evidente que un cambio como este no puede realizarse sin una planificación cuidadosa con los agentes involucrados, acompañado una extensa campaña de información” y destaca que se han creado unas “expectativas exageradas” en relación con la opción de facturar por horas en algunos casos.

“Ni el plazo dado en el trámite de audiencia ni, sobre todo, el procedimiento seguido en la elaboración de la propuesta por parte de la Secretaría de Estado (de Energía), con total ausencia de consulta con el sector, se considera apropiado, sobre todo a la vista de la propuesta remitida, habiéndose ignorado aspectos y dificultades técnicas básicas”, subraya el escrito.

Según Unesa, “el procedimiento propuesto supone facturar a los clientes al precio spot del mercado, lo que generará una enorme complejidad, y un impacto imprevisible en los clientes, dada la volatilidad de precio al que pueden verse sometidos”. La patronal recuerda que eso ya ocurrió con otras modificaciones, como con la facturación mensual, que “sin aportar ganancias para el consumidor dieron lugar a una gran controversia”.

Sobre la medida horaria, Unesa hace hincapié en que el colectivo de consumidores domésticos que a finales de 2014 aún continuaría sin disponer de un contador digital es del 65%. Además, subraya “la enorme complejidad técnica" que supone el uso de estos contadores. Según argumentan, "la falta de procedimientos de intercambio de información entre distribuidores, comercializadores y el mercado hace que sea muy complejo utilizar estos datos para los procesos de facturación a los consumidores”. En ese sentido, aboga por modificar técnicamente los sistemas que se están instalando para que, en un periodo razonable, sea una realidad la facturación por horas.

Sobre los plazos, la patronal considera que el plazo de un mes que estipula la propuesta para llevar a cabo la adaptación de los sistemas de facturación es “absolutamente insuficiente” para acometer con un mínimo éxito la reforma. A este respecto argumentan la enorme trascendencia y complejidad que se deriva de la propuesta, por lo que consideran “absolutamente necesario” el establecimiento de mecanismos provisionales.

Culpables del caos

Ante todo eso, Unesa resalta que “el método propuesto, independientemente de la valoración que pueda merecer el esquema concreto, va a destruir la escasa confianza de los clientes en el mercado eléctrico provocando que se culpe del previsible caos resultante a la supuesta liberalización, cuando el problema se encuentra en la falta de una verdadera liberalización del suministro eléctrico”.

Por otra parte, para Unesa, la propuesta plantea serias dudas respecto a su legalidad a la vista, entre otras disposiciones, de lo recogido en la Ley del Sector Eléctrico. Esta norma, entre otros aspectos, establece el derecho de los consumidores a “ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”. “Es evidente que este no va a ser el caso, pues los consumidores no van a conocer de antemano el precio al que se le va a suministrar”, afirman desde Unesa.

Información transparente

La patronal eléctrica también apela a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el que se dispone que antes de contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo. En el mismo plano, enmarca la obligación de informar del precio completo, incluida la publicidad y otros gastos que se repercutan al consumidor.

Respecto a la obligación de que los comercializadores de referencia tengan que realizar ofertas de suministro a precio fijo para un año, Unesa sostiene que distorsiona el mercado al poner en competencia entre sí a los comercializadores de referencia, lo que puede suponer una injerencia en la comercialización libre, resultando incompatible con el esquema recogido en la nueva Ley del Sector eléctrico que acaba de aprobarse.

También considera que la imposición de una lista de comercializadores es discriminatoria al obligar a determinados comercializadores al suministro bajo determinadas condiciones sin reconocer una retribución suficiente. El mantenimiento de un margen comercial de 4 €/kW y año se considera absolutamente insuficiente como ha sido puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones y más teniendo en cuenta el incremento de las obligaciones impuestas a los comercializadores de referencia en esta propuesta.