Rivero emprende una batalla penal para recuperar sus acciones en Gecina

El empresario Joaquín Rivero ha denunciado a Blackstone, uno de los mayores fondos de capital riesgo del mundo, y otras entidades financieras en un juzgado de Madrid por presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por apropiarse —de forma indebida, según Rivero— de un paquete de acciones de Gecina, la mayor inmobiliaria de Francia, valorado en unos 1.600 millones de euros. El empresario emprende así una batalla penal para recuperar sus títulos y los de su socio, Juan Bautista Soler, que estaban depositados en Luxemburgo como garantía de unos préstamos y que han acabado en manos del fondo estadounidense.

El conflicto tiene su origen en 2012, cuando Blackstone y el fondo Ivanhoé Cambridge —del fondo de pensiones públicas de Quebec— empezaron a comprar deuda de Rivero y Soler después de que sus sociedades Alteco y MAG Import, propietarias del 31% de Gecina, presentaran concurso de acreedores, el quinto mayor registrado en España.

Dos jueces de lo mercantil en Madrid, a cargo de dichos procesos concursales, decretaron en 2013 como medida cautelar que las acciones no fueran vendidas ni traspasadas hasta que se aclarara la situación. Blackstone e Ivanhoé llevaron el caso a un juzgado de Luxemburgo, donde se ordenó al banco depositario de dichas acciones, Calux, que las entregara a los nuevos propietarios de la deuda.

El fondo de capital riesgo logra en Luxemburgo vía libre para entrar en la inmobiliaria

Los abogados de Rivero y Soler sostienen que los competentes para decidir son los jueces españoles y que los fondos han maniobrado de forma sospechosa para conseguir que la justicia luxemburguesa ordenara ejecutar esas garantías. Por ello, denuncian a Blackstone e Ivanhoé por “un presunto delito societario, de insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, estafa y concurso culpable”, según consta en el auto en el que el juez de lo penal correspondiente admite a trámite la denuncia.

“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, afirma el juez, que ordena la apertura de diligencias previas.

La denuncia también incluye a antiguos acreedores de Alteco y MAG Import: Natixis, Bankia, Bank of America y Merrill Lynch, que vendieron su deuda a Blackstone. Los denunciantes aseguran que Blackstone e Ivanhoé compraron la deuda de Rivero y Soler sin declararlo en el juzgado, para que, en caso de que ningún juez les dejase ejecutar la prenda, la deuda siguiera estando a nombre de acreedores financieros y no perdieran su derecho a voto ante un hipotético convenio. Los denunciantes consideran que, para ello, contaron con la colaboración de estas entidades y por eso las incluyen en la denuncia. Según fuentes cercanas al proceso, los denunciantes desconocen cuántas acciones quedan en depósito en la sucursal del Calux.

El expresidente de Metrovacesa y su socio Juan Bautista Soler han suspendido pagos

La juez luxemburguesa determinó que “el precio de referencia para la apropiación de las acciones de Gecina será el valor de cotización en Bolsa al cierre la víspera del día en el cual las partes tengan la libre disposición de las acciones”. Esto es, cerca de 91 euros por acción.

En el fallo, la juez luxemburguesa considera que es competente para decidir sobre el asunto. Recuerda que el contrato de prenda firmado el 25 de marzo de 2009 contenía una cláusula atributiva de jurisdicción: “Cualquier controversia que se derive del presente contrato se someterá a la jurisdicción de los tribunales de Luxemburgo (...), sin perjuicio de los derechos de los acreedores pignoraticios de emprender medidas legales ante cualquier otro órgano jurisdiccional competente”.

Y da la razón a los demandantes, tanto Blackstone como Ivanhoé, porque considera, entre otros argumentos, que el tema en discusión “constituye una acción autónoma con respecto al concurso de acreedores”. Tras acceder a las acciones, Blackstone ha requerido representación en el Consejo de Administración de Gecina acorde a su participación, del 22,9%.

Este litigio constituye el último capítulo de la caída del imperio que se creó en torno a la inmobiliaria Metrovacesa. Rivero perdió el control de esta compañía, pero él y su socio se quedaron como accionistas en Gecina, participada por la española desde 2004.