El fiscal pide 4 y 2 años de cárcel para dos exdirectivos por el saqueo de la CAM

Crearon una comisión ficticia con el único objetivo de ganar dinero. Y una vez creada, cada año se duplicaron las dietas por asistir a ella. 8.200 euros el primero, 16.400 el segundo, 32.800, el tercero… Todo ello sin que ese órgano decidiera nada. Ese es, en esencia, el relato que sigue la Fiscalía Anticorrupción en su escrito por el que ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuatro años de cárcel para el ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, y dos años y seis meses para Juan Ramón Avilés, el expresidente de la comisión de control de la caja, rescatada en 2011 con 5.200 millones de euros. El fiscal acusa a este último de utilizar su cargo para beneficio propio concediendo a su propia empresa préstamos millonarios ruinosos para la entidad.

El escrito del fiscal acusa a López Abad, que fue director entre febrero de 2001 y diciembre de 2010, de un delito continuado de apropiación indebida. El exdirectivo fue el urdidor de la trama para multiplicar los ingresos de los responsables de la entidad. Para ello recurrió a una sociedad participada casi al 100% por la caja, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). López Abad promovió el 23 de diciembre de 2005 la creación de una comisión de control en el seno de TIP de la que formarían parte todos los miembros de la comisión de control de la propia CAM. El acuerdo por el que se creó fijó para 2005 una “dieta anual única” de 8.200 euros, aunque en ese momento solo le quedaban ocho días a ese año, y del doble, es decir 16.400 euros, para 2006.

Pero a mediados de 2006, en junio, TIP decidió duplicarla. Así, además de los 16.400 recibidos ese año, los miembros de su comisión de control recibirían otros 16.400 el segundo semestre. Y para los años sucesivos, la dieta anual quedaba fijada en 32.800. En abril de 2007, sin embargo, se volvió a establecer que los “cargos internos” cobrarían el doble. Con la llegada de Avilés a la comisión de control en 2007, siguió multiplicándose la retribución de los directivos por asistir a ella. El 28 de marzo de 2008 se acordó que el presidente cobraría 80.000 euros al año y 40.000 el secretario y el vicesecretario. El resto de miembros se embolsaron desde ese momento 20.000 euros.

Esa escalada retributiva contrasta con la escasa actividad del órgano. En sus seis años de historia, la comisión de control de TIP se reunió solo 16 veces justo antes o después de que se celebraran las comisiones de control de la propia CAM, según el fiscal. “En todas estas reuniones (…) la actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad”, explica Anticorrupción. “En ninguna de las actas de estas reuniones consta una sola aportación sustantiva que los miembros hicieran para el efectivo seguimiento y control de la sociedad”, añade.

Según el escrito de acusación, esa comisión creada en TIP “fue un mero y burdo instrumento ideado por el acusado Roberto López Abad (…) para permitir que los miembros de la comisión de control de la CAM cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho (…) sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones”. De esa manera, Avilés y otros 20 directivos se llevaron en total casi un millón y medio de euros.

El escrito relata también la utilización que Avilés, como presidente de la comisión de control de la CAM, hizo de su propio cargo para beneficiarse personalmente. Era el encargado de que la gestión de la caja se llevara con respeto a la legalidad, pero supuestamente hizo la vista gorda en lo que tocaba a sus negocios para los que la entidad concedió varios préstamos ruinosos. La entidad CAM le otorgó un crédito de 16,2 millones de euros a la sociedad La Vereda de Sucina, propiedad de Avilés, para la construcción de una urbanización de 174 viviendas, garajes y locales en Sucina (Murcia).

La sociedad del directivo de la CAM, tuvo evidentes dificultades para vender la promoción y, desde 2009, dio síntomas de problemas de liquidez, a pesar de lo cual, la caja refinanció la operación aumentando las cantidades prestadas. Sin esa ayuda de la entidad, de la que él era alto directivo, el préstamo tendría que haberse calificado como dudoso y Avilés, por aplicación de la normativa de cajas, debería haber dejado sus cargos, según Anticorrupción.

A principios de 2011 la situación financiera de La Vereda de Sucina se hizo insostenible con un agujero de 30.000 euros, pero la caja volvió a renegociar su préstamo en condiciones muy ventajosas. Esa renovación debía contar con la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el organismo de inspección de la Generalitat valenciana. Según Anticorrupción, Avilés era consciente de que la operación podía ser frenada por el IVF, por eso, organizó supuestamente la venta ficticia de su sociedad a su hermana sin perder el control de esta.

La operación de compra ficticia de La Vereda de Sucina se gestó por valor de 90.000 euros, pero a la compradora, la hermana de Avilés, no se le conocían ingresos. El dinero necesario para el negocio se lo entregó la esposa del directivo antes de formalizar la compra, según el FROB. Ese dinero, además, procedía de la propia sociedad La vereda de Sucina. Así pues, la sociedad de Avilés se estaba comprando a sí misma y el directivo permaneció al mando.

Las penas solicitadas por el fiscal contra López Abad y Avilés (cuatro años de cárcel y 90.000 euros de multa para el primero y dos años y seis meses al segundo) contrasta con las solicitadas por el abogado de la CAM designado por el FROB cuando se convirtió en administrador provisional de la entidad, a finales de 2011. El letrado de la caja solicitó ayer para ellos seis y 10 años respectivamente por los delitos de apropiación indebida (que imputa a ambos) y administración desleal (solo a Avilés).