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Un juez condena a devolver preferentes porque Caja Madrid ocultó sus problemas

El tribunal permite a dos jubilados que no conocía los riesgos recuperar 50.000 euros

La dirección lanzó una "campaña de venta masiva" contra los minoritarios para captar recursos

La entidad "no actuó de forma transparente respecto de los clientes", asegura la sentencia

Protestas ante el Tribunal Supremo de Madrid, en una imagen de esta semana.
Protestas ante el Tribunal Supremo de Madrid, en una imagen de esta semana. EFE

Un juzgado de Madrid ha ordenado a Bankia a devolver 50.000 euros invertidos en participaciones preferentes a dos septuagenarios que compraron estos controvertidos productos y que no fueron informados de sus riesgos, tal y como era obligación de Caja Madrid, que fue quien se los vendió. La sentencia, una más de las miles de demandas interpuestas ante la justicia que da la razón a los ahorradores, llama la atención en cuanto el magistrado asegura que la comercialización de las preferentes “formaba parte de una campaña generalizada y podría decirse que incluso masiva” dirigida desde la dirección de la entidad para captar recursos cuando ya existían dudas sobre su solvencia y no era descartable su quiebra.

“Su finalidad no era otra que la captación por parte de la entidad de fondos que sirvieran de base al fortalecimiento de los recursos propios del grupo Caja Madrid y así reforzar su solvencia, muy deteriorada como consecuencia de la crisis”, añade el juez del juzgado de primera instancia número 54 de Madrid. Este argumento está en línea con los que han llevado al juez Fernando Andreu a abrir una pieza separada en el caso Bankia para investigar la comercialización de las preferentes. De hecho, el magistrado ha llamado a declarar a la cúpula de Caja Madrid, incluido Miguel Blesa, su expresidente, para averiguar si con ello intentaron “paliar, retrasar u ocultar de alguna manera” el deterioro patrimonial de la caja.

Según la sentencia, los dos demandantes compraron las preferentes en mayo de 2009 tras una llamada de su sucursal de Caja Madrid y firmaron los papeles sin leerlos, algo que por otra parte hacían con todo lo que llegaba del banco basándose en la confianza que tenían en los empleados de su oficina de toda la vida. Con 78 y 76 años, los clientes creyeron, como así sucedió con la gran mayoría de afectados, que compraban un producto de ahorro seguro y a plazo fijo. Sin embargo, eran productos cuya liquidez podría verse comprometida, estaban condicionados a la situación financiera del banco y presentaban riesgos de perder toda la inversión en caso de quiebra.

Asimismo, el magistrado Arturo Hernández Presas explica que la solvencia con la que supuestamente se garantizaba la emisión y el reembolso de las preferentes derivaba de unos balances presuntamente alterados. Con ello, la entidad “presentaba una información no veraz de su situación económica y financiera”, lo que indujo a error a los inversores. Y basándose en que el contrato contenía errores fundamentales, el juez anula el acuerdo y condena a Bankia a devolver el dinero invertido menos los intereses cobrados.

Según añade en la sentencia, contra la que cabe recurso, “no tiene ninguna duda de que el producto de inversión contratado no se ajustaba al perfil inversor” de los demandantes. En este sentido, sobre el modo de operar de Caja Madrid, el juez afirma que “en cuanto se dio la orden de contratar las preferentes, su perfil de inversor pasó automáticamente a considerarse como moderado” pese a que nunca había invertido su dinero en otros productos que no fueran depósitos a plazo fijo muy conservadores. Tampoco consta que se realizara prueba de idoneidad y solo hay constancia de un formulario rellenado de forma unilateral por el empleado de la oficina, argumenta el responsable del tribunal.

Además, la representación legal de los demandantes, dirigida por el abogado Pablo Castañeda, recuerda que tampoco se les informó del plazo de revocación abierto tras el aviso que dieron las agencias de calificación sobre la situación de la entidad, “lo que revela dolo en la comercialización”, algo que también reconoce el juez.

Por todo ello y “aunque pueda ser cierto que un empleado pudiera no prever ni temer la quiebra, no cabe decir lo mismo de los responsables o altos directivos, que pusieron en marcha la venta de este tipo de productos para fortalecer los recursos propios ya deteriorados por la crisis”, afirma el magistrado antes de concluir que.“puede decirse que Caja Madrid, cuando menos y por decirlo de manera suave, no actuó de forma transparente respecto de los clientes”.