El parón de la obra del Canal de Panamá deja en vilo a 10.000 trabajadores

Más de 10 mil trabajadores de la paralizada construcción de un nuevo juego de esclusas para ampliar el Canal de Panamá están ahora en zozobra: sin funciones momentáneas, con el puesto garantizado pero sin seguridad de que este fin de semana recibirán su pago quincenal.

El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que desde 2009 construye las nuevas esclusas de la ruta acuática, paralizó el miércoles las obras de expansión, ante un prolongado diferendo financiero con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y envió a los trabajadores a sus casas.

“Hay una gran incertidumbre y vamos a estar vigilantes”, advirtió el dirigente sindical panameño Norberto Valencia, vocero del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la central que aglutina a la mayoría de obreros del Canal. “El consorcio los envió a sus casas y les garantizó el puesto aunque sin tener que desempeñar funciones por ahora y les dijo que les pagará. Pero estamos al pendiente de si la empresa va a poder pagarles, porque tiene problemas”, añadió, consultado por EL PAÍS.

El pago quincenal se debe realizar el próximo sábado. “De no ser así, el Sindicato tomará acciones no solo sobre la compañía constructora sino sobre la Autoridad”, añadió, al subrayar que la ACP debe ser “finalmente” la responsable de que se paguen los salarios y las demás prestaciones a los trabajadores.

El panameño Jorge Quijano, administrador de la ACP, informó en una entrevista con EL PAÍS que al suspender la ampliación, GUPC envió el miércoles a los empleados a sus hogares. El Grupo, por su parte, advirtió en un comunicado que “reiteró la importancia” de que la ACP le pague 50 millones de dólares “por una factura pendiente discutida en las últimas reuniones, para permitir los pagos a las subcontratistas y a los trabajadores y cubrir así las nóminas de esta semana. Si bien no ha habido respuesta, GUPC sigue buscando una solución integral”.

Quijano replicó que la Autoridad está inhibida de pagar los 50 millones de dólares, porque GUPC se mantiene moroso con la Caja del Seguro Social y la ACP, como agencia estatal, tiene prohibido girar recursos a empresas que enfrenten deudas con la seguridad social. “El contratista aduce que una cuenta de 50 millones de dólares que acababa de presentar no se la habíamos pagado. El problema es que el Grupo no le ha pagado a la Caja y necesitamos que haga ese pago primero, antes de poder pagarle nosotros”, explicó.

El Grupo—integrado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la española Constructora Urbana—culpó a la ACP de romper las negociaciones, poner en peligro la expansión y dejar “hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente”.

La ACP, que desmintió haber roto el diálogo y acusó al Grupo de “inflexible”, confirmó que el consorcio suspendió el miércoles en la mañana los trabajos en la ampliación, luego de que el martes por la noche se venció el límite impuesto por las dos partes para solucionar el diferendo financiero. No obstante, el consorcio ha negado que las labores estén detenidas, pese a que fuentes de la firma admitieron que el ritmo de operaciones sufre una sensible merma.

La controversia se agravó el pasado 1 de enero, luego de que GUPC notificó a ACP que, si no le pagaba 1.600 millones de dólares por gastos adicionales imprevistos, la construcción sería suspendida a partir del 20 de ese mes. La Autoridad rechazó el reclamo y la amenaza y pidió sujetarse a un contrato bilateral firmado en 2009.

Las dos partes evaluaron varios planes financieros y, al llegar Eal 20 de enero, fijaron el 31 de enero y después el 4 de febrero como plazo para un arreglo, pero el diálogo resultó infructuoso.

El Grupo ganó en 2009 la licitación para construir las esclusas, en los litorales Pacífico y Atlántico, con una oferta de 3.118 millones de dólares y la meta de concluir en 2014, pero por atrasos se postergó a 2015. Las esclusas son la parte más importante de la ampliación, que empezó en 2007 con un presupuesto total de 5.250 millones de dólares y permitirá el paso de buques de mayor tamaño que los que actualmente pueden transitar por la vía inaugurada en 1914.