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TRIBUNA i

Rehabilitación y recuperación económica

Los impactos que la eficiencia energética de edificios puede tener en la reactivación deberían tener mayor consideración en la política económica y energética.

La eficiencia energética es una de las formas más rentables de mejorar la seguridad de abastecimiento energético y reducir las emisiones de CO2. La aplicación plena de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética puede suponer un ahorro de costes a hogares y empresas de 38.000 millones de euros y un ahorro de inversiones en la red de 6.000 millones de euros, lo que aumentaría la competitividad y el empleo. La Comisión Europea lo ha recordado en la Comunicación de 6 de noviembre pasado en la que detallaba las orientaciones para la transposición de la directiva por los Estados miembros y la primera evaluación sobre su cumplimiento el 30 de junio de 2014.

Más de la mitad de los objetivos de la directiva van a depender de los planes nacionales de rehabilitación de edificios y de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética equivalentes al ahorro del 1,5% de la facturación anual a los clientes finales. Estos sistemas constituirán una parte de la dotación sobre la que habrá de crearse el Fondo Nacional de eficiencia energética mediante acuerdos de colaboración entre las administraciones públicas y las entidades financieras. La directiva da una gran importancia al respaldo financiero de las inversiones en eficiencia energética de edificios y recoge las experiencias de bancos verdes en Reino Unido y Alemania, así como las buenas prácticas de Alemania y Francia en actuaciones de rehabilitación mediante los contratos de servicios energéticos y los fondos FEDER.

El primer intento que se ha hecho en España para reactivar el sector de la construcción a través de la rehabilitación energética es la Ley 8/2013. Una iniciativa que ha venido acompañada del real decreto 233/2013 que establece un plan de ayudas y la actualización del Código Técnico de la Edificación sobre la calificación energética. La Ley 8/2013 en su artículo tres establece, entre los fines de las políticas públicas para el medio urbano, la prioridad de las energías renovables frente al uso de los combustibles fósiles y combatir la pobreza energética con medidas a favor del ahorro energético. La ley incluye la certificación energética como parte del Informe de Evaluación del Edificio, convirtiéndola en un instrumento relevante en la valoración del mercado inmobiliario y en el desarrollo de los servicios energéticos. A la vez, facilita la rehabilitación energética de barrios y espacios que puedan reducir un 30% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración.

Comienza a diseñarse un nuevo marco normativo que introduce la energía como factor de competitividad en el medio urbano y en la concepción de los edificios. Un factor ignorado en el pasado que representa ahora una oportunidad en un parque de más de 25 millones de edificios de los que el 95% necesita reducir sus costes energéticos. Los impactos que la eficiencia energética de edificios puede tener en la reactivación de la economía, el empleo, reducción de la dependencia energética y costes del sistema eléctrico deberían tener mayor consideración en la política económica y energética.

La Ley 8/2013 se desarrollará en 2014 a través de un Plan Nacional a largo plazo de rehabilitación, tal como establece el artículo cuatro de la Directiva, que incluirá objetivos para los edificios públicos y privados, deberá desarrollar el concepto de edificios de consumo de energía casi nulo de la Directiva 2010/31/UE de eficiencia de edificios y deberá establecer las bases para crear un Fondo Nacional de eficiencia energética que, junto al 20% de los fondos FEDER destinados a este fin en el periodo 2014-2020, constituirán el principal respaldo financiero a las inversiones en eficiencia energética.

La rehabilitación representa un instrumento de recuperación económica para afrontar la necesaria reducción de los costes de la energía. Es imprescindible definir un marco de consenso público–privado con las instituciones financieras y una política energética que incentive el ahorro de energía con la colaboración de las empresas energéticas. Los proyectos integrales de eficiencia energética van a definir un nuevo concepto de ciudad y de edificio sobre la base del uso racional de la energía. Tenemos la directiva, tenemos la ley: hagámoslo.

Javier García Breva, experto en Políticas Energéticas y Presidente de N2E

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