Y así el kilovatio se hizo de oro

El radiador eléctrico pasó el invierno agazapado, espiándolos como un enemigo. A pesar de los seis grados de media a los que hiberna Madrid, en el apartamento de Juan Presa no quisieron ni olerlo. El frío lo taparon con mantas, y el calentador se reservó para un par de noches muy duras. Con Juan, de 62 años, viven su esposa y sus tres hijos. Ninguno tiene trabajo. Juan, que era cerrajero, lo perdió hace dos años. Sus únicos ingresos son 426 euros de la renta mínima. Los entre 60 y 80 euros mensuales de la factura eléctrica se comen una quinta parte del presupuesto.

El concepto de pobreza energética resume la situación de cuatro millones de españoles que sufren para pagar la electricidad, según el recientemente desaparecido Observatorio de la Sostenibilidad. Cruz Roja ya ha avisado de que el 40% de las familias que recurren a su ayuda, ciudadanos hasta hace poco con renta media, no puede mantener la casa a una temperatura adecuada. La preocupación crece. Las eléctricas cortaron la luz de 1,4 millones de viviendas en 2012 y el PP ha vetado esta semana en el Congreso una iniciativa de ICV para que en invierno no haya cortes por impago.

La familia Presa es una más de las que no entiende por qué España tiene la tercera luz más cara de Europa (según Eurostat, tras una subida del 60% entre 2006 y 2012, solo Chipre e Irlanda, dos islas, pagan más) mientras que los consumidores acumulan una deuda de 30.000 millones con las eléctricas.

El estupor ciudadano creció con las subidas de tarifa en agosto y octubre, y rebosó con la subasta del jueves que concluyó con el incremento del 11% previsto para enero en el recibo y que el Gobierno anuló horas después. La pregunta que recorre el país parece sencilla: ¿en qué punto de su cadena de producción el kilovatio se convirtió en oro?

La electricidad se genera en una central, salta a la red de alta tensión, de ahí pasa a las de media y baja, y termina su ciclo en casas que pueden estar en una gran ciudad, en el campo o una isla. Todos esos pasos cuestan dinero. Pero la cadena de gastos tiene más eslabones: impuestos, deudas, especuladores, intereses empresariales, primas a sistemas de producción de energía que son más limpias (renovables) o imprescindibles para garantizar el sistema (los ciclos combinados de gas).

A ojos del Gobierno está claro dónde se encuentra la fuga que hay que taponar: en esa deuda millonaria con las eléctricas, equivalente al 8% del recibo de la luz, y que representa los gastos que se les han reconocido a las compañías pero que no se les han abonado. Para enjugarla diseñó la gran reforma eléctrica de la legislatura: un paquete de 15 normas con medidas tan polémicas como gravar más al consumidor en los costes fijos de la luz (los que se pagan por tener suministro, independientemente de lo que se consuma) o la cruzada contra el autoconsumo. La reforma fracasó antes de nacer. Iba a acabar con el déficit de tarifa este año pero a última hora Hacienda retiró los 3.600 millones que había comprometido para abonar su parte del déficit.

La del déficit es una historia poco edificante. La figura la creó en 2002 Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía del PP, cuando estableció que la luz nunca subiría más del 2% al año. Como los costes de producir la electricidad eran mayores, optó por embalsar esa diferencia emulando al tendero que apunta las latas de atún fiadas. Las razones para mantener el precio artificialmente bajo eran diversas: desde el controlar la inflación, al electoralismo y la mejora de la competitividad industrial.

La solución nació como temporal, pero luego ningún Gobierno se vio con fuerza para explicarle al votante que debía pagar más. Durante una década los españoles han vivido en una ilusión. La industria y los ciudadanos consumían satisfechos mientras las eléctricas facturaban como nunca.

Este déficit fue asumible hasta que en 2005 los costes se dispararon por la subida del petróleo que arrancó con la inestabilidad en Irak. La tendencia se agravó en 2008 con las nuevas primas a las las renovables, y la crisis hizo que la componenda terminara de estallar.

Para pagar se han ido probando sistemas. El último consistía en emitir lo debido en paquetes y colocarlos en el mercado de valores (la llamada titulización). Las eléctricas ya han cobrado ese déficit y ahora los españoles se lo deben a bancos de inversión en buena parte extranjeros.

España tiene 25.000 megavatios de potencia, pero 6.000 no son necesarios

Los más críticos con esta estrategia de dilación de los problemas aseguran que esa deuda nunca se ha auditado públicamente. Y algunos, como Jorge Fabra, llegan más lejos. Fabra es un economista con aire de profesor tiernogalvanesco, jersey de pico sobre la corbata y pelo peinado hacia atrás. Ha sido consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y ahora una de sus preocupaciones es convencer a la opinión pública de que no hay un déficit acumulado de tarifa, sino superávit en las retribuciones. Es decir, que no es que las eléctricas cobren de menos, sino que los consumidores les pagan de más.

No todos los kilovatios son iguales aunque al encender la lámpara lo parezcan. Cada partícula lumínica se produce de una forma diferente y a un precio diferente. Al pulsar el interruptor, todas se materializan después de haber viajado a la velocidad de la luz desde su central de generación pero, mientras una unidad eléctrica procede del viento, otra lo hace de una presa construida hace 70 años, y una tercera de una central que funciona con un gas cuyo precio depende de mil conflictos internacionales. Y, sin embargo, toda esa energía la paga el ciudadano al mismo precio. Esta disfunción es consecuencia de un sistema de venta peculiar. Fabra la explica delante de una pantalla con un Power Point. “Atento a la exposición, que no es fácil”, avisa.

En un operador de mercado electrónico llamado OMIE, las generadoras van ofertando cada mañana la energía que producirán cada una de las horas del día al precio que les parece más cercano a sus costes. Primero se venden las que tienen los costos variables más bajos (renovables —su fuente es gratuita—, hidroeléctricas y nucleares —el coste de construcción de las centrales ya se recuperó—) y, cuando estas se acaban, se venden las que los tiene más altos (carbón y gas, por el precio del combustible). Para que a todos los actores les interese participar, al final se les abona el mismo precio: el de la producción más cara del día.

Los kilovatios se producen a precios diversos, pero todos se pagan igual: al más alto

La paradoja de este mercado, creado en 1997 con la liberalización del sistema eléctrico, es que pagaríamos lo mismo en nuestra factura si, en lugar de mezclar fuentes baratas y caras, toda la energía se produjera al precio de las costosísimas centrales de gas. “Es como si en una lonja pagas la merluza al mismo precio que la sardina”, explica Fabra. Sé que resulta contraintuitivo decir que la culpa del alto precio de la energía la tienen las más baratas; pero es así, porque lo que las eléctricas ahorran en producción no repercute en precios bajos, sino en que sus ganancias sean mayores. La hidroeléctrica tiene beneficios del 700%, y la nuclear del 200%”, calcula. “Si se les pagara lo que les cuesta la energía, el sistema se equilibraría. El déficit es en realidad esa ganancia excesiva que se embolsan”.

¿Y por qué se diseñó este mercado así? Fabra considera que por un componente ideológico a finales de los noventa, cuando comenzó la liberalización de un sector que hasta entonces estaba controlado por el Estado. Otros entrevistados apuntan que fue para favorecer la diversificación de fuentes de potencia y reducir la dependencia de las energías fósiles. En cualquier caso, Fabra insiste, “parece evidente que un sistema creado en 1997, cuando las tecnologías eran muy distintas, no tiene sentido ahora”.

Pero esto es solo la teoría. Comprender cómo funciona el mercado precisa de una visita a los encargados de vender y comprar el pescado. Axpo es una filial de una compañía suiza que opera en España con una facturación anual de 600 millones. Su sala de control la preside un mapa informático de la Península sembrado de puntos y cifras con sus clientes: parques eólicos en Galicia, fotovoltaicas en Murcia...

Las renovables dicen que sus primas son solo responsables del 22% del agujero

Los técnicos están conectados 24 horas con Red Eléctrica de España (REE, la compañía encargada del transporte por alta tensión y del equilibrio del suministro), pendientes de las necesidades del sistema. Ante las fluctuaciones en la demanda, responden regulando la producción de sus clientes y enviando a la red la energía necesaria. La sincronía tiene que ser perfecta porque si la electricidad no entrara y saliera al mismo tiempo de las centrales de REE las turbinas se ralentizarían y podría ocasionarse un apagón.

Los 50 empleados de Axpo regulan la producción de muchos clientes y la venden en los mercados. Unos traders operan con seis pantallas a la vez; también hay informáticos, comerciales... todos jóvenes. “Yo soy el mayor de aquí”, bromea el presidente de la firma, Ignacio Soneira, un hombre con cuerpo pequeño y empacado de triatleta, como promociona en su perfil de Twitter.

Vender en el OMIE es muy complejo. Aparte del mercado diario —al que acuden los productores, intermediarios y grandes consumidores—, existe la subasta trimestral del CESUR —a partir de la que se fija el precio para el cliente doméstico que se beneficia de la TUR, la tarifa protegida—. Luego están los mercados intradiarios y de servicios complementarios, en los que se efectúan operaciones a velocidad vertiginosa para ajustarse a la demanda al segundo.

La CESUR suscita recelos. La CNE lo ha investigado ante la sospecha de que los precios se calienten a propósito, y en la madrugada del viernes pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha engullido a la CNE, suspendió por primera vez una subasta. El precio de la energía vendida había subido el 26,5% respecto a la subasta de octubre, y la CNMC detectó “la ocurrencia de circunstancias atípicas”. Desde que hace dos semanas el Gobierno retiró sus 3.600 millones de la reforma eléctrica, el mercado estaba disparado. Aunque hay un 20% más agua en los embalses que hace un año, las eléctricas apenas ofertaban electricidad de origen hidráulico (la más barata). Dos apagones en nucleares terminaron de elevar el precio.

En la CESUR participan las cinco grandes eléctricas y agentes financieros (bancos de inversión y comerciales) que realmente no negocian con la electricidad, sino con el precio que creen que tendrá el trimestre que viene. Estos intermediarios aportan un componente especulativo, pero también ofrecen estabilidad al sistema. Si la energía se vende a 100 y en el mercado internacional sube de repente a 110, o si en un día muy frío se dispara el precio, el cliente doméstico mantiene la tarifa inicial.

Cualquier bróker puede comprar y vender en este mercado, confiando en que el viento o el precio del carbón le concedan un pequeño beneficio. Ofrecen un precio a las comercializadoras por un paquete de energía y, una vez que ganan la puja, van comprando hora a hora la energía en el mercado diario. Para un extraño al sistema, el sobrecoste que introduce esta intermediación parece aberrante, pero Alberto Carbajo explica que es solo “grasilla”: “Puede tratarse de 1.000 millones de beneficios”.

Alberto Carbajo es ingeniero, ejerció de director general de Operación de REE y considera que los problemas más urgentes del sistema son la mala planificación y la sobreproducción. En un día de lluvia espera en la puerta de una cafetería madrileña. Con los ojos muy celestes y una gabardina se asemeja a un espía de Le Carré. Su diagnóstico es rotundo: “Faltan ingresos en el sector, por la caída de la demanda, para el volumen de las inversiones que se han efectuado”.

España acumula 25.000 megavatios de potencia, pero unos 6.000 no son necesarios. Algunas centrales de ciclo combinado se usan solo cuatro horas al día. “Tenemos un exceso de capacidad de generación de más del 30% con costes muy elevados y estancamiento económico”, resume Carbajo. “Y ese exceso, junto a la penetración de renovables con subvenciones muy generosas, ha provocado una pérdida de competitividad”.

Cuando el ladrillo marcaba el paso y la demanda eléctrica crecía desbocada al 3%, el Gobierno y las eléctricas se lanzaron a aumentar el parque energético. “Ha habido cierta miopía acerca de la duración del ciclo económico y de los escenarios financieros que facilitaban el endeudamiento. Se ha metido mucha potencia cara, como las renovables, que habría que haber incorporado solo a medida que fuera madurando. Al mismo tiempo, las empresas han construido demasiados ciclos combinados para hacerse la competencia, y esas centrales enormes están infrautilizadas”.

El problema se podría resumir en un símbolo, la nueva central de gas en ciclo combinado en San Roque (Cádiz). Con una potencia de 800 megavatios, costó 400 millones y se inauguró en 2011, cuando el consumo ya desplomado. Ahora la demanda está en niveles de 2005 por el parón de la industria.

En un panorama en el que han fallado las planificaciones de las empresas y del Estado, parece difícil señalar a un solo culpable. Sin embargo, en la guerra eléctrica todos sus actores son especialistas en acusarse unos a otros. Las grandes eléctricas achacan el boquete a las renovables. Estas sostienen que las primas que reciben son únicamente responsable del 22% del agujero y que las eléctricas quieren distraer de que sus ganancias son excesivas.

La opacidad legislativa impide que los consumidores entiendan cómo funciona el sistema, y esta falta de claridad llega a la propia factura de la luz, imposible de descifrar. Fuentes de las grandes eléctricas, las principales acusadas de este régimen de oscuridad, comparten que se han ido poniendo demasiados parches: “En lugar de una reforma integral hay 300 normas que nadie comprende. Eso tampoco nos interesa”.

Las eléctricas han cobrado el déficit de tarifa gracias a la ‘titulización’

El caso de las renovables es paradigmático. El Gobierno de Zapatero creó una serie de primas reguladas para ayudar a estas tecnologías en sus inicios. Pero incluso los productores reconocen que el sistema ha terminado suponiendo una piedra en el cuello del sector eléctrico. “Estoy de acuerdo en que se fue la mano con la fotovoltaica”, asume Jorge Morales, experto en energía y empresario fotovoltaico, “pero eso es solo una línea en un libro lleno de torpezas y escándalos”.

Instituciones científicas fijaron las remuneraciones razonables (CNE, IDAE, Ciemat…) pero la redacción de la ley fue tan deficiente que permitió que se establecieran en España 2.900 megavatios de potencia fotovoltaica en lugar de los 400 a los que el país aspiraba. El texto dejaba rendijas para la picaresca que permitieron que, además de miles de inversores honrados, en la aventura se implicaran especuladores que escapaban del ladrillo. El resultado fue sobrepotencia de una tecnología cara.

Y para culminar la falta de planificación regulatoria, ahora llega una reacción drástica: un frenazo total a un sector que ha costado miles de millones al contribuyente. “Lo que plantea la reforma es esquizofrénico”, se indigna Morales: “Por una falta de planificación regulatoria se permitió una inversión descontrolada en tecnologías como las fotovoltaicas en un momento en que aún estaban inmaduras, y ahora que están listas para competir con las energías tradicionales se las deja caer”. En su opinión el problema se podría resolver con negociación y una planificación más razonable.“A veces el fotovoltaico ha sido muy talibán pidiendo que no hubiera ninguna modificación de la norma que lo amparaba, pero se podría arreglar el bloqueo con diálogo, comenzando a aplicar las rebajas a las instalaciones a medida que vayan amortizando inversiones”.

La bola de la energía ha llegado demasiado lejos sin que ningún Gobierno pusiera algo más que parches. El sistema está lleno de flecos que suponen millones perdidos en ineficiencias, como los 2.000 de ayudas al carbón o los Costes de Transición a la Competencia (CTC), unas compensaciones que se otorgaron a las eléctricas al liberalizar el sector. Según Fabra, por errores de cálculo se retribuyeron 3.000 millones extra a las compañías por este concepto.

Los inversores defienden que sus pujas aportan estabilidad al sistema

Para salir de este callejón sin salida los expertos aseguran que hay soluciones, todas tan ambiciosas como merece un sector que se vanagloria de su complejidad. De ellas, la más lejana parece un pacto de Estado para fijar una política energética a medio plazo. Las regulaciones más ambiciosas también chocan con la puerta giratoria a través de la que decenas de exministros, secretarios de Estado y altos funcionarios de la Administración de todos los colores han entrado en los consejos de las cinco grandes eléctricas y de compañías con gran peso en las renovables. “Las ganancias son multimillonarias, y las presiones que ejercen los actores más poderosos resultan insoportables: verdaderos chantajes”, explica un ex alto cargo que no quiere dar su nombre. Las eléctricas siempre han jugado fuerte. Hace unas semanas una delegación de las 10 más importantes en Europa visitó al comisario de Energía, Günther Oettinger. Los invitados no pudieron resistirse a deslizar frente a su anfitrión que el continente podría sufrir apagones si sus retribuciones siguen cayendo.

Algunos analistas, como Fabra, sugieren la necesidad de fragmentar los mercados según tecnología para fomentar la pugna técnica y recompensar a los productores más competitivos. Alberto Carbajo considera que, a corto plazo, lo único posible es apretar los dientes y esperar que aumente la demanda para que el sistema deje de ser un pesado reloj al que mover las manecillas le cuesta miles de millones; y por ello es imprescindible acometeruna reforma que vaya más allá de combatir el déficit, consecuencia y no causa del problema.

La patronal eléctrica, Unesa, insiste mientras tanto en que la solución pasa por desregular completamente un mercado que considera que está demasiado intervenido, y eliminar campanas protectoras como la tarifa TUR (llamada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor desde la modificación legislativa), en función de la cual el Gobierno fija las cantidades que deben pagar los consumidores que tiene contratada una potencia por debajo de los 10 kilovatios. Que estos consumidores salieran al mercado libre lo haría mucho más atractivo, asegura la patronal.

El debate se perpetúa en los despachos. Mientras, el invierno regresa a la calle. La factura de la luz continuará siendo un jeroglífico este año. Uno cada vez más difícil de resolver para muchas familias.