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Presión en las botellas de Coca-Cola

Iberian Partners, la mayor embotelladora de España, reducirá fábricas y plantilla

Cristina Delgado
Planta embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid).
Planta embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid).Pablo Monge (Cinco Días)

Sinergias. Cuando los trabajadores de las siete embotelladoras de Coca-Cola decididas a fusionarse oyeron esa palabra en 2012, se echaron a temblar. Este grupo de empresas familiares, que hasta entonces se habían encargado de envasar el popular refresco en distintas zonas de España, se preparaban para unir fuerzas. Las compañías aseguraban que el objetivo era “más societario que industrial”. Sin embargo, en las fábricas y las oficinas, los empleados comenzaron a pensar que quizá en una sola gran compañía cupieran menos trabajadores que en siete medianas. Ese temido futuro ha empezado a tomar forma esta semana. 5.000 empleados contienen la respiración, porque saben que la reestructuración llamará a la puerta de 1.200 de ellos.

Iberian Partners, que así se llama la compañía que surgió de aquella unión de siete, lanzó un comunicado de prensa el pasado lunes. Anunciaban que habían decidido “abordar la reorganización de su estructura una vez completada la integración de las embotelladoras”. El proceso, reconoció la firma, “afectará, con medidas de distinto alcance”, al 20% de la plantilla. Un portavoz de la empresa apunta que no todo serán despidos, y que la compañía tratará de acordar traslados y bajas voluntarias y reducir al máximo las salidas forzosas. Los representantes de los trabajadores, que se habían reunido solo un par de horas antes con la dirección para recibir la noticia, captaron alto y claro el mensaje: ERE por causas organizativas, es decir, un expediente de regulación de empleo bajo uno de los pretextos que recoge la reforma laboral y, por tanto, permite indemnizaciones mínimas si la empresa quiere.

Iberian Partners es la suma de unas empresas que arrastraban complejos accionariados familiares. El sistema de envasado de Coca-Cola en España fue una rara avis durante décadas. Había más de cuarenta licencias para embotellar el refresco. Se fueron uniendo hasta quedar siete: Cobega, de la familia Daurella, era la embotelladora más grande de España, responsable de la franquicia en Cataluña y Baleares y con inversiones en otras embotelladoras. Casbega, la segunda por tamaño, responsable de la zona centro. Rendelsur trabajaba para Andalucía y Extremadura. Colebega distribuía para la costa mediterránea. Asturbega tenía el permiso para Asturias. Begano, en Galicia. Y Norbega estaba en el País Vasco y Navarra. Una lista demasiado larga de sociedades y franquicias a los ojos de Atlanta (Estados Unidos), donde está la sede central del imperio Coca-Cola. El gigante estadounidense vio con buenos ojos (y azuzó) la simplificación. Quería una sola licencia para España, Portugal y Andorra.

La compañía anuncia cambios o despidos para el 20% de sus empleados

La unión, que no fue fácil de fraguar por los complejos intereses de las distintas familias propietarias, comenzó en 2011, se extendió todo 2012 y culminó el 17 de febrero de 2013, cuando recibió la bendición de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Nació un gigante. Todavía no han publicado ningún balance de resultados conjunto, pero su facturación neta ronda los 3.000 millones de euros. Da servicio a la llamada división ibérica de Coca-Cola, la segunda en volumen de ventas en Europa (14%), solo por detrás de Alemania (16%), que comercializa 24 marcas y 69 productos para más de 400.000 clientes. Un gigante empresarial, pero fabricado como una especie de Frankenstein cosido a partir de siete empresas, cada una de ellas con sus fábricas, departamentos comerciales, servicios de recursos humanos, mantenimiento... Duplicidades y triplicidades varias.

Estrenó la presidencia de Iberian Partners Sol Daurella, de la familia propietaria de Cobega. Como director general a su lado se sentó uno de sus hombres de confianza, Víctor Rufart. Es quien ha asumido la reorganización, para lo que ha contratado al despacho de abogados Sagardoy. La empresa insiste en que, de momento, no está decidido el sistema para abordar la reestructuración, y de ahí, la falta de concreción. Pero de su anuncio se pueden leer entre líneas varias cosas. Para empezar, la compañía asegura el “mantenimiento e incremento de producción y plantilla en siete de las once fábricas hasta ahora existentes”. Es decir, que cerrará cuatro fábricas. Añade que habrá “una nueva organización comercial con cinco grandes centros de actividad en España, además del mantenimiento de una buena parte de las delegaciones territoriales creadas por las embotelladoras”. Es decir, que algunas delegaciones desaparecerán.

Menos plantas. Menos oficinas. ¿Y sus empleados? “Se plantearán soluciones que proporcionen posibilidades de recolocación interna, así como fórmulas que favorezcan la adscripción voluntaria a las medidas que se propongan, entre las que se analizará la prejubilación en los grupos de trabajadores en los que el acceso a la misma sea posible”, avanza Iberian Partners.

Los sindicatos temen indemnizaciones mínimas por la reforma laboral

“La empresa no ha dado más detalles. Pero al final, tras la reunión en la que nos explicaron que habría una reorganización, nos dijeron que sí, que habría un ERE”, señala José Vicente Canet, de Acción Sindical FEAGRA-CC OO. La incertidumbre y la tensión, asegura, se ha extendido por la plantilla. Porque las quinielas sobre cuáles serán las fábricas que cerrarán o quién tiene un puesto duplicado se extienden. El cierre de las fábricas, según señaló el diario Cinco Días el jueves, se concentrará en Asturias, Galicia, Andalucía y Mallorca. “Imagine lo que siente la gente que está en esas zonas, pensando que quizá es verdad y se quedarán en la calle...”, dice Canet, que piensa que la negociación del ERE será dura. La empresa desmiente que ya sepan qué fábricas van a cerrar y su portavoz insiste en que si no han ofrecido más detalles es porque hasta enero no tendrán el plan definitivo de reformas.

Pero la plantilla ya ha empezado a hacer cuentas. Los trabajadores saben que habrá 1.200 afectados en total. Saben que muchas fábricas están al 60% de actividad. Eso significa que, si tienen la suerte de permanecer abiertas, acogerán más producción y algo de plantilla de otros centros cerrados, hasta funcionar a cerca del 90%. Aunque es imposible que absorban a todos los despedidos.

Las entradas a la página web de la sección sindical de CC OO en Casbega (la segunda compañía por tamaño de las siete fusionadas) se han disparado. “Hay nervios”, cuenta uno de sus miembros. El sindicato ha acudido a la Inspección de Trabajo y ha denunciado la falta de información por parte de la dirección. “Ellos se han dedicado a enviar a la plantilla durante meses cartas diciendo que somos la fábrica de la felicidad y que en el nuevo proyecto cabíamos todos. Pero no era verdad”, lamenta el sindicalista.

Esperan que el ERE se presente entre el 15 y 30 de enero. Un mes más en el que la plantilla masticará el miedo y pensará quién se queda y quién se va. “El proceso se inicia desde el más absoluto respeto a los trabajadores, con los que la compañía se compromete a mantener un diálogo permanente con el objetivo de alcanzar una solución consensuada”, promete la dirección.

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Sobre la firma

Cristina Delgado
Es subdirectora y se encarga de la edición digital de EL PAÍS. Antes fue redactora jefa de Economía, sección en la que se incorporó al periódico, en 2008. Licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, ha realizado el máster UAM-ELPAIS y posgrados de información económica y gestión.

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