30.000 millones de capital para la banca

La banca española tiene 50.000 millones en activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) que con la nueva normativa de solvencia, denominada Basilea III, iban a pasar a deducirse del capital desde enero. Los DTA son beneficios fiscales (ahorros de impuestos) a recuperar en el futuro que surgen de operaciones del pasado como pérdidas o provisiones. Para evitar que parte de esa fortuna se pierda, provocando problemas de capital al sector en vísperas del examen de las autoridades europeas a la banca, era necesario que el Gobierno prestase una especie de aval a esos activos fiscales.

Ayer el Gobierno evitó disgustos al aprobar un decreto ley que avala los créditos fiscales y así permitirá a la banca española que no se deduzcan del capital de máxima calidad 30.000 millones que tienen en créditos fiscales (la mayoría originados por las provisiones genéricas) y en compromisos por pensiones. La contabilización de las pensiones beneficiarán al Santander y BBVA, así como a Repsol, Telefónica y Endesa.

Además, el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de Ley por el que la se limita la retribución variable de los ejecutivos “al 100% de la remuneración fija, salvo que la junta autorice superar ese umbral, hasta un límite máximo del 200%”, como marcó una directiva europea. El Gobierno también estableció que, salvo autorización del Banco de España, los cargos de presidente y consejero delegado de los bancos sean incompatibles, algo que se anticipa ya en el decreto ley.

La medida del Ejecutivo supone modificar la normativa fiscal del impuesto de sociedades y asume que se salven en torno al 60% de los activos fiscales diferidos. Quedan fuera 20.000 millones en capital que las entidades deberán buscar por otros caminos. Principalmente son fondos de comercio o depreciaciones de marca que ahora no se deducen y Basilea III obligará a descontar del capital.

Lo que hizo este viernes el Gobierno ya lo han hecho otros países de Europa, como Alemania, Reino Unido, Irlanda, Holanda y Francia. Las entidades más beneficiadas por la medida son Bankia, el Sabadell, el Santander y CaixaBank. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, esta decisión “no supone ningún tipo de préstamo, transferencia o ayuda a los bancos, se trata de una cuestión contable”. También afirmó que aunque el Gobierno avale los 30.000 millones “su impacto en el déficit o la deuda pública es casi inexistente” porque no se contempla la quiebra de ninguna entidad.

El salario variable de los ejecutivos no superará al fijo, salvo autorización

El FMI pidió que se le exigiera a la banca elevar el capital o recortar los dividendos a cambio del reconocimiento de los créditos fiscales. Preguntado por esta cuestión, Guindos eludió responder. El ministro señaló este decreto ley tendrá una “vida corta” porque será absorbido por el anteproyecto de ley que estará listo a mediados de marzo.

El ministro insistió en que “el origen de la crisis ha sido bancario porque han fallado los riesgos, la solvencia y la remuneración de los banqueros”. Y recordó que también se habían aprobado otras medidas en el anteproyecto, como la limitación del bonus de los banqueros, la imposiblidad de ser presidente y consejero delegado (todos los bancos tienen ambos cargos salvo Bankia) y la exigencia de la publicación de las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros del consejo.

También se establece que los Establecimientos Financieros de Créditos (EFC) pierden su carácter de entidades de crédito, que se limita a las que captan depósitos.

La ley también obligará al Banco de España a realizar una prueba de resistencia a la banca al menos una vez al año. En realidad, el valor de esta disposición es relativo pues es algo que ya venía haciendo y porque el año próximo está previsto que el BCE asumirá la supervisión única de la banca de la zona euro.

La norma a tramitar como proyecto de ley también modifica los niveles de capital exigidos, pero impedirá que los bancos dispongan del exceso.

Las provisiones sobrantes del ladrillo

El Banco de España, por su parte, ha sometido hoy a consulta un proyecto de circular sobre asignación de coberturas genéricas sobrantes de las realizadas para cubrir el crédito inmobiliario teóricamente sano. La aprobación de la circular, cuyo trámite administrativo se inicia hoy con la consulta sobre el proyecto, está prevista antes del mes de febrero de 2014, pero deberá ser tenida en cuenta por las entidades de crédito al formular sus estados financieros de 2013.

El proyecto de circular impide liberar esas provisiones sobrantes. Los bancos tendrán que asignar dichos saldos a dudosos, adjudicados, participación en el capital de inmobiliarias y activos intangibles. Las entidades deberán presentar al Banco de España un informe sobre las coberturas constituidas y aplicadas, junto con las razones por las que el saldo remanente constituido sobre riesgos calificados como normales, en diciembre de 2011, responde a riesgos que continúan en la misma categoría al cierre del ejercicio 2013.

El Banco de España comunicará a las entidades los criterios para la adecuada aplicación de la circular, asegurando que la reasignación de los saldos remanentes de las provisiones genéricas no lleve a incrementar los beneficios distribuibles de las entidades. El Banco de España asegura, así, el mantenimiento por las entidades de la política de reforzamiento de sus balances.