Cerco a la cúpula de Banco Valencia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz estrecha el cerco en torno a la antigua cúpula del Banco de Valencia, la pequeña entidad financiera, ya desaparecida, que ha dejado un enorme socavón en el bolsillo del contribuyente. El banco fue vendido hace un año a La Caixa por un euro, tras haber recibido dinero público por un importe cercano a los 6.000 millones de euros. Desde que el Gobierno lo intervino en noviembre de 2011, el análisis de lo sucedido ha revelado que, junto a una gestión negligente, la entidad fue víctima supuestamente de un reguero de delitos. Entre ellos, el de haber falseado presuntamente sus cuentas con el objetivo de presentar beneficios en el ejercicio 2010 para admitir solo unos meses más tarde que tenía un agujero superior a los 540 millones de euros.

El titular del juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional cree ahora que las trampas institucionales con las cuentas de la entidad fueron mayores y alcanzaron igualmente y al menos al ejercicio anterior, el de 2009. Siguiendo un informe de la Intervención General del Estado, el magistrado apunta en un auto difundido este jueves que aquel año también se produjeron “numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones de euros”.

El juez amplía de este modo la imputación por falsedad contable a los miembros del consejo de administración que aprobaron las cuentas de 2009, encabezados por el expresidente de la entidad y también de Bancaja y de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, que acumula cargos. Además de en el mismo caso por una macrooperación urbanística, Olivas está imputado en la causa que investiga el hundimiento de Bankia.

Pedraz solicita documentación y dibuja algunas sombras sobre el modo en que el Banco de España vigiló a la entidad

Junto a él, Pedraz extiende la imputación al exconsejero delegado Domingo Parra, al exvicepresidente Antonio Tirado, y a los consejeros Celestino Aznar, Agnès Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra, Pedro Muñoz y Federico Michavila, así como a Miguel Monferrer, el socio auditor de Deloitte que validó las cuentas.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que administró la entidad desde su intervención hasta principios de este año, presentó ocho querellas contra una treintena de personas, entre dirigentes de la entidad y empresarios, sobre todo del sector inmobiliario, por haber participado supuestamente en operaciones ruinosas para el banco, que supusieron un quebranto patrimonial para la entidad de 630 millones de euros. Ninguna de las denuncias se dirigió, sin embargo, contra el consejo de administración del extinto banco. Fue una asociación de pequeños accionistas Apabankval, la que sostuvo la acusación, que posteriormente ha sido acogida por la fiscalía y por el juez.

No es la única contradicción entre el criterio del magistrado y el del Banco de España. En el breve auto de imputación conocido este jueves, Pedraz solicita una batería de documentación al supervisor. Y dibuja algunas sombras sobre el modo en que la institución vigiló a la entidad. El juez apunta, por ejemplo, que entre marzo de 2009 y julio de 2011 no consta que el Banco de España remitiera al Valencia “ningún escrito de observaciones o requerimientos” y pide que determine las vías utilizadas “para canalizar las recomendaciones”. También reclama las actas de las reuniones en las que el supervisor trató con los gestores de la entidad las deficiencias en la clasificación de riesgos y coberturas, así como las medidas que aceptó el Banco de Valencia.